Dos reos fallecieron el martes en circunstancias no esclarecidas. En ambos casos, los detenidos se encontraban en tratamiento médico y murieron en el hospital nacional Dr. Jorge Mazzini Villacorta, de Sonsonate.
El primero de los casos fue de José Arnulfo Hernández Flores, de 59 años, quien llevaba varios días en el referido nosocomio y falleció en horas de la madrugada de este martes. Las entidades respectivas llegaron y realizaron el levantamiento. Posteriormente, el cuerpo fue llevado a la morgue de Medicina Legal.
Según información obtenida por este medio, el reo era originario del Cantón Veracruz, de Ciudad Arce, la Libertad, y durante el martes, ningún familiar había reclamado el cadáver.
El Movimiento de Víctimas del Régimen El Salvador (MOVIR) publicó al respecto que «murió esperando comparecer ante un juez para que se determinara su culpabilidad o inocencia. ¿Hasta cuándo tanta arbitrariedad y deshumanización en El Salvador?» en su cuenta de X.
Además, añadió que el fallecido ingresó procedente del penal de Izalco el 26 de septiembre de 2025, y que luego volvió a ingresar al hospital el 15 de noviembre de 2025.
Durante el mes de noviembre tres reos han fallecido en el hospital Mazzini.
Horas después de ese caso, otro reo proveniente del penal de Izalco murió la noche del martes en el mismo hospital nacional de Sonsonate y, como en el caso anterior, su cuerpo fue llevado a Medicina Legal para determinar la causa de su fallecimiento.
El reo era Oscar Armando López Sánchez, de 54 años, originario de Soyapango. El Diario de Hoy tuvo información al respecto con gente cercana a la familia.
El 3 de noviembre pasado, MOVIR reportó la muerte de Manuel de Jesús Hernández Aguilar, quien también procedía del penal de Izalco. Era originario de Usulután y tenía 46 años.
Como en los casos anteriores, falleció en el Hospital Dr. Jorge Mazzini.
Más de 430 muertos bajo el estado de excepción
Para agosto de 2025, Socorro Jurídico Humanitario (SJH) registraba ya 433 muertes de reos o personas que han estado bajo custodia penitenciaria.
Entonces, la abogada Ingrid Escobar, directora de la organización no gubernamental, dijo a la agencia EFE que el 94 % de las personas fallecidas «no tenía perfil de pandillero, murieron bajo tutela del Estado y en total impunidad».
«Es normal que mueran personas condenadas, que después de 10, 20 o 30 años adquieren enfermedades y mueren, pero no es normal la cantidad de gente procesada por asociaciones ilícitas que solo hayan tenido derecho a una audiencia, se les decreta detención provisional y mueran antes de llegar a un juicio», enfatizó.
Escobar confirmó en junio que salió de El Salvador porque recibió información sobre una posible detención arbitraria en su contra, debido a su labor de defensa de derechos humanos y denuncias por abusos durante el régimen de excepción.
