El Salvador elevó la deuda estatal con los fondos privados de pensiones, alimentados por los trabajadores, en más de $396 millones entre enero a julio de 2025, con lo que supera los $10,922 millones el total de la deuda, según las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR) consultadas este martes por EFE.

Las cifras oficiales, que el BCR retoma del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), indican que la deuda total pasó de $10,525.96 millones en diciembre de 2024 a $10,922.57 millones en julio pasado.

La deuda subió $46.44 millones en enero, $47.34 millones en febrero y $77.37 millones en marzo. A esto se suma que en abril añadieron $44.72 millones y $47.36 millones mayo. El mes que más incremento de la deuda ha registrado es junio con $87.63 millones, mientras que en julio sumaron $45.75 millones para un total de $396.61 millones en siete meses.

VER: Calificadora S&P advierte que se agotará la reserva de pensiones

Estos recursos, que el Gobierno estaría usando para el pago de pensiones de los jubilados del sistema público abandonado a finales de la década de 1990, los toma mediante unos títulos valores que emite el ISP y que las administradoras de fondos de pensiones (AFP, privadas) están obligadas por ley a comprar.

Esos instrumentos, llamados Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), suman desde abril de 2023 a la actualidad un total de $2,527.80 millones.

A eso se añaden $8,394.77 millones de Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que no pagan capital ni intereses por cuatro años desde una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), en diciembre de 2022.

Esta reforma, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevó a que el 89 % de los activos bajo la administración de las AFP, que para 2024 llegaron a $14,900 millones, se mantengan «en títulos de deuda pública, ya sea directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras».

El FMI ha advertido que las pensiones del sistema privado han comenzado a pagarse con los recursos de la Cuenta de Garantía Solidaría (CGS), que es «un fondo común para los afiliados de las AFP», que se utiliza cuando los pensionados agotan los recursos de su cuenta individual.

Esos fondos, ha dicho el FMI, se «agotarían alrededor de 2027», por lo que «es necesaria una reforma integral del sistema de pensiones», advierte. 

También la calificadora de riesgo Standard and Poor’s (S&P Global) señaló el mes pasado en su más reciente informe sobre El Salvador, en el que actualizó la nota crediticia del país, que «prevemos que el fondo solidario del sistema de pensiones de contribución definida agote sus reservas durante nuestro horizonte de pronóstico».

La agencia se refiere a la CGS, la cual es parte del Fondo de Pensiones y se nutre en gran parte de las cotizaciones de los trabajadores afiliados a las AFP, mediante el 6% de las cuotas que les descuentan mes a mes. 

Antes de la reforma de diciembre de 2022, el Estado aportaba dinero del presupuesto a la CGS, pero con el cambio a la ley esa obligación quedó eliminada. 

Asimismo, S&P confirmó que el gobierno ha tomado prestado buena parte de las cotizaciones de los empleados. «Los activos de pensiones de contribución definida bajo gestión representaron el 46% del PIB en 2024, de los cuales el 80% se prestó al gobierno», dice en el informe.

Ante este panorama, el Fondo Monetario acordó con el gobierno que este mes debe presentar un estudio actuarial del sistema de pensiones, con miras a una reforma en 2026.