Un grupo de afectados del desfalco en la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI) se presentó este viernes a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) para pedirle a la procuradora Raquel Caballero una respuesta a la solicitud que presentaron en septiembre de 2024. 

En la concentración denunciaron que hasta la fecha ya van siete ahorrantes que han fallecido desde que la cooperativa fue intervenida por un desfalco millonario, en mayo de 2024, y que no pudieron recibir su dinero. 

En mayo de 2024, la Fiscalía General dio a conocer el fraude financiero de 35 millones de dólares de los ahorrantes de la cooperativa e informaron que 32 personas están involucradas y procesadas por este caso.

La séptima víctima mortal fue una persona de 90 años, quien, según Juan José Ortiz, vocero del grupo, tenía $1.8 millones de ahorros en la cooperativa. “Lamentablemente el señor falleció el lunes de la semana pasada y quedan como beneficiarios de estos 1.8 millones sus hijos”, mencionó. 

“En septiembre de 2024 vinimos a dejar un escrito denunciando la violación de varios derechos humanos como afectados de COSAVI, el más importante el derecho a la vida, este día queremos informar el fallecimiento de la séptima víctima del caso”, informó Ortiz.

Hace un poco más de un año, cuando el grupo de afectados presentó el escrito ante la PDDH, la cantidad de fallecidos era de tres. Luego de un año esta cifra aumentó a siete. “¿Cuántas personas más tienen que fallecer para que la procuradora nos atienda?”, cuestionó Ortiz. 

“La muerte del señor Campos es una muestra que personas de 80 u 85 años no podemos estar esperando dos o tres años a que nos devuelvan el dinero, la única solución que tiene el caso COSAVI es el fideicomiso, entonces quien tiene la decisión y voluntad de resolver esto es el presidente (Nayib) Bukele”, añadió. 

Otro aspecto que motivó a los afectados de COSAVI a presentarse ante esta institución fue que la recién reelecta procuradora de derechos humanos dijo ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa que estaba “por emitir una resolución de este caso”. 

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Este viernes, dos representantes del grupo fueron atendidos por Rosa Sandoval, procuradora adjunta para la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, quien les pidió “un voto de confianza” en esta nueva administración. 

“Tal como lo esperábamos no nos atendió la titular, nos envió a la procuradora adjunta. La plática ha sido muy cordial, sin embargo con sinsabores, la Procuraduría nos quiere dar explicaciones que no tienen ningún sentido”, aseguró Ortiz. 

Además, el grupo considera alarmante el rol que podría jugar la PDDH en el contexto actual, ya que desde el grupo aseguran que en ninguna institución han sido recibidos o atendidos. Ponen de ejemplo Casa Presidencial, la Asamblea Legislativa, la Superintendencia del Sistema Financiero y la Fiscalía General de la República. “¿Qué nos hace pensar que la procuraduría si lo va hacer?”, recalcó Ortiz. 

Denunciarán a jueces

El vocero de los afectados de COSAVI adelantó que la próxima semana presentarán un nuevo escrito ante la PDDH para denunciar vulneración de derechos a la justicia. 

Ortiz aseguró que hasta la fecha han presentado 109 demandas ante juzgados de lo civil y mercantil y ninguna ha sido admitida. “La próxima semana vamos a dejar una carta denunciando a los 15 jueces con sus nombres y apellidos que han rechazado las 109 demandas que hemos presentado con respecto a nuestro caso”, dijo.

Agregó que algunos de los argumentos utilizados por los jueces para denegar la demanda es que solicitan el acta de constitución de COSAVI o la credencial original que faculta a la Superintendencia del Sistema Financiero a intervenir esta cooperativa. 

“Estos 15 jueces van a ser denunciados nacional e internacionalmente. No es posible, 109 demandas presentadas y ninguna ha prosperado. Estamos viendo un acto cómplice de parte del Órgano judicial”, concluyó.