El juez federal James Boasberg no duda en considerar que «existe causa probable para considerar al Gobierno (de Donald Trump) en desacato penal» por el envío de 252 deportados venezolanos al inexpugnable Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) en El Salvador.

Ahora su objetivo es proceder «con prontitud» para determinar qué funcionarios del Gobierno de Trump incumplieron sus órdenes y si enfrentarán sanciones.

La expulsión se produjo el pasado abril pese a que el funcionario judicial había ordenado que los aviones con el grupo no despegaran siquiera o regresaran a Estados Unidos si ya habían partido.

En su opinión de más de 40 páginas emitida en abril, Boasberg acusó al Ejecutivo de Trump de haber ignorado con «completo menosprecio» la orden judicial que instruía detener los traslados.

«La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla», escribió el juez, presidente del tribunal federal de primera instancia en Washington, en un fallo en aquel momento. La frase refleja el tono con el que Boasberg valoró la actuación gubernamental durante esa etapa. 

El togado advirtió que permitir al Gobierno de Trump «anular» los fallos de las cortes «convertiría en una burla solemne a la propia Constitución».

Corte superior da luz verde al juez

Ahora una corte de apelaciones le ha permitido reanudar las investigaciones sobre el posible desacato intergubernamental, Boasberg señala que «esto ha estado detenido durante mucho tiempo y creo que la justicia requiere que actúe con rapidez».

«Estoy autorizado a proceder tal como pensaba hacerlo en abril, hace siete meses», dijo Boasberg, citado por la cadena internacional CNN al término de la audiencia de este miércoles..

«Ciertamente tengo la intención de averiguar qué pasó ese día», dijo Boasberg el miércoles.

Según CNN, el juez sugirió que parte de su indagación podría incluir declaraciones de funcionarios del Gobierno o llevarlos a su sala para que declaren bajo juramento. Esas audiencias, dijo, podrían comenzar tan pronto como el 1 de diciembre.

Entre las personas de las que quiere escuchar está Erez Reuveni, un informante del Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) que fue despedido, y Drew Ensign, un abogado del mismo departamento a quien Reuveni acusó de engañar al tribunal sobre los vuelos de migrantes.

Esa denuncia, dijo Boasberg, es solo una parte de los «avances significativos» que ocurrieron mientras sus procedimientos de desacato estuvieron en pausa durante gran parte del año.

El proceder del juez Boasberg irritó al presidente Trump, quien llegó a pedir su destitución, pero el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, le respondió que la única manera de impugnar un fallo es presentando la respectiva apelación.

El juez Boasberg ha llamado los abogados del Departamento de Justicia que expongan sus argumentos para que se haya invocado la antigua Ley de Enemigos Extranjeros con la cual se ejecuto la deportación pese a la orden judicial.

El presunto desacato

El presidente Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a los 252 venezolanos a los que acusó de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, aunque posteriormente se determinó que la mayoría no tenía antecedentes criminales.

Un día después de que invocara la ley, el juez Boasberg bloqueó su uso, justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes, y ordenó el regreso de esos vuelos.

Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que Trump sugirió llevar a un juicio político al magistrado Boasberg.

Por el envío de inmigrantes a El Salvador, la Casa Blanca también mantiene otro pulso judicial en el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García que fue expulsado junto a los venezolanos y fue retornado a EE.UU. por orden de un juez. 

Boasberg intentó durante meses sin éxito obtener información sobre las personas que fueron deportadas al CECOT, y obtener información sobre quién en la administración Trump había ordenado los vuelos en violación de su orden de alejamiento temporal.

Los nuevos acontecimientos en el caso casi con toda seguridad desatarán nuevas iras del presidente Donald Trump y sus aliados en una gran lucha contra la inmigración irregular que se ha prolongado durante más de nueve meses.