El ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, declaró que dicha nación aceptaría a Kilmar Ábrego, el salvadoreño que fue deportado por error y que estuvo recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador.
Esto contradice la afirmación de la administración del gobierno de Trump, que puso en duda que esa posibilidad siguiera vigente, y que insistió, en audiencia la semana pasada, que el único destino posible para deportar al inmigrante sería Liberia, en África Occidental.
Zamora Cordero declaró al medio estadounidense The Washington Post que había informado a la Embajada de Estados Unidos en San José en agosto que el gobierno aceptaría a Ábrego por razones humanitarias y le otorgaría la residencia legal.
Pero, además, reiteró que Costa Rica cuenta con los más altos estándares de derechos humanos y que recibiría a Abrego en condiciones humanitarias que garanticen el pleno respeto de sus derechos y libertades.
«Esa posición que hemos expresado en el pasado sigue vigente y sin cambios hasta el día de hoy», declaró Zamora Cordero en un comunicado en respuesta al medio citado.
Desde hace varias semanas, la jueza del distrito de Maryland, Paula Xinis, analiza la petición de Ábrego, quien argumenta que su reclusión en Estados Unidos continúa siendo ilegal, según reportó CNN.
Durante las audiencias recientes, incluyendo una celebrada el jueves en la corte federal de Greenblet, Xinis expresó inquietudes claras sobre la postura del gobierno, mostrando apertura hacia los planteamientos de la defensa.
La trayectoria del caso ha sido errática. En un inicio, las autoridades identificaron tres países africanos como posibles receptores, pero finalmente ninguno aceptó. Más recientemente, el ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) afirmó que planea enviarlo a Liberia, una idea que generó sorpresa y preocupación en Xinis, quien consideró que enviarlo a una nación con la que no tiene ningún vínculo «lo dejaría completamente aislado de todo y de todos lo que conoce».
La jueza también cuestión el jueves la negativa del gobierno a reactivar gestiones con Costa Rica, país que anteriormente manifestó disposición a recibir al salvadoreño y otorgarle un estatus legal.
«¿Por qué el gobierno se interpone a eso?», cuestionó Xinis a una abogada del Departamento de Justicia.
Y es que un funcionario de ICE testificó que Costa Rica no estaría ya de acuerdo con recibirlo sin nuevas negociaciones, pero la jueza señaló que no existe evidencia concreta que respalde esa afirmación.
La declaración de Zamora Cordero que publica The Washington Post contradice la versión de ICE y deja en claro que Costa Rica sigue siendo un destino posible para el salvadoreño.
En un informe legal presentado el 7 de noviembre, el Departamento de Estado dijo que Costa Rica no lo aceptaría «sin más negociaciones y, probablemente, compromisos adicionales por parte de Estados Unidos».
«Es importante destacar que el Departamento de Estado informa que la República de Liberia es el único estado dispuesto a aceptar al peticionario sin más negociaciones ni compromisos adicionales por parte de Estados Unidos», escribieron los abogados.
Pero esta tesis, de la que ya dudaba Xinis, ha quedado desbaratada por las declaraciones de Zamora Cordero, quien puntualizó que Costa Rica no ha exigido más negociaciones.
Abrego, de 30 años, es un inmigrante indocumentado que vivía en Maryland con su familia. Fue arrestado por agentes federales de inmigración en marzo y, desde entonces, ha entrado y salido de prisiones en Estados Unidos y en El Salvador. Primero, EE. UU. lo deportó en ese mes de marzo a El Salvador, pese a la orden judicial de 2019 que lo prohibía debido a que podría enfrentar persecución por parte de pandillas.
En abril, Xenis ordenó al gobierno facilitar el regreso de Ábrego a Estados Unidos, pero esto se realizó hasta junio, y solo cuando los fiscales federales lo habían acusado formalmente por tráfico de personas, cargo por el que Ábrego se ha declarado inocente.
Deste entonces, ha estado en detención migratoria mientras que el gobierno de Trump intenta deportarlo a otro país.
Mientras la defensa insiste en que el gobierno no tiene la capacidad legal de mantenerlo detenido indefinidamente, la jueza Xinis deberá determinar si la falta de un país dispuesto a recibirlo convierte su reclusión en una violación constitucional. La decisión, que podría sentar un precedente en casos similares, se espera en los próximos días. Pero el hecho de que Costa Rica se pronunciara de nuevo como dispuesto a recibirlo abre otro panorama.
