La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, en la plenaria de este martes la nueva “Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, que sustituirá a la actual Ley contra el Lavado de Dinero y Activos.
El dictamen aprobado por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia incluye las observaciones que habría expuesto el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, en el sentido de reducir la cantidad de sujetos obligados a contar con oficialía de cumplimiento y reportar las operaciones que sean sospechosas a la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
«Proyecta una mensaje claro: comprometidos con la transparencia, la legalidad y el combate frontal a la criminalidad financiera», dijo el diputado Caleb Navarro.
Mencionó que el fiscal general expuso que la ley se debía actualizar a las normativas internacionales en la materia, que la actual ley es obsoleta y “atenta contra la inclusión financiera”.
La UIF «es el único centro nacional para la recepción y análisis de reportes de operaciones sospechosas, operaciones tentadas y actividades sospechosas; y cualquier otra información relevante relacionada al lavado de activos, delitos determinantes, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva».
La nueva ley crea el Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CIPLAFT), como un organismo consultivo y de coordinación.
Estará integrado por: el Fiscal General de la República; el Presidente de la Asamblea Legislativa, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia; el Ministro de Seguridad Pública y Justicia; el Ministro de Hacienda; el Ministro de la Defensa Nacional; el Ministro de Economía; el Presidente de la Comisión Nacional de Activos Digitales; el Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador y la Superintendencia del Sistema Financiero.
En la Comisión, el fiscal argumentó que se promueve la inclusión financiera con este nuevo proyecto de ley y que la Fiscalía no cierra cuentas bancarias.
En el articulado se establece que para la implementación de controles de prevención, los sujetos obligados «en ningún caso» deberán obstaculizar de manera injustificada la inclusión financiera de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Tampoco deberán generar requisitos o condiciones «que resulten desproporcionados en relación con el nivel de riesgo identificado del cliente, producto o canal de distribución».
Los controles tampoco pueden utilizarse «como justificante para negar, restringir o cancelar» productos o servicios financieros, sin la debida evaluación individualizada del riesgo. Y tampoco pueden realizar actos de investigación y persecución del delito, pues son actividades reservadas exclusivamente para la Fiscalía General de la República.
