Los 252 venezolanos que estuvieron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), entre marzo y julio de este año, presuntamente, sufrieron tortura sistemática, violencia sexual, desapariciones forzadas, detención arbitraria y condiciones inhumanas de encierro, revela una investigación difundida el miércoles 12 de noviembre por Human Rights Watch (HRW) y Cristosal, organizaciones que velan por los derechos humanos de las personas.
“Llegaron al infierno” es el nombre del informe, que recoge el testimonio de cuarenta ex detenidos y de 150 familiares, abogados y testigos.
Los investigadores revisaron fotografías de lesiones, bases de datos de antecedentes penales, documentos relacionados con el estado migratorio de los venezolanos en Estados Unidos y datos publicados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre sus deportaciones.
La Universidad de California en Berkeley realizó la verificación de la información.
La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus Estrada, explicó ayer a El Diario de Hoy que la investigación está siendo compartida con todas las cancillerías de la región.
“Adicionalmente estamos colaborando con litigantes en Estados Unidos para que esta evidencia sea incorporada en varios de los litigios”, dijo.
🚨 Venezolanos deportados por el gobierno de Trump a El Salvador fueron víctimas de tortura, desaparición forzada y violencia sexual.
Un nuevo informe de HRW y @Cristosal documenta estos abusos sistemáticos.
Diferentes medios internacionales, como la cadena CNN y El País, hicieron eco ayer mismo de los hallazgos de la investigación.
“El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Trump, es señalado de complicidad: pagó al menos 4.7 millones USD a El Salvador para cubrir los costos de detención. Deportó personas que habían solicitado asilo y superado su entrevista de ‘miedo creíble’, y violó el principio internacional de no devolución (non-refoulement)”, expone la investigación, que fue realizada entre el 21 de marzo y el 2 de septiembre de 2025.
Mientras que calificó al gobierno salvadoreño de ser “responsable directo de las torturas, ejecuciones extrajudiciales y malos tratos cometidos por guardias y unidades antidisturbios del sistema penitenciario”.
Lo anterior por presuntas golpizas diarias y castigos por infracciones menores, violencia sexual en al menos tres casos detallados, negación de comida, atención médica y condiciones higiénicas.
Las infracciones menores iban desde hablar en voz alta, ducharse en el momento equivocado y solicitar asistencia médica.
En su momento, el gobierno de El Salvador y Estados Unidos señalaron que al menos 137 venezolanos pertenecían a la banda criminal denominada Tren de Aragua, que ha sido designada, por el país norteamericano, como organización terrorista extranjera.
“Human Rights Watch y Cristosal descubrieron que aproximadamente la mitad de los venezolanos enviados al CECOT no tenían antecedentes penales, y solo el 3 por ciento había sido condenado en Estados Unidos por un delito violento o potencialmente violento. Verificaciones de antecedentes adicionales mostraron que muchos no habían sido condenados por delitos en Venezuela u otros países latinoamericanos donde habían vivido”, reporta otra parte de la investigación.
Adicionalmente, indica que familiares y abogados dijeron que al menos 62 de los venezolanos fueron expulsados en medio de su proceso de asilo en Estados Unidos y a pesar de haber pasado su evaluación inicial de «miedo creíble», lo que les daba derecho a una audiencia completa sobre sus solicitudes de asilo ante un juez de inmigración.
Tres dijeron que habían llegado a Estados Unidos después de ser completamente investigados y procesados a través del programa de Oficinas de Movilidad Segura establecido por el gobierno de EE. UU.
En su momento, Cristosal ayudó a los familiares a presentar 76 peticiones de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador. Esta no dictó sentencia en sus casos.
“Human Rights Watch y Cristosal concluyeron que los casos de tortura y maltrato de venezolanos en el CECOT no fueron incidentes aislados de guardias o policías antimotines deshonestos, sino más bien violaciones sistemáticas. Los abusos parecen haber sido parte de una práctica diseñada para subyugar, humillar y disciplinar a los detenidos”, señala el informe que consta de 96 páginas.
El director de investigaciones de Cristosal, René Valiente, dijo a El Diario de Hoy que el informe es importante porque por primera ocasión se conocen testimonios de personas que fueron liberadas tras permanecer en el CECOT.
“La imagen que se tenía del CECOT como aparato publicitario del gobierno era distinta hasta ahora que hemos conocido que ese centro tampoco estaba exento de los mismos abusos que se han venido señalando a través del tiempo en el resto de cárceles del sistema penitenciario salvadoreño”, declaró.
Agregó que como Cristosal han documentado ciertas prácticas que se llevan a cabo dentro del sistema penitenciario, como torturas, golpizas, poco acceso a agua potable o a comida suficiente o adecuada.
Valiente confirmó que existe un proceso civil en Estados Unidos por parte de algunos ciudadanos venezolanos y que “no hay duda” que hay una responsabilidad compartida entre el gobierno de dicho país y el salvadoreño.
Consideró que El Salvador fue elegido para enviar a los venezolanos a prisión para enviar un mensaje de detener la migración.
“Lo que ha ocurrido en el CECOT contra estos jóvenes venezolanos confirma el carácter sistemático de violación de derechos humanos que se ha venido dando en El Salvador y particularmente en el sistema penitenciario a través de los años. Nadie está exento, ni siquiera las personas que son recibidas en virtud de procesos migratorios”, señaló Valiente.
El Diario de Hoy buscó ante Centros Penales la postura sobre los señalamientos realizados en el informe de HRW y Cristosal; pero al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.
Consecuencias
Muchas personas que estuvieron detenidas en el CECOT afirmaron que siguen sufriendo lesiones físicas y traumas psicológicos duraderos.
Además, el informe expone que en algunos casos, miembros de los servicios de inteligencia venezolanos se han presentado en los domicilios de personas que estuvieron detenidas en la megacárcel salvadoreña y las han obligado a grabar videos sobre el trato que recibieron en Estados Unidos.
Por ello, entre otras razones, Human Rights Watch y Cristosal piden al gobierno de Estados Unidos que ponga fin a todos los traslados de ciudadanos de terceros países a El Salvador.
También instaron a gobiernos extranjeros y a organismos internacionales de derechos humanos, incluido el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a que intensifiquen sustancialmente su escrutinio público a las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Estados Unidos contra migrantes, así como de las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas en El Salvador contra los detenidos.
También solicitan garantizar que los migrantes venezolanos que fueron deportados a El Salvador, en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, y que ahora se encuentran en Venezuela tengan una oportunidad real de regresar a Estados Unidos para continuar con sus solicitudes de asilo, si así lo desean.
Al gobierno salvadoreño piden expresamente tomar medidas urgentes y eficaces para prevenir la tortura y los malos tratos en los centros de detención, garantizando una supervisión independiente, una formación adecuada del personal, mecanismos de rendición de cuentas y el acceso a asistencia jurídica y atención médica para los detenidos.
“Lo que estas personas han sufrido, obviamente deja secuelas a nivel físico, a nivel psicológico. Pero el hecho de que hayan sido devueltos a Venezuela, no en todos los casos significa un alivio. Estas personas salieron de Venezuela huyendo o buscando mejores condiciones económicas; pero también hay gente que salió de Venezuela huyendo del régimen autoritario, ya sea porque eran perseguidos, porque eran discriminados. Muchas de estas personas no se sienten seguras de volver a Venezuela”, señaló el director de investigaciones de Cristosal.
“Llegaron al infierno” es el título de la investigación y que fue tomado de una expresión recibida cuando los primeros venezolanos fueron trasladados al CECOT, de acuerdo al testimonio de uno de ellos.
Tres detenidos en el CECOT contaron a Human Rights Watch y Cristosal que fueron víctimas de violencia sexual. Uno de ellos dijo que los guardias lo llevaron a “la Isla”, donde lo golpearon.
Afirmó que luego cuatro guardias abusaron sexualmente de él. “Jugaron con sus bastones en mi cuerpo”, relató, según la investigación.
Los detenidos en el CECOT dijeron que el abuso sexual afectó a más personas, pero que era poco probable que las víctimas hablaran de lo que habían sufrido debido al estigma.
Nuevo informe 🚨| Estados Unidos y El Salvador son cómplices de tortura y desaparición forzada de los venezolanos enviados al CECOT.👇🏽https://t.co/Ek7j7G2wXe
El 15 de marzo de 2025, el gobierno de Estados Unidos expulsó a 238 migrantes venezolanos de Estados Unidos a El Salvador, donde fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El 30 de marzo, las autoridades estadounidenses llevaron a cabo otro vuelo, enviando, entre otros, a siete migrantes venezolanos a El Salvador, que, según alegaron, eran delincuentes violentos vinculados al Tren de Aragua.
El 12 de abril, otras diez personas, entre ellas al menos una de Venezuela, fueron expulsadas a El Salvador.
La investigación de HRW y Cristosal consignan que en al menos 19 casos, los detenidos en el CECOT o sus familiares afirmaron que huyeron de Venezuela para escapar de amenazas, abusos o persecución de las fuerzas de seguridad del Estado, así como amenazas de grupos armados y criminales, incluyendo el Tren de Aragua.
El 18 de septiembre de 2025, Human Rights Watch envió cartas a los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos resumiendo las conclusiones del informe, presentando algunas preguntas y ofreciendo la oportunidad de comentar sobre la investigación.
Al momento de redactar el informe, Human Rights Watch no había recibido respuesta, consigna la investigación.
Goebertus confirmó ayer que aún no ha contestado el Estado.
Entre los salvadoreños deportados el 15 de marzo se encontraba también César Humberto López Larios (“El Greñas”), uno de los líderes de la pandilla MS-13, que había sido detenido en 2024 y estaba a la espera de juicio en un tribunal federal de Estados Unidos por cargos relacionados con terrorismo.
El 11 de marzo, un juez federal accedió a la solicitud de los fiscales de desestimar la acusación contra López Larios, lo que permitió al gobierno estadounidense deportarlo a El Salvador.
“‘No somos terroristas, éramos migrantes’. Fuimos a Estados Unidos a pedir protección y la oportunidad de un futuro mejor, pero terminamos en una prisión en un país que ni siquiera conocíamos, siendo tratados peor que animales’”
Testimonio de venezolano incluido en el informe
Secreto
Estados Unidos y El Salvador no han revelado los términos del acuerdo en virtud del cual los migrantes venezolanos fueron trasladados al país centroamericano.
Sin embargo, el informe señala que una carta de subvención del gobierno estadounidense presentada en un litigio federal mostró que se asignaron 4.76 millones de dólares, a través del Departamento de Estado de Estados Unidos, para apoyar a las agencias de seguridad salvadoreñas.
La carta indica que los fondos estaban destinados a sufragar gastos incluidos los “asociados con la detención de miembros de la organización terrorista extranjera Tren de Aragua (TdA), que El Salvador ha aceptado de Estados Unidos. También indica que El Salvador expresó su disposición a ‘aceptar y alojar a aproximadamente 300 miembros del TdA expulsados durante un máximo de un año o hasta que se tome otra decisión’”.
A mediados de julio, el gobierno salvadoreño envió a las 252 personas a Venezuela a cambio de 10 ciudadanos o residentes permanentes de EE. UU. que habían sido detenidos en muchos casos arbitrariamente.
