El gobierno no logra frenar el incremento de la deuda de pensiones. El nuevo récord de lo que el Estado debe al fondo de pensiones de los trabajadores superó los $11,000 millones en julio.

Según datos del Ministerio de Hacienda, hasta el séptimo mes de este año el saldo de la deuda de pensiones era de $11,070.6 millones, lo que equivale al 30.2% del Producto Interno Bruto (PIB).

El informe del perfil de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) de julio 2025 refleja que el gobierno acumulaba $2,675.8 millones en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP). 

Los COP son los instrumentos financieros creados a partir de la reforma de diciembre de 2022 para emitir nueva deuda. Dichos certificados son ofertados por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y deben ser adquiridos por ley por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con los ahorros de los cotizantes. Con ese dinero, el gobierno debe pagar las pensiones de los jubilados del antiguo sistema previsional del ISSS y ex Inpep.

Sin embargo, entidades internacionales, como Barclays -compañía de servicios financieros con sede en Londres- publicó un documento el año pasado en el que expresó sospechas de «que el sistema de pensiones está financiando al Gobierno a través de planes de préstamos a través del nuevo organismo de pensiones, ISP, y bancos comerciales».

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Además, al monto de los COP se suma la deuda acumulada antes de la reforma de pensiones y que asciende a $8,394.8 millones, la cual fue convertida a otros instrumentos financieros denominados Certificados de Financiamiento de Transición (CFT). Este saldo debía ser pagado a los trabajadores en 2023, pero la ley le permitió al gobierno un período de gracia de 4 años para no pagar capital ni intereses, por lo que ese plazo se vence en 2027 y deberá pagar dicha deuda que representa el 22.9% del PIB.

De la deuda total de pensiones, al gobierno de Nayib Bukele le corresponden $5,987.9 millones (hasta julio 2025), es decir que en poco más de seis años en el poder duplicó la deuda que habían acumulado los gobiernos anteriores con los trabajadores.

Y desde la vigencia de la reforma en enero 2023 hasta julio de 2025, la deuda creció $4,885.96 millones.

Patricio Pineda, dirigente de la Mesa por una pensión digna, señaló en declaraciones anteriores a El Diario de Hoy que el Fondo de Pensiones «va a perder más del 28% de valor» hasta el año 2027, debido a la última reforma, lo cual se suma al 65% que ya perdió desde 1998 a la fecha.

«Porque del patrimonio total del fondo -que anda por 16,000 millones- ya 11,000 millones están comprometidos en deuda. Esto es cerca del 65%. Entonces, esa cifra con el canje de la deuda puede dispararse a más del 80%, una cosa bien preocupante», apuntó Pineda.

Pero agregó que «por cada cuenta individual, si la persona llegase a cumplir requisitos allá por el 2058, habrá perdido más del 48% de valor, solo por este periodo en el que se han hecho malas decisiones en el manejo del fondo de pensión».

La imparable deuda con los trabajadores fue un punto de consulta en una encuesta divulgada en junio pasado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA) sobre la evaluación de los seis años del gobierno actual.

El estudio incluyó dos preguntas sobre el manejo de la deuda previsional y la mayoría de los encuestados, el 63%, expresó que desconoce que el gobierno ha tomado más de $11,000 millones del fondo de pensiones; y un 76% de los entrevistados dijo que estaba en desacuerdo con esa práctica.

Respecto a esa encuesta, Pineda externó preocupación que más del 60% de las personas desconozcan qué es la deuda de pensiones, pues seguramente la gran mayoría de quienes expresan desconocimiento, cotizan en alguna AFP. «Lo que implica que no saben el uso o el despilfarro que el gobierno está haciendo (con sus ahorros)», indicó.

De hecho, el informe de Hacienda que ahora incluye el saldo de la deuda de pensiones es parte de la transparencia que exigió el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo con el gobierno, pues como consecuencia de la reforma vigente desde enero de 2023, dicho ministerio no incluía en su reporte mensual del Perfil de la Deuda del SPNF el saldo adeudado al Fondo de Pensiones.

Septiembre es clave para trabajadores

Asimismo, como parte del acuerdo con el Fondo Monetario, el gobierno debe presentar una evaluación actuarial independiente del sistema de pensiones a finales de septiembre. La fecha inicial estaba prevista para fines de julio, pero la administración Bukele pidió una prórroga para este mes.

Según el documento publicado por el FMI en julio, como parte de la primera revisión del acuerdo, la fecha se prorrogó por «la necesidad de permitir más tiempo para estimar cuidadosamente los complejos regímenes de beneficios aplicables a las futuras cohortes de jubilados».

La publicación del estudio actuarial es un requisito clave dentro del programa del FMI para liberar fondos y es un paso fundamental para fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

Está previsto que el gobierno presente una nueva reforma previsional antes del 10 de febrero de 2026.

«Se espera que una reforma integral del sistema de pensiones se implemente a principios de 2026 para fortalecer su sostenibilidad financiera, contener los costos fiscales y las pasivos contingentes. Las autoridades planean adelantar esta reforma para generar los ahorros necesarios», dice en el documento del Fondo divulgado en julio.

El FMI también ha pedido a la administración actual «reducir la dependencia del financiamiento bancario y de los fondos de pensiones, y respaldar el crédito del sector privado».

«Se están desarrollando planes para una estrategia de deuda a mediano plazo y planes de endeudamiento anuales que aseguren una financiación adecuada para el sistema de pensiones y una diversificación apropiada de los activos de los administradores de fondos de pensiones privados», añade el organismo.