El más reciente informe de la organización Acción Ciudadana revela lentitud y retrasos en los compromisos exigidos por el Fondo Monetario Internacional para mantener el programa de financiamiento por $1,400 millones.
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País incumple compromisos con FMI, advierte Acción Ciudadana
Pese a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un acuerdo de Servicio Ampliado por 40 meses y un monto de $1,400 millones, el Gobierno salvadoreño ha incumplido la mayoría de las medidas relacionadas con transparencia, gobernanza y rendición de cuentas.
Así lo señala el Primer Informe de Seguimiento sobre el Cumplimiento de Compromisos del FMI, elaborado por la organización Acción Ciudadana que revela graves vacíos de información, retrasos legislativos y falta de evidencia pública sobre la ejecución de reformas estructurales.
El informe fue elaborado entre agosto y septiembre de 2025, luego de la primera revisión oficial del FMI, que había concluido en julio del mismo año.
Aunque el Fondo reconoció avances macroeconómicos, como la promulgación de una nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal y la publicación parcial de datos financieros de empresas estatales, Acción Ciudadana concluye que la mayor parte de los compromisos de gobernanza y transparencia no se han cumplido o se ejecutan de manera parcial.
Cumplimiento limitado
El acuerdo aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI en febrero de 2025 tenía como objetivos principales fortalecer las finanzas públicas, recomponer las reservas internacionales, mejorar la estabilidad financiera y elevar los estándares de transparencia estatal.
Sin embargo, la investigación de Acción Ciudadana halló que varios de los compromisos verificados presentan incumplimiento total o parcial. En varios casos, no existe evidencia de medidas en curso ni de publicación de los documentos que el propio FMI exige.
Uno de los compromisos más relevantes del acuerdo con el Fondo fue la reforma de las compras públicas.
El FMI exigió al Gobierno limitar las excepciones a la Ley de Contrataciones Públicas y publicar los nombres y nacionalidades de los beneficiarios finales de todos los contratos adjudicados.
Asimismo, debía establecerse un procedimiento claro para los llamados «proyectos estratégicos», cuyas adquisiciones se realizan sin concurso.
El monitoreo de Acción Ciudadana encontró que este compromiso solo se ha cumplido parcialmente.
Además, no existe ningún registro público de beneficiarios finales de contratos y la información disponible en el portal Comprasal «es mínima y sin documentos de respaldo», cita el informe.
En materia de anticorrupción, el acuerdo con el FMI estableció la aprobación e implementación de una nueva Ley Anticorrupción y la creación de un Centro Nacional Anticorrupción.
El Gobierno cumplió parcialmente con la primera parte, la Asamblea Legislativa aprobó la ley en febrero de 2025, pero su implementación efectiva y la creación del centro especializado no se han concretado.
El informe también subraya la falta de independencia y recursos del principal órgano de control estatal.
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Pese a que el FMI pidió fortalecer la capacidad de auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR), no se ha evidenciado la publicación de estados financieros auditados de los ministerios ni de las empresas estatales, como exige la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Transparencia en retroceso
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), pieza clave para garantizar la transparencia, tampoco muestra señales de fortalecimiento.
Por el contrario, Acción Ciudadana detecta una reducción presupuestaria y pérdida de funciones de control. El instituto no realiza evaluaciones de desempeño a las instituciones obligadas desde 2020, y su portal web, aunque actualizado en 2025, no facilita un acceso expedito a la información pública.
En el ámbito fiscal, el Gobierno sí aprobó una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, pero lo hizo con retraso y sin debate legislativo, señala la organización.
El proyecto fue introducido el 9 de junio de 2025 y aprobado al día siguiente con dispensa de trámite, sin pasar por comisión ni discusión pública. Aunque formalmente se cumplió el requisito ante el FMI, el proceso careció de transparencia, cita el documento de Acción Ciudadana.
Respecto a la información financiera de empresas estatales, la organización explica que si bien el Ministerio de Hacienda publicó un documento con los estados financieros de 2020 a 2024, no existe evidencia de que estos informes hayan sido auditados por la Corte de Cuentas.
Los compromisos pendientes
El acuerdo también incluía compromisos específicos sobre la reducción del uso de Bitcoin en el sector público y el desmantelamiento de la participación estatal en Chivo Wallet.
El FMI había solicitado la publicación trimestral de los estados financieros relacionados con el fondo fiduciario Bitcoin.
Sin embargo, Acción Ciudadana verificó que no existe información disponible sobre dichos estados financieros ni sobre el proceso de cierre de operaciones de Chivo Wallet.
«No se encontró evidencia pública sobre medidas adoptadas para dejar de usar Chivo Wallet», indica el documento.
Por último, la revisión actuarial del sistema de pensiones, programada para septiembre de 2025, luego de una primera prórroga, no se ha realizado o al menos se desconoce si se entregó al organismo.
El balance general del informe de monitoreo indica que El Salvador no está cumpliendo o lo está haciendo a medias, con la mayoría de los compromisos de transparencia y gobernanza establecidos con el FMI.
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El incumplimiento de estos compromisos no solo compromete la credibilidad del país ante el Fondo, sino que podría afectar futuros desembolsos del programa de $1,400 millones y deteriorar la confianza de inversionistas y organismos multilaterales, concluye la organización.
Al cierre de esta nota, el gobierno salvadoreño no se había pronunciado sobre el informe de Acción Ciudadana.
