Con votos de Nuevas Ideas, PCN y PDC, la Asamblea Legislativa aprobó este martes el traslado de las funciones y responsabilidades en el tema de personas con discapacidad y adultas mayores al Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), debido a que serán disueltos los consejos que son encargados en dichos temas.
Se reformó la «Ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado interno de El Salvador del 1 de enero de 1980 al 16 de enero de 1992»; y se aprobaron los decretos de “Ley de Disolución, Liquidación y Traslado de Funciones del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad” y de “Ley de Disolución, Liquidación y Traslado de Funciones del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor”.
Se establecerá una comisión liquidadora del CONAIPD y otra del CONAIPAM y se dará un plazo de seis meses para llevar a cabo el proceso. Pero desde que entren en vigencia los decretos, las funciones y responsabilidades del CONAIPD contempladas en la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad y las del CONAIPAM contempladas en la Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor serán transferidas al INABVE.
Cabe destacar que ambos consejos serán responsables de llevar a cabo la indemnización de su personal y todas las obligaciones laborales que resulten de la disolución.
«El Instituto será el encargado de administrar los programas de beneficios y prestaciones económicas y sociales de los beneficiarios inscritos en el Registro de Veteranos y Excombatientes del Instituto (Registro INABVE), en el Registro del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (Registro FOPROLYD), así como a las personas adultas mayores y personas con discapacidad que sean beneficiadas conforme a las disposiciones de esta ley y otros cuerpos normativos relacionados, coordinando y canalizando la concesión oportuna de los mismos en cumplimiento de su finalidad social», se establece en la reforma de la ley del INABVE.
Se le añaden atribuciones en el tema de personas con discapacidad y adultos mayores a su Junta Directiva, así como representantes de dichos sectores.
Y se crearán el Comité de Vigilancia de la Persona con Discapacidad y el Comité de Protección de la Persona Adulta Mayor con sus respectivas atribuciones.
Además, al INAVBE se le asignará el presupuesto de ambos consejos. En el caso del CONAIPD para 2026 se le asignaría $346,537. El presupuesto del CONAIPAM estaría dentro del Ministerio de Desarrollo Local, pero no se detalla como ente adscrito.
Ausencia de Tribunal Sancionador
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, reprochó que pese a que la Ley de Inclusión para Personas con Discapacidad entró en vigencia en enero de 2021 el gobierno no fortaleció al CONAIPD y que la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas aprobó siete prórrogas a la entrada en vigencia del Tribunal Sancionador, con la excusa que se harían reformas legales.
«Mientras todo eso pasaba, las personas con discapacidad y sus familias no han tenido una institución que les proteja, una institución que sancione los abusos y la discriminación que sufren», dijo Ortiz.
Comentó que el INABVE tiene otras cargas y no cuenta con la especialidad en el tema.
«Ahora pretenden que aceptemos y que hasta les aplaudamos y agradezcamos esta salida chueca e inconsulta, que se han sacado de la manga y que es el resultado de la falta de capacidad que han tenido en su gobierno en la gestión de este tema», añadió.
Por su parte, el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, aseguró que con estas modificaciones se beneficiará a los sectores de personas con discapacidad y adultos mayores.
«Se busca con estos decretos establecer una estrategia de centralización y optimización de las políticas sociales que están dirigidas a los grupos vulnerables de El Salvador», dijo.
