Los últimos datos del Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda confirman un nivel de endeudamiento público que absorbe casi toda la capacidad productiva del país y limita el margen fiscal para invertir en Salud, Educación y Seguridad , entre otros rubros.

A octubre, el Producto Interno Bruto salvadoreño (PIB), es decir, el tamaño de nuestra economía, ascendía a $36,602.1 millones y en un valor peligrosamente cercano, la deuda pública sumó $32,664 millones, un 89.2% del PIB.

En términos sencillos, por cada cien dólares que genera la economía, el Gobierno debe noventa. El país se encuentra, por tanto, en un punto de deuda históricamente elevado y con un ritmo de incremento que no muestra señales de moderación.

Solo entre enero y octubre de 2025, el saldo de la deuda pública se incrementó en $1,766 millones, comparado con el cierre de 2024, cuando el monto total era de $30,098.1 millones, equivalente entonces al 87.5 % del PIB.

La tendencia alcista también se refleja en la deuda de mediano y largo plazo, de diciembre 2024 a octubre 2025, la deuda avanzó $ 1,116 millones, un crecimiento mensual significativo.

Deuda externa, la mayor presión

Si se revisa a detalle el endeudamiento total, la deuda externa continúa siendo la fracción más abultada. A octubre, esta alcanzó $14,509.7 millones, equivalentes al 39.6 % del PIB y un aumento de 1,587.3 millones respecto a diciembre de 2024.

Por su parte, la deuda interna sumó $5,620.7 millones, lo que corresponde al 14.1 % del PIB.

El peso de inversionistas privados sobre la deuda se mantiene elevado, 56.2 % del total está en manos de este tipo de acreedores.

A esto se suma que el 34 % del endeudamiento tiene tasas de interés de entre el 6% y el 8 %, y al menos una tercera parte, mayores al 9% de interés, una situación que aumenta los costos fiscales y complica la sostenibilidad a mediano plazo.

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Solo la deuda sin pensiones, obligaciones de corto, mediano y largo plazo, pasó de $20,372.2 millones al cierre de 2024 a $21,423 millones en octubre de 2025, lo que representa el 58.5 % del PIB y un aumento de $1,050.8 millones.

A estas obligaciones se suman los instrumentos de corto plazo, por ejemplo, las Letras del Tesoro (LETES) que sumaron $1,186.5 millones, los Certificados del Tesoro (CETES) que alcanzaron los $106.1 millones.

Al desglosar por tipo de acreedor, el país mantiene compromisos por $11,307.9 millones (56.2 %) con inversionistas, $7,316 millones (36.3 %) con organismos multilaterales, le debe $1,078.3 millones (5.4 %) al Banco Central de Reserva, $348.5 millones (1.7 %) a entes bilaterales y $79.7 millones (0.4 %) a otros acreedores.

La estructura de vencimientos también plantea riesgos para el endeudamiento, ya que alrededor del 25 % de la deuda se vence en los próximos cinco años y el 22 % vence entre seis y diez años.

Esto implica presiones de liquidez significativas, especialmente en un contexto donde el país sigue recurriendo a financiamientos para cubrir brechas fiscales y obligaciones previsionales.

El informe de Transparencia de Hacienda desglosa los intereses pagados por la deuda pública y detalla que el 34 % de los préstamos tiene tasas entre 6 % y 8 %, el 24 % paga tasas del 9 % y el 19 % se ubica entre 8 % y 9%.

Estos costos limitan el margen para impulsar el crecimiento económico, invertir en programas sociales y financiar infraestructura clave. También obligan al Gobierno a buscar nuevas fuentes de ingresos o refinanciar obligaciones existentes.

Deuda de pensiones, una carga creciente

Una parte sustancial del incremento de la deuda pública proviene de las obligaciones previsionales, cuya dinámica ha acelerado la presión fiscal en los últimos años.

Hasta octubre de 2025, la deuda por pensiones alcanzó $11,241.1 millones, equivalente al 30.7 % del PIB y un aumento de 715.2 millones respecto al cierre de 2024.

Este incremento ha sido impulsado por la emisión de instrumentos utilizados para financiar la transición del sistema previsional. Entre ellos, los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) de los que se adeudan $8,394.2 millones y los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) que suman $2,846.9 millones en deuda.

Estos instrumentos representan compromisos directos del Estado con el sistema de pensiones y se han convertido en uno de los elementos más sensibles dentro de la estructura de deuda del país.

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El uso de los COP y los CFT se explica por la necesidad de cubrir las pensiones del sistema público anterior, cerrado a finales de los años noventa.

La carga previsional no solo crece año con año, sino que también exige flujos de pago constantes, lo que reduce el espacio fiscal disponible para otras áreas esenciales del gasto público. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha insistido en la necesidad de una reforma previsional, porque el sistema actual es insostenible.

Analistas como el economista Rafael Lemus también han advertido en repetidas ocasiones sobre los efectos de mantener un aumento constante del endeudamiento en un país con espacio fiscal reducido.

El economista sostiene que esta tendencia «reduce el crecimiento económico y frena el desarrollo», pues restringe los recursos disponibles para sectores esenciales como educación, salud y obra pública.

El crecimiento acelerado de la deuda pública ocurre además en un periodo donde las necesidades de gasto público continúan en aumento y el país enfrenta desafíos como el pago de vencimientos próximos, el financiamiento del sistema previsional y la menor disponibilidad de crédito a tasas competitivas.

Un análisis elaborado por El Diario de Hoy en mayo de 2025 reveló que la deuda pública ha crecido casi un 70% durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.

Este ritmo de endeudamiento es más del doble del registrado en las dos administraciones anteriores y supera ampliamente otros periodos recientes.

En términos comparativos, el incremento de la deuda bajo la administración actual es un 243 % mayor que el registrado durante el gobierno de Mauricio Funes (2009–2014), cuando el endeudamiento subió $4,663.9 millones, según el informe de mayo.

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Actualmente, el 41 % de toda la deuda pública acumulada en el país corresponde a la administración vigente, una proporción que ilustra la magnitud de las obligaciones adquiridas en los últimos años y que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad futura de las finanzas públicas.

Los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, han advertido que mantener esta trayectoria sin ajustes significativos podría dificultar la estabilidad fiscal, encarecer el financiamiento futuro y comprometer la capacidad del Estado para atender necesidades básicas.

El Salvador afronta un cierre de 2025 con una economía en crisis, marcada una deuda pública que prácticamente iguala a su Producto Interno Bruto, tasas de interés elevadas y crecientes obligaciones previsionales.