Una coalición de fiscales generales de EE.UU. demandó este miércoles a la Administración del presidente Donald Trump por cambios en la guía del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) que excluye a miles de inmigrantes con residencia legal de ese beneficio.

La demanda busca bloquear las nuevas directrices del Departamento de Agricultura federal, que administra el programa, que señalan que varios grupos de inmigrantes legales no son elegibles para recibir asistencia alimentaria, incluidos residentes permanentes a quienes se les concedió asilo o fueron admitidos como refugiados, de acuerdo con un comunicado de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que lidera la demanda.

Con la aprobación del polémico plan fiscal y presupuestario del presidente Donald Trump, se redujeron las categorías de no ciudadanos que son elegibles para los beneficios SNAP.

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El 31 de octubre, el Departamento de Agricultura ordenó a los estados limitar la elegibilidad de los no ciudadanos, pretendiendo implementar los cambios realizados por la ley. «Pero, en realidad, la guía va más allá de la ley, excluyendo arbitrariamente del SNAP a muchos residentes permanentes legales que siguen siendo elegibles bajo el esquema legal establecido por el Congreso», señala la demanda.

Recuerda que muchos de los estados demandantes escribieron entonces al Departamento de Agricultura solicitando «la rescisión, corrección y reemisión» de la guía, por ser contraria a la ley «y caprichosa» pero no recibieron respuesta.

Los fiscales alegan además al tribunal que miles de residentes permanentes legales en los estados demandantes enfrentan la inelegibilidad inmediata para beneficios cruciales de SNAP.

Advierten que la guía impondría a los estados sanciones financieras «catastróficas» a menos que implementen de inmediato las restricciones «ilegales», por lo que piden al tribunal que derogue la guía antes de que pueda causar un daño duradero.

Recuerdan que la ley federal es clara en que los refugiados, asilados, personas en libertad condicional humanitaria, personas cuya deportación ha sido suspendida y otros que ingresaron al país por razones humanitarias son elegibles para el SNAP una vez que obtienen sus tarjetas verdes (residencia permanente) y cumplen con los requisitos estándar del programa.

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«El Departamento de Agricultura no tiene autoridad para excluir arbitrariamente a grupos enteros de personas del programa SNAP, y nadie debería pasar hambre debido a las circunstancias de su llegada a este país», indicó James en el comunicado conjunto.