Cuatro años transcurrieron desde que varias organizaciones denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la destitución de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ocurrida el 1 de  mayo de 2021. La demanda finalmente fue admitida y será analizada por los comisionados.

El primer día que los diputados de Nuevas Ideas estrenaron la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa destituyeron, sin seguir un proceso, a los magistrados: Armando Pineda Navas, Carlos Avilés, Carlos Sánchez, Marina de Jesús Marenco y Aldo Enrique Cáder, quienes habían emitido resoluciones incómodas para el Gobierno, especialmente durante la pandemia por Coronavirus. Tras la remoción, el partido de Gobierno tomó el control de los tres poderes de Estado.

Cuatro meses más tarde, el 3 de septiembre de 2021, Cristosal y el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) manifestaron a la CIDH que los diputados oficialistas “privaron a los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de sus derechos sin respetar las garantías constitucionales más elementales”. 

Añadieron que la medida “fue adoptada sin procedimiento ni base legal, tuvo un carácter punitivo y buscó debilitar la independencia judicial, en un contexto de progresivo deterioro del Estado de derecho y concentración de poder en el presidente y su partido político”.

Pero fue hasta el 2 de septiembre de 2025 que la CIDH admitió la petición de las organizaciones y analizará si hubo o no vulneración de derechos humanos con la destitución de los magistrados.

Cristosal reaccionó a la admisión y mencionó a través de un comunicado que esta decisión “abre la puerta a revisar el sistema de pesos y contrapesos en El Salvador”. La organización considera que esto representa una vía hacia la justicia internacional que les fue negada a los magistrados destituidos de manera ilegítima. 

“La Comisión advierte que los hechos denunciados no resultan manifiestamente infundados y, por el contrario, requieren un estudio en etapa de fondo, a efectos de examinar si la destitución de las presuntas víctimas, fundamentada en las decisiones y sentencias que emitieron en el ejercicio de sus funciones, vulneró sus derechos”, resolvió la Comisión.

La denuncia de las organizaciones fue en representación de dos de los magistrados removidos: Sergio Avilés Velásquez y Carlos Ernesto Sánchez.

Según la narración de los hechos por parte de los denunciantes, el magistrado Carlos Ernesto Sánchez renunció a su cargo por miedo a su seguridad, “pues consideró que los funcionarios del Ejecutivo sabían que su única hija se encontraba gravemente enferma en un hospital”. Y además, mencionan que Sergio Avilés Velásquez decidió no renunciar a su puesto, “a pesar de las presiones y del acoso que él y su familia habían sufrido”.

Por su parte, el Estado salvadoreño pidió a la CIDH no admitir la denuncia de las organizaciones y señaló que estas “no agotaron la jurisdicción interna”. 

“La información aportada por los peticionarios no permite acreditar que a los señores Avilés Velásquez y Sánchez Escobar les asistía una imposibilidad real y material de agotar los recursos. Por ello, solicita que se declare que este asunto no cumple con el requisito previsto en el artículo 46.1.a de la Convención”, fue una de las respuestas del Estado.

El Estado intentó justificar ante la CIDH que la destitución de los magistrados ocurrió debido a que estos contravinieron el orden constitucional al emitir sentencias arbitrarias.  

“(El Estado) alega que estas decisiones judiciales constituyeron un fraude a la Constitución, al atribuirse facultades que esta no prevé. En particular, se refiere a la reviviscencia de normas derogadas; la interferencia en atribuciones del Órgano Ejecutivo en materia de salud durante la pandemia de COVID-19; la imposición de plazos al Legislativo para emitir leyes; y la intervención en la dirección funcional del Ministerio Público”, describió la CIDH sobre la respuesta del Estado. 

Sin embargo, las organizaciones peticionarias solicitaron la aplicación del artículo 46.2.a de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que habla sobre los requisitos para que una denuncia sea admitida. Advirtieron que no agotaron los recursos internos debido “a la ineficacia y falta de imparcialidad de los recursos disponibles en El Salvador para atender la situación de las presuntas víctimas”. 

Al respecto, la CIDH consideró que aun si los magistrados destituidos hubiesen empleado algún recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional impuesta por el oficialismo, este hubiese sido ineficaz “debido a la predecible falta de objetividad de los juzgadores para atender el caso concreto. Ya que quienes resolverían su reclamo de destitución ilegal serían precisamente los nuevos magistrados que fueron nombrados a raíz de la destitución de las presuntas víctimas”, explicaron los comisionados. 

“La situación descrita acredita que las presuntas víctimas habrían quedado en estado de indefensión frente a sus destituciones, dado que no contaban con una vía judicial idónea y eficaz para cuestionar sus salidas definitivas de sus cargos como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema”, añadieron. 

Un precedente

Tras el desmantelamiento de la Sala de lo Constitucional, también hubo un cambio masivo de jueces en el Órgano Judicial, y la nueva sala empezó a resolver favorable a los intereses del Gobierno.

Uno de los peticionarios reaccionó a la decisión de la CIDH y dijo a El Diario de Hoy que este es un “precedente positivo” para el país, aunque a corto o mediano plazo no podrá verse algo concreto en cuanto a la situación democrática debido a que estos procesos son largos.  Sin embargo, mencionó que esta admisión plantea la posibilidad que hay elementos de fondo que se han considerado “críticos” y que deben ser evaluados por la Corte si se han violado o no”. 

La CIDH es la primera instancia en el sistema interamericano. Si concluye que hubo ilegalidades, el caso se eleva a la Corte Interamericana y todas las resoluciones de esta son de obligatorio cumplimiento para el país.

A juicio del peticionario, quien pidió anonimato por temor a represalias, la sociedad deberá esperar para ver el impacto que pueda tener una una condena en contra del Estado salvadoreño. 

Añadió que resulta interesante ver las últimas decisiones de la de este organismo con respecto al país, «pareciera que la CIDH está dando más atención, creería al país, tarde, muy muy tarde, pero es lo que hay», mencionó.

Una abogada que conoce sobre estos temas aseguró que la admisión de esta petición es un primer paso pero para que culmine la investigación pueden pasar varios años. “Cuando ya hay informe de fondo se puede señalar que hay violaciones a derechos humanos y el Estado tiene un plazo para acoger las recomendaciones o medidas. Si el Estado no cumple y si las víctimas también lo desean, puede elevarse a la Corte”, concluyó.