La deuda vinculada al sistema de pensiones aumentó en $544.7 millones entre enero y septiembre de 2025, según el más reciente reporte del Ministerio de Hacienda. Con ello, el saldo total de esta obligación llegó a $11,070.6 millones, equivalentes al 30.2 % del Producto Interno Bruto (PIB).

El incremento refleja el mayor financiamiento que el Estado ha necesitado para cubrir los compromisos previsionales, principalmente los pagos a los jubilados del sistema público y las compensaciones a las AFP.

De ese monto total, $8,394.8 millones corresponden a Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) y $2,675.8 millones a Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), dos instrumentos de deuda que el Gobierno utiliza para honrar los pagos de pensiones.

Estos recursos son utilizados para financiar las pensiones de los jubilados del sistema público, cerrado a finales de la década de 1990. El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) emite los títulos valores, que por ley las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están obligadas a comprar.

Desde abril de 2023 hasta la fecha, los COP suman $2,675.8 millones. A ello se agregan $8,394.8 millones en CFT, títulos que, tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2022, no pagan capital ni intereses durante cuatro años.

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De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), esta reforma provocó que el 89 % de los activos administrados por las AFP, que alcanzaron $14,900 millones en 2024, estén invertidos «en títulos de deuda pública, ya sea directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras».

El FMI también ha advertido que las pensiones del sistema privado están comenzando a financiarse con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo común que se utiliza cuando los afiliados agotan sus ahorros individuales.

Según el organismo, ese fondo podría agotarse hacia 2027, por lo que considera urgente una reforma integral del sistema previsional.

Parte de los compromisos que el gobierno adquirió con el organismo a través de un acuerdo de financiamiento de $1400 millones,  incluyen aprobar una reforma de pensiones para febrero de 2026, cuya fecha se mantiene vigente.

El crecimiento de la deuda de pensiones ha contribuido al aumento de la deuda pública total, que ya supera los $32,200 millones, equivalentes al 88.2 % del PIB.