Diez exempleados, entre auditores y jefes de equipos de auditorías, de la Corte de Cuentas de la República (CCR) enfrentarán un juicio en el que se les acusa de incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas.

En julio de 2023, la Fiscalía ordenó la detención de nueve de los imputados en la sede de la CCR en San Miguel y los señaló de valerse de su trabajo para omitir información relacionada con las auditorías hechas a municipalidades del oriente del país

Los acusados son Ismael Pereira Vásquez, quien era director regional de la CCR; Wilmer Neftaly Reyes, José Carlos Pacheco, Ramón Armando Alvarado y José Benigno Álvarez, todos con cargos de jefatura en la entidad contralora; y los auditores, Vilma Anabel López, Cristin Levi Vásquez, Manuel Antonio Gómez y Karen Lisseth Medina Paniagua.

El auditor Manuel Enrique Díaz Paiz, es el único de los procesados que aún no ha sido detenido, del resto, siete guardan prisión y dos siguen el proceso en libertad.

«Tenían una red (los procesados) que beneficiaban a las alcaldías, tratando de sacar informes limpios de las auditorías relacionadas» dijo la fiscal del caso citada en un comunicado de la Fiscalía.

Según la Fiscalía, las anomalías en las labores de control a las municipalidades fueron reportadas por la ciudadanía, se advirtió de al menos 62 casos en los que los auditores no cumplieron con su trabajo y que tales hechos representaron beneficios para los concejos municipales auditados.

En 2023, la Fiscalía reveló que los detenidos omitieron documentar los hallazgos en alcaldías de los entonces municipios de Bolívar, Comacarán y Chilanga con el objetivo de que no se iniciaran los procesos correspondientes

Ahora, ha revelado que los acusados auditaron 42 informes en las que había 563 observaciones. Algunos de los incumplimientos que la FGR señaló de haber cometido son: omitieron auditar algunos rubros, no superaron los hallazgos sin fundamentar su decisión, algunas observaciones fueron registradas como asuntos menores y ampliaban el plazo de las auditorías para que se corrigieran hallazgos.

El Diario de Hoy publicó una investigación en febrero de 2020 en la que se reveló que, al interior de la oficina regional de oriente de la Corte de Cuentas de la República, había una red de auditores que cobraba entre $10,000 y $40,000 a cambio de entregar exámenes de auditoría o de ejecución de proyectos sin reparos de irregularidades a una decena de alcaldías de los cuatro departamentos orientales (San Miguel, Morazán, Usulután y La Unión).

También, en documentos consultados para la investigación, se constató que 19 de los empleados de la oficina regional de la CCR eran investigados por sospechas de ser parte de la presunta red de corrupción.