Entre enero y octubre de 2025, la deuda de pensiones aumentó en $715.2 millones, de acuerdo con las cifras más recientes del Ministerio de Hacienda, equivalentes al 30.7 % del PIB
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Deuda de pensiones alcanzó los $11,241.1 millones a octubre
La deuda previsional del país continúa ampliándose y ejerciendo peso dentro de las finanzas públicas del Estado.
A octubre de 2025, el compromiso del Gobierno con el sistema de pensiones ya equivalía a un 30.7 % del Producto Interno Bruto (PIB), confirmando que la carga previsional se mantiene como uno de los elementos de mayor presión sobre la sostenibilidad fiscal.
En el contexto de la deuda pública total, el componente previsional representa el 34 %, una proporción que ha crecido de manera constante en los últimos años.
El Ministerio de Hacienda confirmó que entre enero y octubre la deuda relacionada con el sistema de pensiones aumentó en $715.2 millones.
Este incremento llevó el saldo total hasta $11,241.1 millones, cifra que representa el 30.7 % del Producto Interno Bruto y marca un nuevo nivel histórico para esta obligación.
El crecimiento responde a la necesidad del Estado de buscar más recursos para atender los compromisos previsionales, desde las obligaciones con los jubilados del antiguo sistema público hasta los pagos que deben hacerse a las AFP como parte del esquema vigente.
Buena parte de esta deuda está concentrada en dos instrumentos específicos, los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) y los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP).
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Los CFT suman ya $8,394.2 millones, mientras que los COP alcanzan los $2,846.9 millones, estos últimos, que son los instrumentos de deuda emitidos por el Estado salvadoreño a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) para financiar el sistema público de pensiones, aumentaron solo entre septiembre y octubre 171.1 millones.
Ambos son emitidos por el ISP y, por ley, deben ser adquiridos por las Administradoras de Fondos de Pensiones, lo que convierte a los ahorros de los trabajadores en el principal respaldo del financiamiento previsional del Estado.
La posición del FMI
El uso de los COP y los CFT se explica por la necesidad de cubrir las pensiones del sistema público anterior, cerrado a finales de los años noventa.
Desde abril de 2023, los COP han sumado $2,846.9 millones, mientras que los CFT, modificados por una reforma de diciembre de 2022, reciben un tratamiento particular, durante cuatro años no generan intereses ni requieren amortizar capital.
Esta medida alivió el flujo de pagos del Gobierno en el corto plazo, pero también acumuló un saldo considerable que deberá enfrentarse en el futuro.
Este diseño financiero ha generado observaciones de organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) por ejemplo, en sus más recientes evaluaciones, advirtió que la reforma provocó una fuerte concentración del ahorro previsional en deuda estatal.
El Fondo también alertó sobre una tendencia emergente en el sistema privado, el uso de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) para financiar pensiones cuando los afiliados han agotado sus ahorros individuales.
Aunque la CGS fue diseñada como un fondo de respaldo, el organismo considera que su uso creciente podría llevarla a agotarse alrededor de 2027 si no se realizan ajustes.
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El organismo ha recomendado la urgente necesidad de una reforma integral de pensiones que establezca una trayectoria sostenible tanto para los ingresos del sistema previsional como para sus obligaciones futuras.
Este llamado coincide con compromisos ya asumidos por el Gobierno salvadoreño en su acuerdo de financiamiento por $1,400 millones firmado con el FMI.
Entre esos compromisos está la reforma previsional que debe estar lista en febrero de 2026, una fecha que permanece vigente, pese a que se desconoce si el estudio actuarial, clave para esta reforma, ya fue presentado.
El estudio debió presentarse en septiembre de 2025, pero no se ha divulgado si el gobierno lo presentó o si se encuentra trabajando en ese informe.
El aumento de la deuda previsional también se refleja en la deuda pública total, que ya supera los $32,664.1 millones, equivalentes al 89.2 % del PIB.
