La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) se encuentra a la expectativa de la publicación del estudio actuarial sobre el sistema de pensiones que el Gobierno debe presentar antes que finalice septiembre, como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos y Sociales de la ANEP, indicó que, si bien es difícil anticipar el contenido exacto del informe o si este será público, el punto principal que debe contener es que «el sistema de pensiones sea sostenible». Todo lo demás es considerado una discusión secundaria o «fuegos artificiales», pero la sostenibilidad es lo «relevante».

También mencionó que la nueva reforma de pensiones, prevista para febrero de 2026, debe tomar en cuenta el cambio demográfico «muy importante» que está sucediendo en El Salvador, pues el último censo reveló que la esperanza de vida ha aumentado y que la población de 50 años y más está creciendo, mientras que la población menor de 50 años está disminuyendo relativamente.

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«Estamos a la expectativa de conocer el contenido, sobre todo porque el censo del año pasado nos mostró que está sucediendo un cambio muy importante en la conformación de la población en El Salvador. Pareciera, que El Salvador desde 2015 ha empezado a deshabitarse», expresó.

Agregó que las proyecciones a largo plazo indican incluso que El Salvador podría llegar a tener «menos de 2 millones de salvadoreños». Ante esta realidad, apuntó que es fundamental que el estudio actuarial analice cómo se van a financiar las pensiones, ya que la demografía cambiante «debe cambiar la manera en que está diseñado y estructurado el sistema de pensión».

Jiménez consideró que el contenido del informe actuarial -un diagnóstico considerado clave para configurar un nuevo escenario en el sistema previsional- estará «muy relacionado con los requerimientos que le hará el Fondo Monetario Internacional al Gobierno» y que se espera que el Gobierno actúe en consonancia con lo que firmó.

Sobre el nivel de deuda asociado a las pensiones, cuyo saldo ya sobrepasó los $11,000 millones en agosto (según datos del Ministerio de Hacienda), el dirigente de la gremial indicó que el sistema se ha financiado con deuda «desde que se acabaron las reservas técnicas en el año 99, 2000». Señaló que esa fue una decisión tomada hace 20 años bajo el supuesto de que habría una reforma que permitiría al Gobierno pagar esos dineros con recaudación propia, pero esto no ha sucedido.

Respecto a las posibles medidas paramétricas de ajuste del sistema de pensiones (edad, tasa o monto de las pensiones), Jiménez opinó que «todas las cartas deben estar sobre la mesa», pero recordó que en El Salvador ha habido una opinión desde que se hizo la reforma en 1996 de no tocar la edad de jubilación.

Y enfatizó que existen «muchas maneras de no tocar la edad y hacer sostenible los sistemas de pensión». Una alternativa es crear incentivos para que la pensión de un individuo esté asociada a su saldo. Si el saldo se incrementa, se obtendrá una pensión mayor, y «no necesariamente tiene que hacer el ajuste por incrementar la edad».