CIDH admite demanda por destitución masiva de jueces de El Salvador
Los jueces mayores de 60 años fueron removidos en septiembre de 2021. La CIDH examinará si esa remoción masiva violó los derechos de los funcionarios judiciales.
La Asamblea Legislativa jubiló de forma forzosa a los jueces mayores de 60 años. Al menos 249 jueces, un tercio de la judicatura en aquel momento, fueron removidos con el decreto legislativo 144, aprobado el 31 de agosto de 2021. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha decidido examinar si la decisión del Legislativo salvadoreño, controlado desde entonces por el partido Nuevas Ideas, afectó derechos de los funcionarios judiciales destituidos.
La CIDH admitió la demanda contra El Salvador el pasado 11 de septiembre, y le avisó esta semana a las partes interesadas que estudiará el caso a fondo. Los demandantes plantearon que los jueces fueron cesados de manera inmediata, sin un proceso, y sólo en razón de su edad. Muchos de ellos sin haber cumplido el tiempo necesario para acceder a una pensión.
«La CIDH estima que de corroborarse como cierta la situación descrita por la parte peticionaria esta podría ser lesiva de los derechos reconocidos en los artículos 8 (garantías judiciales), 9 (principio de legalidad), 23 (derechos políticos), 25 (protección judicial) y 26 (derecho al trabajo) de la Convención Americana», resolvieron los comisionados en la admisión.
Algunos de los jueces acudieron hace cuatro años a la Comisión porque consideraron que, pese a que estaban amparados por la Ley de la Carrera Judicial, no se siguió el debido proceso para despedirlos. La organización defensora de derechos humanos Cristosal hizo la denuncia en representación de 76 de los afectados.
📢 #ComunicadoCristosal | El análisis de fondo que realizará la @CIDH sobre la denuncia presentada por @Cristosal por el cese y el traslado arbitrario de jueces en El Salvador permitirá valorar la importancia de la independencia judicial y del sistema de pesos y contrapesos como… pic.twitter.com/D6XvqFtDex
«Estas medidas se adoptaron sin fundamento técnico y sin proceso administrativo previo ni posibilidad de defensa o impugnación efectiva, configurando una remoción colectiva y arbitraria incompatible con los estándares internacionales de independencia judicial», plantearon los demandantes ante la Comisión.
Otro de los señalamientos de los exjueces es que la remoción de personas mayores de 60 años fue un criterio discriminatorio y que por lo tanto se violó su derecho a la igualdad y no discriminación, reconocido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
También traslados
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la que dependen administrativamente los jueces, creó un régimen de disponibilidad luego del decreto 144, que en la práctica le permitió hacer traslados discrecionales y mover a jueces experimentados hacia tribunales de menor rango. Esto, según dijeron los demandantes, «se convirtió en un mecanismo de represalia contra quienes mantenían criterios de autonomía». Uno de los trasladados fue el juez Antonio Durán, quien denunció que su traslado fue en represalia por señalar un golpe al Órgano Judicial.
Los demandantes también señalaron que la remoción de los jueces experimentados formó «parte de un patrón autoritario impulsado por el gobierno con el objetivo de eliminar toda posibilidad de control institucional independiente sobre el Poder Ejecutivo».
Dijeron que, a juicio de ellos, las destituciones tuvieron consecuencias graves en el sistema de justicia porque se interrumpieron procesos en curso «afectando la competencia e imparcialidad».
Otro de los jueces afectados por el decreto que jubiló a los mayores fue Jorge Guzmán, quien llevaba el caso de la masacre de El Mozote en el Juzgado de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán. Para los demandantes, esto constituyó también una violación al derecho de la verdad de las víctimas de la masacre, porque paralizó inicialmente el caso. El proceso no ha tenido mayores avances. Hasta el pasado 21 de agosto, la Corte Suprema decidió reforzar a la jueza que lo lleva en la actualidad.
Jorge Guzmán, quien era el juez de el caso El Mozote, fue uno de los afectados con el decreto. Foto: EDH/Archivo
La respuesta del Estado
El Estado salvadoreño intentó detener la admisión y le respondió a la CIDH que, a su juicio, la demanda no reunía los requisitos para ser admitida, porque los exjueces no acudieron a las instancias nacionales antes de apelar al sistema interamericano. Esta versión fue descartada por la CIDH porque la Sala de lo Constitucional, nombrada también en 2021, rechazó una demanda contra el decreto que permitió las destituciones.
El Salvador también dijo que la Asamblea reformó la Ley de la Carrera Judicial para «modernizar y fortalecer el sistema judicial», algo que ha sido desmentido por diferentes investigaciones periodísticas que revelaron que la remoción masiva permitió el nombramiento de personas afines al oficialismo, o que no cumplían los requisitos de ley.
«El Estado alega que la petición resulta manifiestamente infundada, en tanto que muchas de las consecuencias planteadas por los peticionarios aún no se habían producido al momento de presentación de la petición», expuso la CIDH en la admisión.
El 27 de agosto de 2021, días antes de la aprobación del 144, el presidente Nayib Bukele tuiteó que «era hora de depurar el Órgano Judicial y sacar a los corruptos». Los demandantes plantearon ante la CIDH que sintieron este mensaje como una amenaza para quienes se atrevieran a emitir sentencias contrarias a los intereses del oficialismo.
Decenas de personas protestaron en septiembre de 2021 para rechazar el decreto que jubiló por la fuerza a los jueces mayores de 60 años. Foto EDH/Archivo
La CIDH recordó en la admisión que desde septiembre de 2021 el relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados rechazó el decreto legislativo y dijo que afectaba «severamente el principio de la separación de poderes y la independencia judicial de los órganos de justicia».
Cristosal, el demandante
Cristosal presentó la demanda en la CIDH el 17 de septiembre de 2021, en representación de 76 jueces cesados. Ayer, tras ser notificada, emitió un comunicado en el que expuso que el «traslado arbitrario de estas personas juzgadoras formó parte del desmantelamiento democrático en el país, que inició con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en mayo de 2021». La destitución de los jueces, señalaron, formó parte de un proceso de concentración de poder de parte del Ejecutivo, que ahora controla los tres Órganos de gobierno.
Cristosal consideró que «la CIDH destacó que la información aportada muestra que desde el Poder Ejecutivo y Legislativo existió una voluntad de destituir y mantener fuera de sus cargos a las presuntas víctimas, reforzando la percepción de falta de neutralidad».
Esta es la segunda demanda contra El Salvador que la CIDH notifica en el último mes. El pasado 2 de septiembre, admitió la petición de varias organizaciones, entre estas Cristosal, de revisar si la Asamblea que desmanteló la Sala de lo Constitucional, cuatro meses antes de aprobar la jubilación forzosa de los jueces, violó los derechos de los magistrados que fueron destituidos.
