El Salvador enfrenta una crisis ambiental que aumenta el riesgo de desastres naturales. Actualmente, el 89% del territorio es considerado vulnerable debido a la deforestación, los proyectos de urbanización descontrolados y la sobrepoblación, explicó la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

“Somos el país más deforestado de Centroamérica y tenemos una densidad de 300 personas por kilómetro cuadrado, muy por encima del promedio regional. Esto incrementa la presión sobre los ecosistemas y reduce la capacidad natural de infiltrar y almacenar agua”, detalló Luis González, director de Incidencia en la UNES, al advertir que el cambio climático está intensificando los desastres naturales.

En los últimos meses, los efectos se han hecho visibles. Lluvias intensas en pocas horas han provocado inundaciones en zonas urbanas, derrumbes, desbordamiento de ríos y daños en la infraestructura. 

La variabilidad climática y el cambio en los patrones de precipitación están aumentando la frecuencia de estos eventos extremos.

González explicó que “antes estábamos acostumbrados a lluvias suaves que duraban dos semanas, lo que se conocía como temporales. Ahora, lo que tenemos son lluvias sumamente intensas en un periodo corto de tiempo, capaces de generar la misma acumulación de agua en cuestión de horas”.

Además, los periodos de sequía se han alargado. En el pasado, las canículas duraban menos de 10 días, pero actualmente pueden extenderse por más de 20 días consecutivos. Este fenómeno, combinado con temperaturas cada vez más altas, está acelerando el ciclo natural del agua y provocando impactos directos en la agricultura, la pesca y la ganadería.

El director de la UNES también explicó que este aumento en la temperatura provoca una evaporación más rápida en las masas de agua, lo que genera concentraciones más fuertes de lluvias en periodos cortos.

A ello se suman fenómenos como El Niño y La Niña, que antes ocurrían cada 10 años y ahora se presentan casi cada año, alterando aún más la estabilidad climática regional.

Un ejemplo claro de estas lluvias extremas fue la depresión tropical 12E en 2011, cuando en solo 10 días se registraron 1,500 milímetros de lluvia, la misma cantidad que solía caer durante toda la temporada invernal. 

Hoy, explica González, situaciones como esta se presentan con mayor frecuencia y generan un alto riesgo de desastres debido a la deforestación y la urbanización desordenada que ha impermeabilizado grandes áreas del territorio.

“Tenemos un territorio demasiado antropizado (alterado), cubierto de cemento, calles y casas. Esto impide la absorción natural del agua y aumenta la probabilidad de inundaciones y derrumbes, incluso con lluvias de corta duración”, explicó.

Según datos presentados por el Informe Nacional del Estado de los Riesgos y Vulnerabilidades presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en 2017 el 89% del territorio se cataloga como zona de riesgo y sobre esa superficie está concentrado el 95% de la población salvadoreña. 

Entre las principales causas se encuentran la destrucción de manglares, la expansión de monocultivos y la reducción de áreas naturales protegidas, lo que ha debilitado las barreras naturales contra huracanes, tormentas tropicales y marejadas.

La degradación de los manglares es uno de los problemas más graves. González explicó que estos ecosistemas son “el bosque salado que protege las zonas costeras de tormentas, huracanes y mareas altas”, pero cada año se reduce su extensión debido a la ganadería, la caña de azúcar y otros cambios de uso de suelo.

Además, la expansión urbana ha provocado una impermeabilización del suelo que dificulta la infiltración del agua, reduciendo la disponibilidad de recursos hídricos para pozos y sistemas comunitarios. 

La extracción de piedra también contribuye a este problema, dejando suelos compactados e incapaces de filtrar el agua de lluvia. El Diario de Hoy documentó este problema en la zona de recarga hídrica de El Cerrito, en Quezaltepeque, donde las comunidades han observado como la extracción continúa del recurso pétreo y la deforestación ha disminuido el nivel de agua en los pozos. 

El impacto es visible en comunidades rurales y urbanas. Muchas zonas carecen de planes de ordenamiento territorial y, en algunos casos, las urbanizaciones han sido autorizadas en áreas de alto riesgo. 

González recalcó el caso de la colonia Las Colinas en Santa Tecla, donde estudios advertían sobre la inestabilidad de la zona, pero aun así se permitió la construcción de viviendas, lo que derivó en un desastre durante los terremotos de 2001.

“En Latinoamérica las leyes están de adorno”, ONG Gaia sobre el cambio climático

Uso del agua lluvia

En cuanto al aprovechamiento del agua de lluvia, González señaló que El Salvador no cuenta con una estrategia nacional sólida para la captación y almacenamiento de agua. Aunque en algunos países como Japón, existen sistemas avanzados de reservorios y redes subterráneas para almacenar el exceso de agua, en el país este tipo de infraestructura es limitada.

Actualmente, algunos proyectos comunitarios y privados han impulsado reservorios de agua en pequeña escala, principalmente en Chalatenango para abastecer escuelas y huertos familiares; sin embargo, estas iniciativas no cubren la demanda de las comunidades y en muchos casos dependen de fondos externos difíciles de obtener.

En 2023 la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) anunció el Programa Nacional de Aprovechamiento de Agua Lluvia, un año después anunciaron la entrega de dos reservorios de agua en La Reina, Chalatenango, pero hasta ahora no se cuenta con información pública sobre su funcionamiento. 

UNES sostiene que hay algunos proyectos impulsados por empresas privadas para recolectar el agua lluvia para su uso. 

El Estado y su rol

Actualmente está vigente la Ley General de Recursos Hídricos permite el uso libre de agua de lluvia, pero las comunidades siguen sin recibir apoyo suficiente para instalar sistemas que permitan su aprovechamiento.

El presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, sostiene que aplicar métodos de recolección de agua lluvia debería ser una tarea impulsada desde el gobierno central.

“Promover el almacenamiento del agua lluvia debería ser tarea del gobierno. Deberíamos empezar con las nuevas construcciones de edificios públicos. Por ejemplo, que el nuevo mercado San Miguelito tuviera una forma de captar agua lluvia, podría ser una especie de sótano y filtrar esa agua para uso de limpeza”, señaló Navarro.

Con este tipo de proyectos el Estado tendría que conocer que infraestructura es la más apropiada para el desarrollo de los proyectos y posteriormente exigir a las empresas privadas iniciar con la aplicación de modelos de captación.

“Si los edificios públicos fueran los primeros en implementar este tipo de sistemas podríamos generar un efecto positivo mayor en el resto de empresas, pero debería de ser el gobierno quién lleve la batuta del programa”, agregó el ambientalista.

Al consultar las razones por las cuales no se ha logrado desarrollar modelos de captación de agua en el territorio salvadoreño y todas las iniciativas han sido impulsadas desde las comunidades ante la necesidad Navarro sostiene que no se ha tenido una visión de país y el crecimiento ha sido poco ordenado.

“No se exige nada, aquí es un barco que va a la deriva, ahí en la mitad del mar alguien lo está moviendo, pero no sabe ni para dónde va”, agregó el presidente del CESTA.

Por temer a perder a sus animales, residentes de zonas vulnerables se rehúsan a evacuar

Las leyes que se vuelven invisibles

El CESTA sostiene que existen importantes leyes para el uso de suelo y agua, pero que las autoridades no aplican los mecanismos para corroborar que las normas se cumplan.

“Cuando a las constructoras les dicen que deben reforestar con una determinada cantidad de árboles por las zonas que van a afectar sus proyectos, las empresas lo hacen, pero no hay una entidad encargada de darle seguimiento a esos árboles”, agregó Navarro.

“Nosotros pedimos permiso para hacer una pequeña construcción, nos lo dieron a cambio de sembrar arbolitos, lo hicimos incluso pusimos más porque nos gustan. ¿Cree usted que alguien vino a revisar?”, cuestionó.

Un escenario similar ocurre con los desechos arrojados a los ríos, no se tiene la capacidad para controlar y evitar que esto siga pasando en la actualidad. 

El CESTA y UNES consideran que el territorio salvadoreño se ha vuelto más vulnerable a los desastres naturales. 

La UNES recalcó la necesidad de fortalecer la gestión integral de riesgos a nivel comunitario y estatal. González recomendó que la población esté atenta a las alertas emitidas por las autoridades y cuando sea necesario, practique la autoevacuación en caso de amenazas como inundaciones o derrumbes, haciendo un llamado a organizar planes familiares y comunitarios para identificar puntos de riesgo, rutas de evacuación y albergues disponibles.