La CIDH ya ha otorgado medidas de protección a favor de cuatro salvadoreños deportados y encarcelados en El Salvador. Este caso podría convertirse en el quinto en recibir medidas cautelares.
La CIDH ya ha otorgado medidas de protección a favor de cuatro salvadoreños deportados y encarcelados en El Salvador. Este caso podría convertirse en el quinto en recibir medidas cautelares.

El 25 de noviembre finalizó el plazo de siete días que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado salvadoreño para que brindara información sobre el paradero de Élmer Antonio Escobar, un salvadoreño deportado de Estados Unidos en marzo de este año junto a un grupo de venezolanos.
La Comisión envió un escrito el 18 de noviembre dirigido a la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, en el que pidieron al Estado de El Salvador se pronunciara sobre la solicitud de medidas cautelares a favor de Escobar, que actualmente están en trámite en la CIDH.
En esta comunicación, el organismo internacional dio el plazo de siete días para que El Salvador aportara información relevante con respecto al caso.
La Comisión pidió a las autoridades salvadoreñas que indiquen el paradero de Escobar y que confirmen si se encuentra bajo custodia del Estado.

“De encontrarse privado de su libertad, detallar: en qué centro de detención se encuentra recluido; su estado actual de salud y cuáles son las condiciones de detención del propuesto beneficiario, así como las posibilidades de que tengan visitas familiares y abogados de confianza”, fueron parte de las peticiones de la CIDH.
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El Diario de Hoy contactó a familiares de este salvadoreño para confirmar si el Estado respondió a la CIDH y aseguraron que el Estado no les respondió, al menos hasta este 26 de noviembre la abogada no ha recibido una notificación nueva.
También se consultó a la unidad de prensa de Cancillería para obtener más información sobre este caso; pero tampoco hubo una respuesta.
Este medio de comunicación ha documentado el caso de seis familias que reportaron la desaparición de sus familiares deportados. De estos, cinco han sido denunciados ante la CIDH. Hasta la fecha, este organismo ha otorgado medidas cautelares a favor de cuatro de ellos y Escobar podría ser el quinto.
La de Élmer es otra historia de salvadoreños que, según sus familias, fueron deportados de Estados Unidos al país y de quienes no existía información oficial o registro de que se encontraran recluidos en algún centro penitenciario.
“Tengo miedo de que me vayan a mandar al CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo)”, fueron las palabras que Elmer dijo a su tío, durante una llamada realizada a finales de marzo de 2025, mientras estaba en un centro de detención en Estados Unidos.
Para ese entonces, Elmer ya tenía una orden y sentencia de Migración entregada el 20 de marzo, luego de ser detenido la segunda semana de febrero. “Él perdió su Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que era el estatus temporal que tenía y, pues, prácticamente Migración lo arrestó”, dijo a El Diario de Hoy el tío de Élmer, quien ha estado pendiente de su caso desde que fue arrestado.

La familia de Élmer narró que mientras él estuvo detenido siempre se comunicaba con ellos, pero que a finales de marzo les sorprendió que aparecía que estaba recluido en Guantánamo Bay, una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.
El 31 de marzo de 2025, ya no había registro de Élmer en el sistema penitenciario del país norteamericano.
Un allegado a la familia les confirmó que, según los registros de la Dirección de Migración y Extranjería, Élmer vino a El Salvador en un vuelo proveniente de Estados Unidos el 31 de marzo.
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Desde ese momento, una tía de Élmer emprendió su búsqueda. En pocas semanas se enteraron que desde la Casa Blanca presentaron un reporte en el que informaron de un convenio entre Estados Unidos y El Salvador y que todos estos salvadoreños serían “presos que Bukele iba a tener detenido a cambio de dinero”.
Élmer enfrentó un cargo por violación en Estados Unidos, pero un juez le declaró la libertad y no fue sentenciado por ningún delito grave, solamente por abuso de alcohol.
La tía de Élmer vive en El Salvador y se ha encargado de visitar diferentes centros penales; han enviado escritos a la Fiscalía y a la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
En esta última institución le respondieron el 25 de septiembre pasado que “según consta en el sistema de información penitenciaria SIPE, la persona antes mencionada según nombre proporcionado, no posee registros penitenciarios”.
En agosto pasado, la abogada contratada por la familia presentó un habeas corpus a la Sala de lo Constitucional. Los magistrados respondieron el pasado 1 de octubre y pidieron argumentar más la petición.
Un familiar cercano a Élmer aseguró que a pesar de no tener un documento oficial que diga dónde está su sobrino, ellos confirmaron que se encuentra recluido en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana, luego que Bukele difundió un video con el que intentó desmentir que el salvadoreño Kilmar Ábrego, deportado por error a El Salvador, denunciaba que fue torturado en el CECOT.
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