DPLF señala que trámite de recursos por detenciones se ha suspendido “de facto”
Desde la fundación consideran que el incremento en la carga laboral por demandas de habeas corpus a causa del régimen de excepción no debe ser excusa para que no se resuelvan de forma expedita.
La poca admisión de recursos por detenciones en los últimos tres años por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revela que este mecanismo prácticamente ha sido suspendido, valora la directora del programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Úrsula Indacochea, quien analizó el papel de la Sala de lo Constitucional con respecto a las demandas de hábeas corpus presentadas durante el régimen de excepción en El Salvador.
Al ser consultada sobre la admisión de únicamente 158 demandas de un total de 7,730 que recibió la referida Sala, la abogada mencionó que esto solamente confirma “que el hábeas corpus sigue suspendido de facto”.
“Es una garantía que ni siquiera en Estado de excepción se puede suspender, según el derecho intencional; pero como en El Salvador no quieren emitir una ley que diga que se suspende, entonces lo suspenden de facto”, añadió.
En 2024, DPLF presentó un informe sobre la actuación de la Sala de lo Constitucional durante el primer año del régimen de excepción, una medida que inició en marzo de 2022 en reacción a un fin de semana violento que dejó 87 asesinatos.
En esa ocasión, uno de los hallazgos fue que entre 2022 y 2023, la Sala de lo Constitucional recibió 6,415 demandas de hábeas Corpus y, en el mismo período, admitió a trámite únicamente el 1.6% de la carga ingresada.
Un recuento realizado a estadísticas publicadas sobre demandas de hábeas corpus presentados ante la Sala entre abril de 2022 a septiembre de 2025 detalla que solamente un 2% de estos recursos fueron admitidos en 42 meses, es decir, la Sala rechazó 98 de cada 100 recursos, según las estadísticas disponibles en el portal de Transparencia del Órgano judicial.
Los magistrados de la Sala sostienen que las demandas vinculadas a hechos en el contexto del régimen de excepción ha sido un factor para el incremento de la carga laboral en la referida sede de la CSJ, y aceptaron que esta situación “ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita”.
martes 24 de mayo 2022
Familiares de detenidos de la zona del bajo Lempa en San Vicente presentan habeas corpus a la corte suprema de justicia por detenciones arbitrarias.
Durante la conferencia Cristina Castro sufrió un ataque de nervios y se desvanecio.
Las 39 personas que lelgaron hasta el csj son de casos acompañados por tutela legal.
Foto EDH/ Menly Cortez
Indacochea considera que esa no debería ser una excusa para que estos procesos no sean resueltos a la brevedad. “Esa no es una excusa porque, además, los hábeas corpus son prioritarios. Si tu tienes carga de otras cosas tienes que ponerlas detrás de los hábeas”, mencionó.
Añadió que eso pudo ser una excusa en el primer año, pero no en el segundo o incluso en el tercero. “Así como el Estado tiene el deber de proteger la libertad, también existe una obligación que tiene que ver con adecuar la institucionalidad, contratar más jueces, contratar más asistentes, crear salas especiales para evaluar y resolver estos habeas corpus”, aseguró.
Además, calificó como “insólita” la cantidad de sentencias favorables durante este periodo. Según el recuento realizado por El Diario de Hoy, de las 158 demandas admitidas, únicamente 44 tuvieron un desenlace positivo para los ciudadanos.
“En El Salvador la mayoría de demandas que se presentaron (entre 2022 y 2023) o eran rechazadas por razones formales o se le solicitaba al demandante una serie de cosas que eran irrazonables y en plazos muy cortos para luego rechazarlos porque no los cumplían. Entonces, los que pasaban esos dos filtros permitían una decisión sobre el fondo; pero aún así el grupo de las que eran fundados eran más chicos todavía. Que me digas que ahora siguen habiendo 44 sentencias es insólito”, comentó.
