Un millón de salvadoreños, alrededor de un 15.4 % de la población total del país, se encontraba en situación de inseguridad alimentaria grave en El Salvador entre 2022 y 2024.

Esto significa que muchas familias se quedaron sin alimentos, experimentaron hambre y, en casos críticos, pasaron varios días sin comer, así lo explica el informe Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI 2025 por sus siglas en inglés), elaborado por la FAO, Unicef y otros organismos internacionales.

El reporte también señala que, en el mismo periodo, 2.9 millones de salvadoreños enfrentaron inseguridad alimentaria moderada.

El documento de la FAO, que analiza el estado de la alimentación y la nutrición de todo el mundo, advierte que más de 220 millones de personas en América Latina y el Caribe padecieron inseguridad alimentaria moderada o grave en 2024.

A nivel mundial, el informe señala que más de 735 millones de personas sufren hambre, mientras que 2,300 millones experimentan algún grado de inseguridad alimentaria.

Alimentos con altos precios

El informe indica que los conflictos armados, los fenómenos climáticos extremos y las distorsiones en los precios de granos y fertilizantes han agravado la crisis alimentaria.

«La inflación de alimentos se ha convertido en un desafío estructural que afecta la dieta, la salud y el poder adquisitivo de millones de familias», advierte el documento.

En El Salvador, según la Mesa por la Soberanía Alimentaria (MSA), la canasta básica ha subido hasta un 30 % en cuatro años, superando la capacidad de compra de muchos hogares.

El frijol ha sido el producto con mayor incremento, su precio por libra pasó de $0.75 en junio de 2019 a $1.22 en junio de 2025, un alza del 64 %. También han subido las tortillas y las verduras, afectadas por la reducción en la producción local y el encarecimiento de los insumos agrícolas.

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Adalberto Blanco, líder de la MSA, advierte que la brecha golpea más a los hogares rurales, donde los ingresos son inestables y la agricultura familiar está en retroceso.

El informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), en su resumen de El Salvador, publicado en octubre de 2024 indicaba que los precios de la canasta básica en las comunidades son 37% más altos que en los mercados primarios.

Además, el PMA indica que, en comparación con Guatemala (país líder en importación de alimentos), los precios de las frutas en El Salvador son 52% más altos y los de las verduras 103% más altos que en su vecino país.

De acuerdo al documento de la FAO, la elevada inflación de los precios de los alimentos podría hacer empeorar la seguridad alimentaria, especialmente en los países de ingresos bajos.

Un aumento de los precios de los alimentos del 10 % va ligado a un incremento de la inseguridad alimentaria moderada o grave del 3.5 % y un aumento de la inseguridad alimentaria grave del 1.8 %, señala el documento de la FAO.

Por otro lado, desde el punto de vista monetario y midiendo la pobreza, según los datos de la última encuesta de hogares de propósitos múltiples del año pasado, más del 28% de la población está en una situación de pobreza económica o pobreza monetaria, esto implica que son familias que no pueden alcanzar al menos dos canastas básicas alimentarias.

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A esto se suman más de 610,000 familias salvadoreñas en pobreza extrema, que no pueden lograr una canasta básica alimentaria.

Agricultura en abandono agrava crisis

Para Luis Treminio, presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo), la agricultura —base de la alimentación— está en declive en El Salvador.

«En El Salvador no hay seguridad alimentaria porque dependemos de las importaciones y la agricultura está abandonada», afirmó.

Treminio dice que ya no es una industria rentable, por el alto costo de los insumos agrícolas y la escasez de mano de obra.

Campo estima que 115,000 manzanas dejarán de cultivarse este año por falta de agricultores; en 2024 la cifra superó las 125,000.

Ese año fue el ciclo agrícola más bajo en ocho años, con apenas 10 millones de quintales de maíz y 1.3 millones de frijol, frente a un consumo nacional de 2.4 millones.

A ello se suman déficits de 700,000 quintales de soya y 200,000 de arroz, además de una alta dependencia de importaciones: nueve de cada diez frutas y verduras y el 40 % de los granos básicos provienen del extranjero.

Treminio y Blanco coinciden en que se requiere una política agropecuaria clara que defina el rumbo del sector y lo reactive.

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También se deben crear subsidios para reactivar la producción de granos básicos y establecer una reserva estratégica que garantice la seguridad alimentaria de la población y reduzca la dependencia de las importaciones.

Finalmente, los entrevistados indican que diversificar la matriz productiva del país potenciaría la agricultura y aumentaría la producción de alimentos.

«Debemos utilizar las mejores tierras para la producción de alimentos. En este momento estas se utilizan o bien para monocultivo de caña o para grandes proyectos urbanísticos», advirtió Blanco.