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Asamblea ratificó $135 millones en préstamos para Surf City

En la plenaria de este martes también se aprobaron refuerzos presupuestarios a instituciones públicas.

Plenaria 84

En la sesión plenaria de este martes, los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados ratificaron dos contratos de préstamo externos para el programa Surf City Fase II.

Unos es con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (Fondo OPEP), por $70 millones, que fue suscrito el 9 de octubre de 2025. Plazo del préstamo es hasta 20 años, incluyendo cinco cinco años de período de gracia, que inician en la fecha del Contrato de Préstamo. En los intereses se pagará una Tasa de Referencia más el margen aplicable para préstamos del Fondo OPEP, en forma semestral.

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Los fondos forman parte del plan de gobierno de inversión en infraestructura pública en zonas focalizadas con potencial económico y turístico; la conectividad vial y disponer de una infraestructura de saneamiento para el tratamiento de aguas residuales.

Se aprobó con 56 votos. Ningún diputado hizo comentario sobre este endeudamiento.

Votación por préstamo $70 millones.

El segundo préstamo es con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $65 millones, que fue suscrito el 30 de octubre de 2025 y el plazo es de 20 años, que incluye cuatro años de gracia, también para el «Programa Surf City Fase II».

Tampoco hubo comentarios de parte de los diputados a esta aprobación

De acuerdo a la exposición del Ministerio de Hacienda el pasado el 10 de noviembre, los recursos serán para mejora de la infraestructura vial y saneamiento de agua. Se prevé la ampliación de la carretera CA-2 (Litoral) de dos a cuatro carriles en un tramo de 8.2 kilómetros, desde la zona de la residencial Xanadú hasta El Zonte, la construcción de aceras, zonas de estacionamiento, retornos en “u” así como ciclovías.

También se contempla la construcción de un puente sobre el río Huiza, del cantón Melara, en El Palmar y El Zonte. Así como el tratamiento de aguas residuales en El Majagual, San Blas, El Cocal, Conchalío, San Diego y Cangrejera.

Refuerzos presupuestarios

Además, este martes se aprobaron reformas a la Ley de Presupuesto 2025 para asignar refuerzos económicos a varias instituciones del Estado.

Se argumentó que «varias instituciones del sector público tienen compromisos prioritarios e impostergables que requieren cobertura presupuestaria para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales durante lo que resta del 2025».

La distribución es así:

  • $700,000 para el Tribunal Supremo Electoral
  • $2,500,000 para el Ramo de Relaciones Exteriores
  • $37,470,000 para el Ramo de la Defensa Nacional
  • $11,400,000 para la Fiscalía General de la República
  • $1,300,000 para la Procuraduría General de la República
  • $700,000 para la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos
  • $16,100,000 para el Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
  • $48,500,000 para el Ramo de Seguridad Pública y Justicia
  • $116,000,000 para el Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología
  • $38,730,000para el Ramo de Salud
  • $1,100,000 para el Ramo de Trabajo y Previsión Social
  • $3,800,000 para el Ramo de Cultura
  • $20,000,000 para el Ramo de Agricultura y Ganadería
  • $57,500,000 para el Ramo de Obras Públicas y de Transporte
  • $4,130,000 para el Ramo de Turismo.

Sobre la fuente de financiamiento, $209,930,000 sería de «excedentes» en la recaudación tributaria del mes de octubre y $150 millones obtenidos de colocación de Título Valores de Crédito.

Tampoco hubo comentarios de los diputados sobre las necesidades o programas que necesiten cubrirse con estos fondos. Se aprobó con 57 votos.

También se reformó la Ley de Presupuesto del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, específicamente de la Dirección de Integración, para incorporar $1,133,610.20, provenientes de excedentes de la recaudación de las cuotas obligatorias que pagan los empleadores.

Los recursos serían para financiar el servicio de alimentación y transporte de los beneficiarios de los programas ejecutados en el marco del Plan de Control Territorial, incluidos los programas de becas, atención a adultos mayores y servicios de salud para las comunidades más vulnerables del país.

La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, destacó la importancia de la Dirección de Integración y que es «parte fundamental» del Plan Control Territorial.

«Hemos visto cómo esta Dirección de Integración ha estado avanzando en diferentes programas con los jóvenes, ha otorgado diferentes becas», dijo.

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