El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla rechazó este 29 de octubre que el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez, de la cooperativa El Bosque, sean procesados en libertad.

En la audiencia especial de revisión de medidas cautelares, la jueza declaró «sin lugar» la petición de la parte defensora de aplicar disposiciones sustitutivas al arresto para ambos activistas.

Momentos antes de la audiencia, Henríquez se mostró optimista. «Esperamos que este día se modifiquen las medidas de detención provisional que hemos estado cumpliendo por cuatro meses y veinte días en el penal de Mariona y se sustituya por una medida más leve».

El cuerpo de abogados del ambientalista y el pastor expresó que «es lamentable la situación en la que se encuentra nuestro sistema de justicia», reclamó Oswaldo Feusier, uno de los defensores. «Es un nefasto precedente para la vigencia de los derechos fundamentales en el país», agregó.

Con respecto al estado de los detenidos, la defensa aseguró que «están fortalecidos en su fe», pero que Henríquez tiene lesiones en un brazo debido a las condiciones de insalubridad en el penal La Esperanza (Mariona), además que a Pérez se le ha agravado un problema de audición que venía padeciendo con anterioridad. Según relataron los abogados, ambos no han tenido acceso a atención médica.

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Henríquez denunció también que durante su encierro no han podido tener contacto con sus abogados ni con sus familias.

Tanto Alejandro Henríquez como José Ángel Pérez son procesados por los delitos de resistencia agresiva a la detención y desórdenes públicos, tras participar, en mayo pasado, en una concentración realizada por habitantes de la cooperativa El Bosque quienes pedían al presidente Nayib Bukele que frenara una orden de desalojo en contra de ellos.

De acuerdo al Código Penal, el delito de desórdenes públicos conlleva una condena de dos a cuatro años de prisión; en tanto, el de resistencia agresiva al arresto, de tres a seis años.

«Son delitos comunes, tampoco es crimen organizado, debería de darse un tratamiento apegado a derecho lo cual no ha ocurrido en este caso. Creemos que las resoluciones han sido motivadas políticamente; aún con todas las pruebas de descargo que se han presentado ellos seguirán detenidos», reclamó Luis Rivera, otro de los abogados.

Reclamos locales e internacionales

Algunos representantes de la comunidad El Bosque y de otros movimientos sociales llegaron a las afueras del centro judicial para reclamar la liberación de los activistas. «Condenamos que funcionarios se estén prestando para perseguir a personas que solo exigen el respeto a los derechos humanos», «tenemos derecho a la tierra», «las comunidades están siendo despojadas de la tierra para entregarla a proyectos de muerte», eran algunas de las consignas.

Con micrófono en mano, adultos mayores y jóvenes alzaban la voz en pronunciamiento de que «la Constitución no puede ser un método de represión o un método de inquisición».

Desde Guatemala, la organización salvadoreña Cristosal se pronunció sobre la resolución de este miércoles alegando que «continúa la instrumentalización de la justicia contra los defensores» Henríquez y Pérez.

En su comunicado publicado en redes sociales, recalca que la protesta en la que ambos activistas fueron detenidos fue documentada y transmitida en tiempo real en medios de comunicación, demostrando así el carácter pacífico de la misma y que no se registró uso de fuerza por parte de los acusados, por lo que, según señala Cristosal, no puede aplicárseles los delitos por los que el abogado y el pastor están siendo procesados.

La ONG manifiesta que los delitos atribuidos a ambos «contradicen el registro público de los hechos y vulnera el ejercicio legítimo de sus derechos a la libre expresión, reunión y asociación garantizados por la Constitución y tratados internacionales».

«Defender derechos no es un delito», enfatizó.

El tribunal rechazó cambiarles el arresto, pese a diferentes llamados de organismos internacionales, como Amnistía Internacional o el de la Relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, acerca de la situación de los defensores de derechos humanos.

«Reitero mi llamamiento para que sean puestos en libertad y se retiren los cargos en su contra», expuso Lawlor en su cuenta de X el pasado 28 de octubre, a la vez que etiquetó a Cancillería de El Salvador.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) también exigió el pasado 28 de octubre a las autoridades «garantizar de forma inmediata e incondicional la libertad» de los dos líderes. 

«Los procesos penales en su contra han estado marcados por acusaciones infundadas de ‘resistencia’ y ‘desórdenes públicos’, sin pruebas que justifiquen la privación de su libertad. Estas irregularidades han vulnerado gravemente su derecho a la presunción de inocencia, a la defensa adecuada y a un juicio justo», señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado publicado en el portal web de dicho organismo internacional.

La representante añadió que la criminalización de los defensores de derechos humanos comunitarios no solo vulnera los derechos de las personas detenidas, también pretende enviar un mensaje de miedo e intimidación a todas las personas que exigen justicia y defienden el territorio en El Salvador. «Esto debe terminar ya», exhortó Piquer.

«Lamentamos que a pesar de tanto compromiso internacional se mantenga esta situación para nuestros defensores de derechos humanos, pero no nos vamos a rendir. Este es un impulso para seguir más fuertes», pronunció la parte defensora.

Se estima que la fase preliminar pueda desarrollarse hasta enero de 2026.