Asamblea reelige a Raquel Caballero como titular de la PDDH
La elección ha generado controversia, con diputadas de oposición cuestionando su gestión y denunciando una supuesta falta de acción ante las violaciones a los derechos humanos.
Las fracciones legislativas de Nuevas Ideas, PDC y PCN eligieron a Raquel Caballero de Guevara como procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos durante la plenaria 79, su periodo tendrá vigencia hasta el 15 de octubre de 2028.
El diputado Christian Guevara, tras destacar un proceso transparente de parte de la Comisión Política (la que realizó las entrevistas de los postulados) lanzó la propuesta de Caballero. A continuación, las otras dos fracciones la secundaron.
Sin embargo, durante el debate legislativo, no se destacaron los motivos por los que se le eligió.
Las diputadas de fracciones independientes, Claudia Ortiz y Marcela Villatoro, de Vamos y ARENA respectivamente, cuestionaron la elección de Caballero para seguir a la cabeza de la institución.
“Para la defensa de los derechos humanos, esta institución ha sido una institución ausente y cómplice … Eso deja en evidencia que esta funcionaria ha sido muy útil a este régimen, porque ha hecho todo lo contrario a lo que es su mandato constitucional”, mencionó Ortiz.
Además, lanzó un mensaje a la comunidad internacional, para que supiera que este miércoles 16 en El Salvador no se eligió procuradora de derechos humanos, sino a una “cómplice” de las violaciones a derechos.
Villatoro señaló que Cababllero no es una procuradora que tenga el valor de plantársele al poder.
“(Eligen) una persona que saben por qué la están eligiendo, porque no ha hecho nada, necesitan a alguien que no haya hecho nada, necesitan a una persona cómplice que guarde silencio, una persona genuflexa”, argumentó.
La diputada ejemplificó con el caso del joven Juan Saúl Castillo, quien era empleado del Ministerio de Obras Públicas y fue detenido bajo el régimen de excepción, y a los pocos días de que lo sacaran de prisión falleció por el deterioro físico con el que lo entregaron a sus familiares. La muerte cumplió este mes un año.
El martes el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) se concentró el martes frente a las instalaciones de la PDDH y llamó a los familiares de víctimas del régimen a recibir al nuevo titular de la institución con denuncias de sus casos.
En comunicado divulgado este 15 de octubre, junto a otras organizaciones rechazan la gestión de Caballero de Guevara.
«Las organizaciones de familiares de personas privadas de libertad en el marco del régimen de excepción y presos políticos, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante las omisiones de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, en el cumplimiento de sus facultades constitucionales para la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad», expresaron.
También reprocharon la «falta de independencia» del Órgano Ejecutivo.
«La Procuradora ha dilatado la investigación y omitido la emisión de pronunciamientos sobre los casos y sobre las violaciones sistemáticas de las autoridades penitenciarias, no ha verificado objetivamente la situación en los centros penitenciarios y públicamente ha negado que se hayan presentado denuncias en las cuales se evidencian torturas y malos tratos. Con estas acciones la Procuradora ha dejado de cumplir también su mandato constitucional de asistir a las víctimas de violaciones a derechos humanos», dice el comunicado.
— Movimiento de Víctimas del Régimen, El Salvador (@MOVIRSV) October 15, 2025
Sobre la institución
La PDDH surgió tras los Acuerdos de Paz y tiene el mandato constitucional de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, supervisando la actuación de la Administración Pública frente a las personas mediante acciones de protección, promoción y educación.
El cargo requiere de independencia, la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos establece que el procurador en el ejercicio de su cargo no dependerá de ninguna institución, órgano o autoridad del Estado y sólo estará sometido a la Constitución y a las leyes de la República.
La normativa determina que para ser procurador se requiere ser salvadoreño, del estado seglar, mayor de 35 años, con grado universitario, de reconocida trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos; de moralidad y competencia notorias; estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores al desempeño de su cargo.
Asimismo, expresamente prohíbe ser elegido como procurador a quienes ejerzan como funcionarios de elección popular, ministros, magistrados o sus cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Tampoco pueden ser elegibles los integrantes de partidos políticos que desempeñen cargos en los órganos de dirección, los militares de profesión que estén o hayan estado de alta o quienes pertenezcan o hayan pertenecido a grupos armados de cualquier naturaleza y los que hubiesen sido condenados por violación a los derechos humanos.
El cargo es incompatible con el desempeño de cargos directivos en organizaciones sindicales o empresariales.
Los otros que aspiraron al cargo son Carolina María Hernández de Hernández, Walter Edgardo Fuentes Rodríguez, David Oswaldo Escobar Menéndez y el sindicalista Roswal Gregorio Solórzano Hernández.
Todos los aspirantes fueron entrevistados por la Comisión Política el pasado 6 de octubre y se dictaminó a favor de la elección, pero no es sino hasta la plenaria que se conoce el nombre de la persona electa, generalmente la propone el partido Nuevas Ideas y la secundan el PDC y el PCN.
