Integrantes de organizaciones sociales y de derechos humanos desmintieron en redes sociales las declaraciones de la procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero de Guevara, de que en la institución que preside no se han recibido denuncias de torturas y malos tratos en centros penitenciarios y en el contexto del régimen de excepción.

«Pero de todos, así como lo informé al Comité contra la Tortura, en este periodo no he recibido ni un solo caso de tortura que haya sido denunciado en la institución que presido», afirmó durante su entrevista en la Comisión Política del pasado lunes, pues se postula para un tercer periodo en la conducción de la PDDH.

En su intervención y en respuesta a las consultas de diputadas de oposición, aseguró que tuvo reuniones con entidades de sociedad civil que expusieron que tenían casos concretos de tortura, pero que no le brindaron la información.

«La procuradora miente sin pena: los mismos informes de la PDDH reportan denuncias por tortura. De 2022 al 2024 reportan 743 casos por detención arbitraria e ilegal, 92 casos de presunta ejecución extrajudicial y 179 casos de malos tratos, incluyendo 28 denuncias por tortura», publicó en X, Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista.

Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario, cuestionó qué ha hecho la PDDH con los casos que le han presentado de abusos y violaciones de derechos.

«Nosotros no hemos llevado uno o dos casitos sino cientos de casos de graves violaciones a derechos humanos por parte del Estado de El Salvador. Lo hemos hecho público, notorio y formal ante la institución donde usted detenta el poder de ayudar o no», publicó en redes sociales.

Escobar también enlistó las atribuciones de la PDDH conforme a la Constitución de la República y los tratados y convenios internacionales de los que El Salvador es suscriptor.

Una de esas atribuciones sería la de «documentar, denunciar y activar mecanismos que pueden derivar en sanciones, condenas o medidas internacionales contra el Estado. Debe acompañar a las víctimas y organizaciones de sociedad civil para lograr justicia, reparación y no repetición».

Por su parte, Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal compartió el enlace de un informe realizado por la organización que recopila varios casos.

«Estimada Sra. Procuradora: Le comparto nuestro informe del segundo año del EdE (estado de excepción). Para el listado de casos de tortura, puede consultar las páginas 107–125. Aprovecho para recordarle que tiene la facultad de investigar violaciones a los DDHH de oficio», expuso.

Y el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) dijo que orientaron a las familias de inocentes detenidos para que les envíen denuncias de capturas árbitras, peticiones de verificación médica e intermediación de visitas familiares a las cárceles que no han obtenido respuesta por parte de la procuradora.

«Destruyó los documentos la señora. Solo de mi despacho se han mandado decenas de denuncias por tortura, y no tiene dice denuncias dice. Es cómplice de todo el genocidio», comentó también en redes la abogada Lucrecia Landaverde.