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El final de la narco-tiranía en Venezuela

Lo cierto es que, según el Secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, Maduro «no es un líder legítimamente electo» y está formalmente acusado de narcotráfico. Con el marco legal listo, las operaciones contra estructuras delictivas, sanciones calibradas, restricciones petroleras y acciones encubiertas podrían acelerarse en cuestión de días.

MIREYA RODRÍGUEZ thumbnail

La tragedia venezolana del último cuarto de siglo está, finalmente, por concluir. Tras el masivo y descarado fraude electoral de julio de 2024 y el desconocimiento interno e internacional del régimen de Nicolás Maduro, hoy convergen factores políticos, geopolíticos y de naturaleza criminal sin precedentes. Finalmente, Estados Unidos ha reposicionado a Venezuela como un problema prioritario de seguridad hemisférica.

El llamado Cartel de los Soles que lidera Maduro, Cabello y la cúpula militar es la estructura criminal más fuerte, nefasta y peligrosa de América Latina porque se apoderaron, literalmente, del Estado Venezolano y de sus instituciones gobernando por la fuerza bruta habiendo, literalmente, destruido a Venezuela.

Después de liderar el más alto PIB per cápita en América Latina, un cuarto de siglo después ocupa uno de los últimos lugares. La pobreza afecta a mas del 85% de la población, la pobreza extrema a más del 50% y la inflación de 400% es la mayor del mundo. Maduro, Cabello y la cúpula militar realizaron el mayor desfalco a un pueblo en la historia: más de 300 mil millones de dólares robados, provocando además el éxodo de más de 8 millones de venezolanos, mas del 25% de la población en apenas ocho años.

Para entender el quiebre de la situación actual hay recordar que en los últimos años el régimen incumplió sistemáticamente los acuerdos mediados por Noruega e incluso con el Vaticano, donde se comprometió a permitir elecciones libres si EE. UU. levantaba sanciones y permitía la reactivación petrolera liderada por Chevron. Washington cumplió, pero Maduro usó el alivio para recomponer su maquinaria represiva y preparar el fraude electoral más descarado de la historia.

En ese contexto, la administración Trump ha intensificado drásticamente su lucha contra el narcotráfico en el Caribe en los últimos meses y particularmente contra el narco-Estado venezolano, desplegando un gran contingente militar: unos 4,000 agentes, entre infantes de Marina, barcos de guerra, aviones y drones para reforzar sus operaciones marítimas y aéreas. Además, creó una Fuerza de Tarea Conjunta bajo el Comando Sur para coordinar interdicciones, inteligencia y patrullas. Esta operación se llama operación Lanza del Sur. El despliegue incluye, de manera inusitada, la presencia del portaaviones USS Gerald R. Ford, otros buques de guerra y unidades aéreas en el Caribe.

La inminencia de dicho despliegue ha tenido diversas reacciones a nivel interno, según la posición y el interés de cada actor político:

Para la nueva mayoría —encarnada en el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González — la operación confirma algo que llevan años afirmando: sin presión internacional sostenida, el régimen no cederá. Más aún cuando, pese a la represión, los vetos y el uso descarado del Estado, el candidato opositor obtuvo más del 65% de los votos y la oposición logró resguardar y sacar las actas del país, entregándolas a la OEA y protegiéndolas hoy en el Banco Central de Reserva de Panamá. La comunidad democrática internacional reconoció al nuevo presidente electo, mientras el régimen fabricó resultados falsos, profundizó la persecución y reactivó una ola de brutalidad política para sostenerse.

La oposición colaboracionista insiste en rechazar cualquier acción de fuerza que pudiera ser impulsada por Estados Unidos y por el presidente Trump. Son grupos políticos que han optado por sobrevivir dentro del narco-régimen, negociando su permanencia a cambio de cuotas vacías de poder. Saben que quedarán descolocados políticamente en un escenario de transición real. La operación los deja sin discurso y sin rol porque la solución ya no se juega en el tablero institucional que ellos administraban, sino en un tablero de seguridad continental. El despliegue militar estadounidense desmonta su narrativa y su utilidad. Su apuesta por convivir con el narco-Estado queda anulada.

Para Maduro y su círculo de poder, la operación Lanza del Sur es una amenaza existencial. Saben que EE. UU. no solo está golpeando rutas de narcotráfico, sino afectando las bases criminales que sostienen financieramente al Cartel de los Soles, a las facciones militares que lo respaldan y al régimen mismo. Por eso intentan reactivar un nacionalismo artificial para justificar militarización, represión preventiva y llamados vacíos al diálogo. Sin embargo, toda credibilidad se agotó: ya no existe ninguna ventana real de negociación.

En la Fuerza Armada, la presión se siente aún más. Conviven las facciones criminales, un pequeño sector institucionalista que busca una salida y mandos medios vulnerables al colapso interno. El terror ejercido por operadores cubanos y rusos intenta contener cualquier fractura o deslealtad.

Para la ciudadanía, el sentimiento mezcla esperanza, miedo y agotamiento. El país se sostiene únicamente a sangre y fuego, mediante el dominio de las armas y el uso sistemático de la fuerza militar contra una población indefensa, sin la cual el régimen colapsaría. El venezolano común, sólo se pregunta: ¿está por fin cerca el final del sufrimiento?

En un escenario político, lo ideal sería que la presión militar indujera rupturas internas entre las facciones del poder, facilitando una salida negociada. Pero en Venezuela no se opera bajo lógicas políticas, sino con lógicas criminales: ante la amenaza de cárcel, los jefes del cartel prefieren ejercer la violencia antes que entregar el poder. A ello, se sumarán pugnas internas y fracturas entre sus facciones, aprovechando el caos generado por las acciones militares o de inteligencia que se proyectan, por lo que es esperable una etapa de enfrentamientos internos antes de que se articule una transición estable.

Lo cierto es que, según el Secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, Maduro «no es un líder legítimamente electo» y está formalmente acusado de narcotráfico. Con el marco legal listo, las operaciones contra estructuras delictivas, sanciones calibradas, restricciones petroleras y acciones encubiertas podrían acelerarse en cuestión de días.

Si se generan daños colaterales, será clave un manejo narrativo que proteja a la nueva mayoría liderada por María Corina Machada y el presidente Edmundo González, recordando que el objetivo es desmantelar redes criminales, no castigar al pueblo. También será esencial asegurar que, una vez debilitada la estructura represiva, la oposición legítima pueda controlar territorio, contener la violencia e iniciar la transición y la reconstrucción del país.

Y es precisamente ahí donde se abre la posibilidad real del cambio: si la fuerza represiva se neutraliza —por quiebre interno, presión internacional o ambas— el pueblo respaldará masivamente al nuevo presidente electo, la comunidad internacional acompañará el proceso y Venezuela podrá acceder a recursos vitales para iniciar una reconstrucción larga y llena de complejos desafíos.

La operación político-militar es curso es el preludio de un reacomodo político estratégico profundo en la región, el inicio de un cambio que por años parecía imposible. Y será el final de la narcodictadura venezolana con sus enormes e inmediatas consecuencias para América Latina.

PhD Economía del Trabajo, exparlamentaria y

analista política venezolana residente en El Salvador.

@mireyarodriguez27

Autora del primer libro sobre el liderazgo de María

Corina Machado, “La mujer que venció al dictador” (2024)

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