El miedo y el enojo se han instalado nuevamente en Los Ángeles ante el inminente regreso de las redadas migratorias a gran escala en el condado, donde más de uno de cada tres residentes es inmigrante y el 55 % habla en su hogar un idioma distinto al inglés.
En las últimas 24 horas, el Gobierno del presidente Donald Trump ha reiterado su intención de aumentar los operativos, tras la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. el pasado lunes de revertir la orden de un juez federal que detuvo temporalmente las redadas migratorias basadas simplemente en la apariencia de las personas, el idioma que hablan, o el trabajo en el condado, el pasado julio.
La incertidumbre entre la comunidad latina es evidente. Y mensajes como el del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) abonan a la zozobra. El DHS publicó en un mensaje en X que seguirán «inundando» con sus agentes a Los Ángeles y las zonas aledañas. Este martes, Gregory Bovino, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que lidera los operativos migratorios en el condado, publicó en X una foto de decenas de agentes con el icónico letrero de Hollywood de fondo.
«Este es el equipo. Son los que están en el terreno… No nos detenemos. No bajamos el ritmo. Seguimos adelante», dice el mensaje que acompaña la imagen y alimenta el temor a otra pesadilla como la vivida en junio pasado, que desató protestas y el despliegue de soldados en la ciudad.
La orden que bloqueó el Supremo había reducido los operativos desde que entró en vigencia en julio pasado, pero aún así los agentes migratorios realizaron varias redadas polémicas como cuando se escondieron en un camión para atraer a jornaleros que esperaban ser contratados en el estacionamiento de un Home Depot, donde han ocurrido al menos cuatro allanamientos y desató aireadas protestas.
«Persecuciones arbitrarias»
Para Napoleón Campos, especialista en relaciones internacionales, los magistrados que votaron a favor de la reanudación de los arrestos migratorios han pasado por alto «los claros indicios racistas en la persecución y arresto de personas sospechosas de ser indocumentadas por su apariencia o hablar español».
Campos analiza que, siendo Los Ángeles una de las ciudades con mayor concentración de salvadoreños y mexicanos, el temor deriva de las «persecuciones arbitrarias» que se efectúen tras el fallo de la Corte.
«Facilitada la detención arbitraria con esta resolución, el impacto sin duda será nacional, pero en específico para las grandes concentraciones de inmigrantes con o sin papeles», dice el especialista Campos, quien advierte un clima generalizado de terror entre latinos. Prevé que las redadas se amplíen al resto de California.
«El problema es que, en operativos arbitrarios, a gran escala, es conceptual y literalmente imposible no violar derechos y garantías fundamentales», dice Campos.
También advierte que la situación podría complicarse a partir del 1 de octubre, cuando inicie el nuevo año fiscal «con un presupuesto multimillonario para ICE que pasa a ser la agencia federal con más dinero y recursos en toda la historia de EE.UU.».
El estacionamiento de una tienda Home Depot en Los Ángeles se ha convertido en menos de tres meses en el símbolo de la crudeza de las redadas migratorias del Gobierno Trump, con cuatro operativos que han dejado decenas de detenidos. Foto /EFE
Campos enfatiza que tanto los latinos nacidos en EE.UU. como los no nacidos en ese país, con papeles o sin papeles, constituyen alrededor del 35 % del total de población de California. De ahí que el impacto del incremento de las redadas sea motivo de alarma. «Los latinos contribuyen en todo sentido: cultural, productivo, económico, científicamente, a la riqueza de California», dice el especialista.
Teresa Tejada, directora de ASOSAL Los Ángeles, se muestra sorprendida porque desde que llegó a Estados Unidos, en la década de los 80, nunca había visto situación como esta.
«Solamente ven si vienen (trabajadores) en una ‘troca’ e inmediatamente los paran. Un negocio, las ventas, todo queda ahí tirado», lamenta. «Es una violación a derechos humanos, ni siquiera preguntan» para detener a alguien, manifiesta.
Para la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, no es solamente un ataque contra los inmigrantes de esa ciudad, sino que «contra cada persona en esta ciudad y en cada ciudad de nuestro país».
Organizaciones «en pie de lucha»
La respuesta de las organizaciones que defienden a los inmigrantes y funcionarios públicos no se ha hecho esperar. Este martes la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), que reúne a las personas que ofrecen trabajo por día y han sido uno de los blancos preferidos de los agentes migratorios en Los Ángeles, convocó una sesión virtual a nivel nacional para hablar sobre la estrategia para enfrentar la nueva ola de redadas que se esperan también en ciudades como Chicago y Boston.
Fotografía cedida por la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) donde aparece la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, hablando durante una rueda de prensa este lunes, en Los Ángeles (Estados Unidos). Foto /EFE
El Sindicato de Trabajadores Campesinos (UFW) hizo un llamado a los empleadores a asumir «la responsabilidad» de proteger los derechos de los trabajadores y establecer una logística adecuada para garantizar su seguridad.
«Instalen una barrera si es necesario, una puerta con llave y un protocolo establecido. Si no tienen una orden judicial, no pueden entrar al lugar y aterrorizar», dijo Elizabeth Strater, vicepresidenta nacional de UFW en una conferencia de prensa, donde las organizaciones expresaron su enojo por el dictamen del Supremo.
Una audiencia sobre la querella legal, que argumenta que el Gobierno ha arrestado «inconstitucionalmente» a personas para cumplir con una cuota «arbitraria» de arrestos y de perfil racial, está programada para el 24 de septiembre.
Angélica Salas, de la coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), hizo un llamado a la sociedad civil para protestar. «Aquí, ningún ciudadano (estadounidense) o no ciudadano, ninguno está protegido si nosotros no luchamos por nuestros derechos», insistió la activista.
En tanto, la Administración de Trump negó este martes que los agentes arresten a personas en función de su aspecto físico y aseguró que se consideran «muchos factores» a la hora de llevar a cabo una detención. Así lo expresó el llamado «zar de la frontera» de la Casa Blanca, Tom Homan.
«Los agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) no utilizan el perfil racial. La ley establece que para arrestar a alguien se necesita una sospecha razonable y eso es exactamente lo que hacen los hombres y mujeres de ICE», explicó Homan desde la Casa Blanca.
