La Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y Centroamérica pidió a los gobiernos que prevengan las desapariciones y que, cuando ocurran, garanticen a las familias un acompañamiento que abarque aspectos económicos, jurídicos y psicosociales.
«En México y América Central la desaparición de personas continúa siendo una de las consecuencias humanitarias más devastadoras: se desconoce el paradero de miles de personas y el número de casos aumenta debido a, entre otros, situaciones de violencia, migración y desastres, sumándose a desapariciones que ocurrieron en el pasado, incluidos conflictos armados», se pronunció el organismo, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada que se conmemora hoy.
En El Salvador, según los últimos datos oficiales hechos públicos en junio por el presidente Nayib Bukele, durante el 2024 se registraron 95 desaparecidos; y del 1 de enero al 18 de junio de este año, sumaban ya 68, es decir, un promedio mensual de 11 desaparecidos. Si bien los casos han disminuido, en promedio una persona desapareció cada día de Bukele en el poder.
«Una desaparición no es solo la ausencia de una persona; es la ruptura de un tejido familiar y comunitario», expresó Jérémy Renaux, coordinador regional del programa de personas desaparecidas y sus familias del CICR. Sus palabras apuntan a una verdad que a veces se pasa por alto en las estadísticas: el dolor cotidiano, la incertidumbre y la vulnerabilidad que enfrentan las familias de los desparecidos.
Las cifras, en algunos países de la región, revelan una realidad cruda: miles de personas continúan desaparecidas, con registros que no siempre reflejan la magnitud real debido al subregistro y a la falta de cifras estandarizadas. En este contexto, el CICR subraya la necesidad de respuestas más transparentes y coordinadas entre autoridades, sociedad civil y familias.
Para las familias, cada día puede traer nuevos costos: gastos legales, trámites administrativos, desplazamientos a instituciones y, en muchos casos, la necesidad de apoyo psicosocial para enfrentar la espera y el duelo. El CICR enfatiza que una respuesta integral debe incluir no solo la búsqueda, sino también mecanismos de reparación, restitución de identidades y asistencia continua.
Como es el caso de Sandra, la hija de María Victoria Delgado, quien tenía 52 años cuando la reportaron desaparecida, hace siete años. Residía en la colonia Santa Teresa Las Cañas, del distrito de Apopa, en San Salvador. «El temor era grande y aún se siente un poco de temor, cuando empezó esto del régimen fue que tomé el valor para continuar con la búsqueda, porque antes ni siquiera me atreví a pensarlo», dijo recientemente en una entrevista con El Diario de Hoy.
Entre las recomendaciones, se destacan marcos jurídicos robustos, fortalecimiento de capacidades forenses, acceso a información confiable y, sobre todo, la participación activa de las familias en el diseño de políticas públicas.
La voz de las familias no debe ser una excepción, sino una pieza central, de acuerdo con los organismos de asistencia.
En el país, sin embargo, toda la información estadística sobre desaparecidos está reservada.
El CICR también recordó que la situación varía de un país a otro, pero la necesidad de coordinación y de una estrategia centrada en las personas afectadas es común. La institución insiste en que responder a estas víctimas no es un favor, sino una obligación legal y ética de los Estados.
