“Para qué vamos a seguir diciendo esto y esto, si la vida de mi hijo ya no la puedo recuperar”. Son las palabras del padre de Kevin Balmore Valencia Guillén, quien falleció el pasado viernes 24 de octubre tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores para el programa Cero Ocio, de la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
Valencia Guillén, de 28 años, fue capturado bajo el régimen de excepción, cuando estaba en su vivienda, ubicada en Izalco, Sonsonate, el 19 de mayo de 2022. El joven estuvo recluido en el penal La Esperanza (Mariona) por más de tres años, tiempo en el que no se le comprobó ningún delito, según afirma el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR).
“Ese viernes 24, la funeraria le llamó a la familia para decirle que el joven había muerto y para ofrecerle sus servicios”, mencionó el vocero de MOVIR, Samuel Ramírez, en una entrevista, el lunes 27 de octubre. Luego de esa llamada, personal de Centros Penales se comunicó con los parientes para decirles que debían retirar el cuerpo de Kevin.
La misma versión da el padre de Kevin, quien indignado y con gran pesar señala: “nosotros nos dimos cuenta por una llamada de la funeraria. No hemos recibido ninguna ayuda de nada, ya no puedo revivir a mi hijo”.
Imágenes de la vela de Kevin Balmore Valencia Guillén, quien falleció el pasado viernes 24 de octubre tras sufrir una descarga eléctrica. Foto: cortesía
De acuerdo al documento de defunción de Kevin Balmore, entregado por el Instituto de Medicina Legal a la familia Valencia, el joven murió debido a un edema pulmonar, una causal que recurrentemente se ha plasmado otras muchas esquelas que la institución ha extendido a familiares de reos fallecidos en prisión. “Las cosas se las hemos dejado a Dios”, dice el padre.
Se consultó ayer a la oficina de comunicaciones de Centros Penales qué información tienen sobre el caso, y en qué circunstancias ocurrió, pero no se obtuvo respuesta.
“Queremos que se cumpla el debido proceso. No defendemos pandilleros, no defendemos lo indefendible. Hay jueces que han entregado cartas de libertad porque han encontrado pruebas suficientes de que las personas son inocentes y no los han liberado”, señala, por su parte, Ramírez.
Desde que inició el régimen de excepción, en 2022, la cantidad de homicidios se redujo de manera drástica; al mismo tiempo empezaron a surgir denuncias de organizaciones sobre posibles capturas arbitrarias y violaciones de derechos humanos en las cárceles.
Muertos en prisión
Según datos de Socorro Jurídico Humanitario, otra organización que recibe denuncias, hasta el 25 de octubre se registran 448 privados de libertad fallecidos bajo el régimen de excepción, que ya lleva 42 meses. De acuerdo a la organización, “94 % de las personas no tenían perfil de pandilleros y murieron en tutela del Estado y en total impunidad”.
Socorro Jurídico Humanitario aclara también que estos son datos de los que tienen conocimiento, pero que la cifra podría ser aún mayor.
Por su parte, MOVIR asegura que han entregado más de 150 denuncias de violaciones a derechos humanos en las cárceles salvadoreñas. Además, el pasado 15 de agosto presentó ante la Sala de lo Constitucional un recurso de inconstitucionalidad argumentando que el régimen de excepción ya no tiene legitimidad.
“Sí reconozco que hay seguridad en el país, pero con el régimen de excepción están capturando sin el debido proceso y los dejan morir en la cárcel”, añade Ramírez.
El Movimiento finalmente señaló presuntas arbitrariedades dentro del sistema judicial como “detenidos que están siendo liberados bajo la condición de señalar a otras personas para que sean condenadas, la comida que familiares compran para un pariente detenido se la comen los custodios, así como estafas por presuntos falsos abogados que aseguran representar a MOVIR y que tienen acceso a los expedientes de reos. Parece que hay conexiones muy fuertes dentro del sistema judicial para que estos ‘abogados’ tengan esa información”, detalló el líder de la organización.
En agosto pasado, Cristosal, otra organización que defiende derechos humanos, presentó un informe de casos documentados de corrupción en las cárceles salvadoreñas.
