Cuando el pasado 23 de octubre, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre de 2026, todo parecía augurar una suerte de marcha triunfal hacia un cuarto mandato en el Palacio del Planalto, sede de la Presidencia en Brasilia.

Los signos eran favorables: su principal adversario, el exmandatario Jair Bolsonaro, fue declarado culpable en un juicio histórico ante la Corte Suprema de Brasil por encabezar una organización criminal que buscaba «conspirar para garantizar su permanencia en el poder», a raíz de las insurrecciones del 1.º de enero de 2023. Condenado el pasado 11 de septiembre a 27 años de prisión, Bolsonaro apeló la sentencia el 27 de octubre, fecha coincidente con el cumpleaños del actual presidente, quien celebró sus 80 años desde Malasia, durante la Cumbre de la ASEAN.

En el encuentro, Lula se reunió con líderes regionales y con el expresidente estadounidense Donald Trump, además de presenciar el inicio de un diálogo entre Trump y el mandatario chino Xi Jinping, cuyas consecuencias podrían impactar en el comercio mundial.

Se desvanece la prosperidad simbólica

Lula veía despejarse su horizonte político de cara a 2026. Comprometido con la agenda internacional y decidido a reposicionar a Brasil como actor global, ofreció su mediación entre Estados Unidos y Venezuela, enfrentados en el marco del llamado conflicto armado contra el narcotráfico en el Caribe, dirigido contra los principales cárteles latinoamericanos. Tras su paso por el Vaticano, donde fue recibido por el papa León XIV, participó en la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur.

El presidente regresó a Brasil con la mirada puesta en la COP 30, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre de 2025 en la ciudad amazónica de Belém. Cumbres, viajes, diplomacia global: todo parecía alinearse. A pesar de su edad, Lula declaraba hace apenas unos días que «tenía la misma energía que a los 30 años».

Sin embargo, ese periodo de prosperidad simbólica se desvaneció abruptamente con un episodio de violencia interna. La Operación «Contención», lanzada por la policía del estado de Río de Janeiro en las favelas del norte —el Complejo do Alemão y el de Penha—, derivó en una auténtica guerra urbana entre las fuerzas del orden y las bandas criminales que dominan esos territorios. El saldo fue estremecedor: más de 121 muertos, una cifra inédita en décadas. El operativo reveló la magnitud del poder de las organizaciones criminales que controlan amplias zonas, constituyendo auténticos Estados dentro del Estado. Solo en Río, dos millones de personas —de un total de 6,1 millones— viven en favelas.

A escala nacional, en un país de 215 millones de habitantes, cerca del 18 % de la población, unos 19 millones de brasileños, residen en comunidades marginadas dominadas por grupos ilegales o milicias parapoliciales. El Estado, por su parte, responde periódicamente con operativos violentos.

Una alerta para Lula

El episodio representa una alerta mayor para Lula, con potenciales repercusiones políticas. La pregunta resuena: ¿qué ha hecho su gobierno contra la inseguridad desde el inicio de su tercer mandato? La indignación se desató tras un mensaje publicado por el mandatario en la red X (antes Twitter), donde, en referencia al conflicto contra el narcotráfico, habló de «corresponsabilidad» entre países productores y consumidores, y calificó a las bandas como «víctimas» del tráfico. La declaración, interpretada como un error semántico o político, provocó incomprensión y enojo en una población exhausta por la violencia cotidiana.

Intentando contener la polémica, Lula expresó sentirse «horrorizado» por el número de víctimas y reafirmó que «no se puede aceptar el crimen organizado que destruye familias, oprime comunidades y expande la violencia». Pero sus palabras resultaron insuficientes ante la magnitud de la tragedia y el contexto de su anunciada candidatura.

Mientras Brasil se enfrenta a una crisis de seguridad cada vez más aguda, los cárteles —como el Comando Vermelho o el Primer Comando da Capital (PCC)— se consolidan en grandes centros urbanos como Río y São Paulo, controlando sectores económicos (transporte, combustibles, servicios) y desarrollando capacidad militar, incluso con el uso de drones en enfrentamientos.

Un «viacrucis político»

El drama de Río no es anecdótico: representa una fractura profunda entre la visión política del gobierno y la realidad de los ciudadanos. Al igual que en países como Ecuador, Colombia o El Salvador, la seguridad se ha convertido en la prioridad nacional. En un entorno regional cada vez más tenso, el «conflicto armado contra el narcotráfico» parece adquirir un carácter inevitable, mientras varios Estados latinoamericanos muestran su vulnerabilidad ante un enemigo interno cada vez más poderoso.

La que parecía una marcha triunfal hacia la reelección podría convertirse en un vía crucis político. A pesar de su experiencia y resiliencia, Lula da Silva enfrenta ahora la dura realidad de un Brasil que, golpeado por la violencia, ve resurgir un peligro inmediato: el avance de los grupos criminales que se comportan como verdaderos Estados paralelos.

El desafío es tan grande para Brasil como para su presidente.