La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dio paso a la emisión de más deuda pública por un total de 410 millones de dólares; aprobó una garantía de préstamo por 400 millones de dólares y una reforma presupuestaria por 6 millones de dólares.

Toda la deuda se avaló por solicitud del Gobierno central. La primera es para la suscripción del «Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador», suscrito el 19 de agosto de este año, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de hasta 250 millones de dólares.

Dicho préstamo fue suscrito el 19 de agosto de 2025 por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, y el 18 de agosto de 2025 por el Representante del BIRF, según el Gobierno.

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Aunque no hay un desglose oficial de los proyectos o los fines de ese crédito, Hacienda buscó justificar este endeudamiento diciendo que es para dar continuidad a medidas adoptadas en el marco de la responsabilidad fiscal, para el mantenimiento y continuidad de una política macroeconómica.

La segunda es la suscripción del contrato denominado «Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador con una Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes», que también fue suscrito el 19 de agosto con el BIRF.

Este endeudamiento asciende a 100 millones de dólares y es para un plazo de hasta 30 años, incluyendo un periodo de gracia de hasta cinco años.

Aunque no hay proyectos que el Ejecutivo haya anunciado para prevención y mitigación de desastres, Hacienda previamente lo justificó en tanto que los fondos podrán movilizarse en momentos de crisis para financiar operaciones de respuesta y recuperación, así como para “minimizar el impacto fiscal” y atender los efectos adversos de eventos catastróficos.

“El Salvador es vulnerable a terremotos, huracanes o en caso de epidemias ayudaría a tener fondos casi de manera inmediata a El Salvador”, indicó el director general de Inversión, Marlon Herrera.

El tercer aval que dio la comisión es para que el Gobierno firme un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 60 millones de dólares. 

Este empréstito se denomina “Programa de Apoyo al Sistema de Movilidad Urbana del Área Metropolitana de San Salvador», y tendrá una duración de 25 años, contados a partir de la fecha de suscripción del mismo.

Para este, se establece que se pagará una comisión sobre el saldo no desembolsado del préstamo a un porcentaje que será establecido por el BID, periódicamente, como resultado de su revisión de cargos financieros, para préstamos de capital ordinario, sin que en ningún caso pueda exceder el 0.75% por año. 

Dicha comisión empezará a devengarse a los 60 días de la fecha de suscripción del contrato.

Para el estudio de la nueva deuda, asistieron al desarrollo de la comisión dos representantes del Ministerio de Hacienda: el director general de Inversión, Marlon Herrera, y Laura Michelle Arce, subdirectora de Presupuesto. 

Herrera expuso que con los recursos se buscará fomentar el uso del transporte público colectivo, al disponer de un sistema de transporte seguro, moderno y cómodo.

Ante esta disposición, la diputada Dania González, del partido oficialista Nuevas Ideas, destacó que se podrá modernizar los mecanismos de pago del transporte, mejorar la planificación de rutas y una serie de intervenciones para la seguridad vial en “corredores estratégicos”.

La Comisión de Hacienda también dictaminó la aprobación del contrato de garantía soberana del Estado que avala el Contrato de Línea de Crédito Revolvente No. 2310, suscrito por el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que refleja el incremento de hasta 400 millones de dólares.

Vale recordar que fue en 2022 cuando el BCIE y el FOVIAL suscribieron un crédito por 100 millones de dólares, para impulsar inversiones de la institución. Durante 2024 se incrementó a 250 millones de dólares el límite de dicho crédito revolvente. 

En mayo de este año, el directorio del BCIE autorizó un segundo incremento de $150 millones.

“El acompañamiento del Gobierno con el otorgamiento de la garantía soberana para dicho crédito es importante para acompañar al FOVIAL en la continuidad de gestión de desarrollo de infraestructura, conservación vial y mitigación de riesgos en beneficio de los usuarios de la red vial a nivel nacional”, dijo Herrera, en mención a las actividades ordinarias de la institución.

El economista Rafael Lemus expuso que sobre esta medida el FOVIAL buscó fondos para financiar las operaciones o gastos de su funcionamiento, que es el mantenimiento vial, lo que significa que en el futuro tendrá menos capacidad de mantenerse.

“Van a tener que hacer mantenimiento de la red vial y además, pagar deuda, entonces solo van a poder si invierten menos en mantener la red”, advirtió.

Reforma presupuestaria

Además, la Comisión de Hacienda emitió el dictamen favorable para que se reforme la Ley de Presupuesto 2025, en la parte que corresponde al Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA), por la incorporación de recursos por la cantidad de seis millones de dólares.

Los fondos provienen de la aprobación que obtuvo el CDCA de un préstamo interno por parte del Banco de Fomento Agropecuario (BFA).

La reforma tiene por fin financiar y ejecutar el Programa «Fomento de la Siembra de Alto Rendimiento de Maíz y Frijol», cuyo propósito es contribuir al incremento de la producción y productividad de estos cultivos en El Salvador, mediante la tecnificación y mecanización del proceso agrícola.

La subdirectora de Presupuesto mencionó que entre los beneficios de la incorporación de los fondos está el financiamiento a los productores para que puedan adoptar nuevas tecnologías “de alto rendimiento”.

También buscan modernizar las cadenas de producción; mejorar el rendimiento por manzana; disponer de una mayor oferta de maíz y frijol que sea capaz de satisfacer la demanda interna, así como la dinamización local.

Esta no es la primera modificación. El presupuesto del país se modificó en más de $432 millones solamente en el primer semestre del año.

Toda la deuda y la modificación dictaminadas por la Comisión de Hacienda deben ser votadas en la sesión plenaria del próximo miércoles.