El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó, a través de un comunicado, que extenderá sus acciones legales contra su expresidente Dante Mossi.

El anuncio llega luego de la decisión de la Corte Federal del Distrito de Columbia, en EE.UU., que reconoció la jurisdicción personal sobre el expresidente del banco y confirmó el derecho del ente financiero a presentar acciones ante un tribunal estatal en ese país.

 «Es fundamental aclarar que esta decisión es estrictamente basada en un tecnicismo de carácter procedimental y no constituye, ni puede entenderse o interpretarse como un pronunciamiento sobre la inocencia del demandado, ni sobre el fondo de los hechos denunciados por el BCIE», dice la nota.

El BCIE reafirma en el comunicado del 25 de septiembre que la acción legal emprendida «responde a hechos considerados graves y nocivos que comprometen los valores institucionales, incluyendo la interferencia en relaciones estratégicas, uso indebido de recursos y afectación patrimonial». 

Añade que «como Institución Multilateral, el Banco mantiene su compromiso inquebrantable de salvaguardar la integridad institucional y proteger los intereses de sus países miembros».

En septiembre de 2024, el BCIE presentó una demanda civil en el Tribunal de Distrito de Columbia en EE.UU. contra Mossi. 

La demanda señala graves acusaciones en contra del exfuncionario por su presunta participación en actividades ilícitas durante su mandato entre 2018 y 2023.

Según el sitio web del BCIE, Mossi habría incurrido en incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita, incumplimiento de contrato y violación a la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), una legislación que se aplica a casos de crimen organizado y fraude.

Entre los señalamientos se mencionan irregularidades en préstamos durante la gestión del hondureño en el BCIE.

De hecho durante la administración del exfuncionario,  el gobierno de El Salvador desvió $200 millones de un préstamo de $600 millones del BCIE para usarlos en la implementación del Bitcoin, cuando los fondos estaban destinados para ayudar a las pequeñas empresas a sobrevivir a la pandemia, según reveló una investigación periodística internacional liderada por la entidad Proyecto de Reporteo del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés).