El estudio del grupo financiero EMFI, fechado el 20 de octubre de 2025, señala que el Gobierno aún no ha entregado el informe actuarial de pensiones solicitado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), pese a que debía presentarse a más tardar el 30 de septiembre.

De hecho, es la segunda prórroga que el Gobierno tenía para presentar el estudio actuarial, la primera vez que debió presentarlo fue en el julio y pidió una extensión de tiempo hasta septiembre.

No existe información clara sobre si este informe se hizo o si el gobierno lo presentó.

Este periódico escribió un correo electrónico al departamento de Prensa del Fondo Monetario Internacional el pasado 22 de octubre para conocer si el estudio ya había sido presentado, pero hasta la fecha no se ha obtenido respuesta.

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En el correo se pregunta si ¿El gobierno ya entregó el estudio actuarial de pensiones, cuyo plazo se vencía el 30 de septiembre pasado?

Además, se consultó si sigue el retraso, qué implicaciones tendría para el país, respecto al acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo y el financiamiento de 1,400 millones de dólares.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha obtenido ninguna información, por lo que se desconoce si el Gobierno aún sigue trabajando en el informe actuarial – como ya lo había informado a otro medio de comunicación del país- o si ya se presentó y no ha sido divulgado. Luego de 35 días de vencido el plazo, las dudas persisten.

De acuerdo al grupo financiero EMFI, que brinda análisis económicos confiables de todo el mundo, esta auditoría es uno de los compromisos principales del programa de Servicio Ampliado del Fondo (SAF), que busca fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

«Su plazo se extendió de julio a septiembre de 2025 y ahora está pendiente antes de la fecha límite de febrero de 2026 para presentar una reforma integral a las pensiones. Este retraso perjudica la credibilidad fiscal, especialmente si se tiene en cuenta el creciente uso de los recursos de las pensiones para financiar el gasto corriente», cita el informe de EMFI.

«Esta falta de claridad sobre el costo futuro del sistema de pensiones, junto con la ausencia de una regla fiscal creíble, podría limitar la confianza del mercado a medio plazo», añade.

El economista Rafael Lemus indicó que si bien se desconoce si el gobierno ha presentado o no el informe, todo indica que el FMI aún no cuenta con este, lo que afecta la credibilidad como país y pone en duda todos los demás compromisos por cumplir.

Lemus aclaró que el atraso pudo tener justificación en un principio, pues el Gobierno negoció una prórroga con el FMI para presentarlo en septiembre.

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«Pero ya estamos en noviembre y no se publica. Una prórroga temporal tiene sentido, pero aquí ya nos excedimos. Aunque en el informe de EMFI digan que está en progreso, en realidad está incumplido», sostuvo.

Otros compromisos pendientes

El informe del grupo financiero británico señala también otros compromisos clave que el gobierno salvadoreño ha incumplido con el organismo multilateral.

Un aspecto destacado es el hecho de que aunque el Ejecutivo reafirmó su promesa de alcanzar déficit cero en 2026, EMFI estima que el presupuesto presentado en octubre no cumple con ese objetivo y que, al aplicar los criterios del FMI, se revela un déficit estructural de 445.5 millones de dólares, equivalente al 1.2 % del PIB.

El informe indica que el gasto público proyectado para 2026 asciende a $9,600 millones (25.2 % del PIB), impulsado por aumentos en salarios, consumo e inversión pública, especialmente en proyectos de infraestructura como mercados municipales y obras viales.

«La postura fiscal sigue siendo expansionista y plantea dudas sobre la sostenibilidad de la consolidación», sostiene EMFI, que proyecta un déficit global de 1.3 % del PIB y un superávit primario de 2.8 % para el próximo año.

Un aspecto destacado por EMFI es que el presupuesto sigue excluyendo los gastos relacionados con las pensiones, luego de la reforma de 2022 que eliminó al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) de los informes fiscales, lo que es falta de transparencia.

Aun así, EMFI considera que la combinación de un programa del FMI en marcha y un calendario ligero de amortización de eurobonos mantiene el perfil de riesgo de El Salvador «equilibrado», por lo que recomienda mantener las posiciones en deuda soberana del país.

Otro compromiso que sigue pendiente es la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, que debería incluir análisis de riesgos fiscales, detalle de inversiones plurianuales, financiamiento interno y externo, y relaciones financieras con empresas estatales.

En el sitio web del Ministerio de Hacienda existe un documento titulado Plan Fiscal 2025–2027, pero EMFI señala que este no cumple con los requerimientos establecidos por el FMI.

En cuanto al marco fiscal de mediano plazo, el economista Lemus recordó que debería reflejar una ruta creíble hacia el cumplimiento de las metas al 2030.

Sin embargo, advirtió que el presupuesto 2026 muestra señales contrarias. «Si usted presenta un presupuesto con expansión de gasto y de deuda corriente, lo que está diciendo es que tiene poca disposición de cumplir esas metas», apuntó.

Otra deuda identificada por el grupo EMFI es la falta de normas para aplicar la Ley de Sostenibilidad Fiscal, aprobada en junio de 2025.

«Aunque la legislación establece mecanismos de control y transparencia del gasto, todavía no cuenta con un reglamento que permita su aplicación práctica, lo que ha frenado la institucionalización de las medidas exigidas por el Fondo», indica EMFI.

Se revisó el Diario Oficial y se constató que, al cierre de esta nota, no se había publicado el reglamento, también se revisó el Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda, en la sección de reglamentos, y no hay ni un borrador del mismo.

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«Esta omisión ha ralentizado la institucionalización de los mecanismos de transparencia y evaluación fiscal exigidos por el programa», señala EMFI.

Lemus consideró que la falta de aprobación del reglamento de la Ley de Responsabilidad Fiscal refleja «una ausencia de interés real del Gobierno por cumplir los compromisos fiscales» adquiridos con los organismos internacionales.

«Ahí se deben detallar procedimientos, sanciones y pasos a seguir en caso de incumplimiento. Si ni siquiera se avanza en eso, se nota poco interés en cumplir los acuerdos», señaló.

Más allá del reglamento pendiente, el economista cuestionó la debilidad de la propia Ley de Sostenibilidad Fiscal, a la que calificó como «una ley blandenga».

Según explicó, el único límite que establece es alcanzar una deuda del 80 % del PIB hasta 2030, sin compromisos intermedios que garanticen disciplina fiscal. «Más blandenga no puede ser esa ley. No regula, no restringe nada», añadió

Lemus recordó que varios de los compromisos fiscales dependen directamente del Ejecutivo, entre ellos el marco fiscal de mediano plazo, el estudio actuarial del sistema de pensiones y la actualización del sistema estadístico de cuentas fiscales. «Si no se cumple con las tareas propias del Gobierno, y se arrastran retrasos, eso es grave», enfatizó.