Tras la reciente disposición del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en los centros escolares, la gremial Bases Magisteriales reiteró la necesidad de establecer una verdadera política educativa de Estado que garantice la continuidad de los procesos formativos, evite las improvisaciones y optimice los recursos públicos.

El secretario de organización de Bases Magisteriales, Paz Zetino, afirmó que el principal problema del sistema educativo salvadoreño radica en la falta de una línea de trabajo sostenida en el tiempo.
“Cada administración trae lo suyo y cambia lo que dejó la anterior. Eso no puede seguir así”, expresó el dirigente, al lamentar que cada titular de Educación modifique los programas sin una visión a largo plazo.

Zetino recordó que, en administraciones pasadas, los cambios fueron constantes. Mencionó que durante los gobiernos de Arena se impulsó el modelo Escuela 10, luego sustituido por el de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno bajo el FMLN, y actualmente reemplazado por el programa Mi Nueva Escuela.
“Cada gobierno llega con su propio sello y exigencias, y somos los maestros quienes debemos adaptarnos a esos vaivenes”, afirmó.

El dirigente señaló que la educación debería contar con una política semejante a la de otros países, donde las transformaciones no dependen de las autoridades de turno.
“Necesitamos una política que establezca cómo se invertirá en educación cada año o quinquenio, qué se enseñará y qué tipo de ciudadano se pretende formar”, dijo, al advertir que los cambios superficiales no resuelven los problemas estructurales del sistema.

Zetino insistió en que parte de la crisis educativa deriva de un modelo de evaluación deficiente.
“Tenemos un sistema de evaluación muy permisivo que no mide realmente los niveles de aprendizaje”, expresó.

A su juicio, se requiere un modelo coherente que oriente la enseñanza hacia resultados concretos y sostenibles, con valores claros de ciudadanía que no dependan de circulares o memorandos temporales.
“Lo que ayer era correcto, hoy resulta incorrecto, y eso ocurre porque no existe una política de Estado. Hace falta una verdadera política educativa de Estado”, reiteró.

El dirigente también criticó el tiempo y dinero invertidos en capacitaciones docentes sobre lenguaje inclusivo que ahora quedan sin utilidad.
Según explicó, los maestros fueron instruidos para incluir expresiones como “niñas y niños”, “maestros y maestras” o “padres y madres” en documentos oficiales, ya que de no hacerlo los informes eran rechazados por las direcciones departamentales.
“Eso costó dinero, horas de trabajo. Hubo casos en que se rechazaron documentos completos, y ahora se dice que no es correcto. Es una mala inversión”, lamentó.

Zetino aclaró que los docentes nunca utilizaron términos como amigue, compañere, niñe, todxs o alumn@, ahora expresamente prohibidos.
“Un maestro que conozca medianamente de lenguaje y literatura no va a usar esas expresiones”, recalcó.

Bases Magisteriales recordó además que la propia administración actual ha utilizado lenguaje inclusivo en instrumentos oficiales, como la Ley Crecer Juntos, donde se hace referencia a “niños, niñas y adolescentes”.

El MINEDUCYT prohibió el uso del lenguaje inclusivo a partir del 2 de octubre, bajo el argumento de consolidar una comunicación institucional clara, uniforme y respetuosa.

 Según el memorándum N.º 22-2025, firmado por la ministra Karla Trigueros, tampoco será admitida “cualquier otra deformación lingüística que aluda a la ideología de género”.
El documento sostiene que la medida busca “garantizar el buen uso del idioma y evitar injerencias ideológicas o globalistas que puedan perjudicar el desarrollo integral del estudiantado”.

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Piden reglas claras y coherentes

Bases Magisteriales también demandó reglas claras y coherentes con la legislación vigente.
El gremio señaló que mientras el artículo 76 de la Ley General de Educación prohíbe negar la entrada a estudiantes por no portar uniforme, nuevas disposiciones permiten impedir el ingreso de quienes no lleguen “ordenados”, lo que genera confusión y riesgo de sanciones para los docentes.
“El profesor ejecuta la política educativa, y si la aplica mal, el responsable termina siendo él”, advirtió Zetino.

Agregó que, si un docente restringe el ingreso y los padres denuncian la situación, “un juez me va a decir que soy ignorante porque estoy anteponiendo una circular a la ley”.

El sindicato considera que la política educativa debe proyectarse con visión a futuro, estableciendo lineamientos estables para los próximos diez o veinte años, sin importar los cambios de gobierno.

“Necesitamos saber qué valores, qué sistema de evaluación y qué medidas correctivas se van a aplicar. No podemos seguir improvisando”, enfatizó.

Zetino añadió que los problemas más graves de la educación pública no se resolverán con “conductos propagandísticos”, sino atendiendo las necesidades reales de las escuelas.

 “Hay centros que llevan tres años destruidos sin que se finalicen las obras de reconstrucción; docentes con seis años sin revisión salarial y deficiencias en el sistema de salud magisterial”, señaló.
Para Bases Magisteriales, esos son los temas que deberían estar en la agenda central del Ministerio.

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“Un distractor”

El sindicato coincidió con declaraciones del historiador Carlos Gregorio López, quien calificó la medida como una maniobra política.
“Esto es un distractor, un recurso muy usado por este gobierno. Me llamó la atención que surgiera casi inmediatamente después de la reunión de Trump con su secretario de Defensa: el discurso es exactamente el mismo, de intolerancia y exclusión”, dijo en una entrevista con El Diario de Hoy.

A su juicio, estas disposiciones buscan “ocultar lo que realmente está haciendo el Ministerio de Educación” y responden a “una tendencia de control realmente preocupante”.

Bases Magisteriales concluyó que la discusión debería centrarse en los ejes fundamentales la calidad educativa, la formación docente y la inversión sostenible.