El pasado 30 de septiembre se venció el plazo para que el gobierno divulgara el estudio actuarial de pensiones, documento que permitiría conocer el estado actual del sistema y las estrategias para una posible reforma.

Sin embargo, hasta el jueves, en la página del Fondo Monetario Internacional (FMI) no había información al respecto, ni comunicados que confirmen o nieguen que este documento ya se presentó.

El gobierno tampoco ha informado si el estudio ya se presentó al organismo y si este será público.

La Prensa Gráfica destacó este miércoles que había consultado al FMI sobre el documento y el organismo multilateral respondió ante la solicitud que: «el gobierno está finalizando el estudio», y agregó que desconocen «cuándo lo van a publicar».

El estudio actuarial de pensiones es un documento que sirve de base para elaborar la reforma de pensiones, que debe estar lista a más tardar en febrero de 2026.

El documento, según los compromisos adquiridos de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) debía ser entregado «a finales de septiembre», luego de una primera prórroga que el mismo gobierno solicitó al organismo.

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Patricio Pineda, de la Mesa por una Pensión Digna, explicó esta semana a El Diario de Hoy que si el gobierno no presenta el estudio actuarial se corre el riesgo que el FMI suspenda los desembolsos de dinero programados como parte del acuerdo.

Otros retrasos o incumplimientos

Esta no es la primera vez que el gobierno incumple o cumple a medias las condiciones del organismo. En su último informe sobre la revisión del acuerdo, publicado el 15 de julio, destaca el cumplimiento de metas, pero al mismo tiempo señala retrasos o ejecución a medias de algunas.

El FMI estableció en el informe sobre la primera revisión del acuerdo, que se debe publicar información completa sobre las empresas estatales, incluyendo estimaciones de actividades fiscales, políticas de propiedad y gobernanza corporativa.

Este compromiso estaba programado para cumplirse a finales de marzo de 2025, pero no se cumplió a tiempo y fue implementado con retraso, indica el informe del organismo.

En materia de Bitcoin, aunque el organismo ha insistido en que no utilice dinero público para compras de la criptomoneda, en la revisión que hizo el equipo técnico detectó que «se han mostrado fluctuaciones menores en depósitos de clientes en bitcoin, lo que causó un incumplimiento leve de la meta de no acumulación neta de Bitcoin», señala.

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Asimismo, el gobierno debía publicar a finales de marzo 2025 en un sitio web del gobierno los nombres y nacionalidades de los beneficiarios finales de todos los contratos públicos adjudicados, junto con la información de los contratos. Pero no se cumplió en la fecha prevista y fue implementado con retraso.