Luego de dos horas de reunión a puerta cerrada, en la que estuvieron presentes más de una veintena de miembros del Consejo Superior del Trabajo del sector trabajador, empleador y del Gobierno, el presidente del ente tripartito y ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció los acuerdos alcanzados.

Castro detalló que uno de los más importantes es el informe preliminar sobre el sector informal en el país, el cual va de la mano de uno de los siete ejes prioritarios que tiene el Consejo, es decir la transición de la informalidad a la formalidad. Ese documento será enviado al Presidente de la República para su revisión.

El informe incluirá un apartado donde se plantea la necesidad de solicitar a la Banca privada la ampliación de créditos e incentivos para los pequeños y medianos emprendedores (mypes). 

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Según el más reciente informe del Observatorio Mype de la Fundación para el Desarrollo Integral (Fusai) de 2024, seis de cada diez propietarias de pequeñas y medianas empresas en El Salvador consideran que obtener crédito bancario sigue siendo «una tarea difícil o muy difícil debido a su precariedad financiera».

De acuerdo al mismo documento, las razones más citadas por las empresarias que enfrentan esta barrera incluyen un mal historial crediticio (42.1%), la falta de un historial crediticio (34.9%) y la acumulación de deudas (24.5%).

Castro explicó que en el actual sistema bancario hay ciertos requisitos que calificó de «barreras» que limitan el acceso a financiamiento para quienes están en el sector informal del trabajo.

«El estudio arroja que la norma actual no permite que la banca privada y pública puedan facilitar líneas de créditos a las personas que están en el mundo de la informalidad. Eso estimula y propicia para que llegue el agiotista y se aproveche de ellos. Los emprendedores al no tener otras alternativas optan por prestarles a ellos, aunque tengan altos intereses», indicó Castro.

El ministro reiteró que dentro del estudio que se ha hecho se proponen algunas alternativas que podrían ampliar y mejorar el acceso de los pequeños y medianos empresarios a financiamientos, sin afectar al sistema bancario.

El funcionario incluso citó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que tiene dentro de sus programas apoyo a sectores informales y que podría impulsar incentivos para los bancos que beneficien a los pequeños emprendedores.

Castro detalló, además, que dentro del informe se incluye la necesidad de mejorar a nivel estatal la información de proyectos para pequeños empresarios para garantizar que los beneficios lleguen a todos, sin importar el tamaño del emprendimiento.

Y finalmente, el presidente del CST, destacó que se plantean estrategias para reducir la burocracia que implica a una persona informal pasar al mundo de la formalidad, para incentivarlos a realizar ese proceso.

Datos de Fusai indican que alrededor del 76% de las micro y pequeñas empresas del país operaban en 2024 bajo la informalidad, pese a generar miles de empleos.

El informe del Observatorio Mype en 2024 también reveló que solo tres de cada 10 mypes se han podido formalizar, aunque muchas más han tenido la intención de hacerlo. Según una encuesta hecha a más de 1,000 emprendedores, hasta el 47.2% lo ha intentado sin éxito.

Ampliar periodo de sindicatos

En la segunda reunión del ente tripartito también se acordó ampliar por un periodo de tres años la permanencia de las juntas directivas de los sindicatos. Según Castro, eso es porque la Organización Internacional de Trabajo (OIT) así se los recomendó.

Además se buscaría ampliar el período para equiparar el tiempo que permanecen estas directivas con el plazo del CST.

Castro advirtió que este cambio podría incluir una reforma al Código de Trabajo y a la Ley de Servicio Civil, pero se espera la decisión por parte del Ejecutivo.

Otro de los puntos acordados de manera unánime, según dijeron los representantes del CST, es que todos los conflictos que se generen dentro de las empresas o fábricas textiles se resuelvan sin trascender a organismos internacionales.

«En una reunión que se tuvo con todo el movimiento sindical de la industria textil y el sector empleador se discutió que muchas veces las marcas o los organismos internacionales les preguntan a los dirigentes sindicales si se les están respetando los derechos y a veces puede haber algún hallazgo mínimo y lo hacen ver grande y puede solo ser un malentendido», matizó el ministro.

Castro detalló que se acordó que «todo se va a arreglar internamente en el país para mandar un mensaje de que somos una nación unificada entre todos los sectores», aclaró.

La declaración del ministro ocurre luego de las denuncias que sindicalistas y del sector empleador presentaron ante la OIT por las cuales Castro fue citado en Ginebra, Suiza, en junio de este año.

«Si hay algunas diferencias de enfoque, malas interpretaciones o algo parecido, se van a agotar las últimas instancias en el Ministerio de Trabajo, acá se va a arreglar y si no se puede, pues entonces se lleva a nivel internacional», aseguró el funcionario.

También indicó que se discutió la posibilidad de aumentar las facilidades de exportación de la maquinaria para la industria textil. «Se sacó un acuerdo este día de simplificar los trámites, desburocratizar todo este proceso y permitirle un nivel de flexibilidad muy grande a la industria textil, para ayudarles a mejorar el tema del desarrollo económico», explicó Castro.

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 El vicepresidente del Consejo, Jorge Arriaza, señaló que como sector empleador se sentían complacidos de los acuerdos alcanzados.

«Creo que estamos avanzando en una agenda gracias a la buena voluntad, a la decisión tanto del Gobierno de El Salvador, el Estado, como el sector laboral y el sector empresarial. Seguro vamos a dar resultados a corto plazo positivos», dijo Arriaza.

Los miembros del Consejo informaron que la próxima reunión del Consejo será el 14 de octubre, en la cual se espera que la Presidencia haya revisado las propuestas y dar el siguiente paso.