Inversionistas excluidos de nueva ley contra lavado de activos
La nueva ley reduce la cantidad de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas y las entidades financieras no podrán negar servicios a personas señaladas de antecedentes de lavado.
La nueva ley reduce de 20 a 10 los tipos de entes obligados a reportar las diligencias u operaciones financieras «sospechosas», así como nombrar y capacitar a un oficial de cumplimiento.
No se incluyeron a los importadores o exportadores de insumos agrícolas y vehículos, las agencias de viajes, empresas constructoras, empresas privadas de seguridad, empresas hoteleras, inversionistas nacionales y extranjeros; droguerías, laboratorios farmacéuticos y farmacias; asociaciones y gremios empresariales, sociedades mercantiles.
Se excluyen las organizaciones no gubernamentales (ONG), pero con excepciones. «Se considerarán sujetos de aplicación de medidas de debida diligencia, reportes de operaciones sospechosas, tentativa de operaciones sospechosas, de actividades sospechosas aquellas Organizaciones sin Fines de Lucro que se encuentren en un mayor nivel de exposición al riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de conformidad a las evaluaciones de riesgo que al efecto se realicen», dice el inciso final del artículo 7.
Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, mencionó que el fiscal general, Rodolfo Delgado, expuso en la Comisión de Seguridad que la ley se debía actualizar a las normativas internacionales y que la norma de 1998 es obsoleta y «atenta contra la inclusión financiera».
Navarro aseguró que entonces se incluyeron sujetos obligados que «en esa realidad actual eran importantes para la economía o que podían realizar algunos actos de lavado de dinero», como las agencias de viajes, pero que estas ahora «hay pocas».
También dijo que la ley obligaba a las farmacias tener un oficial de cumplimiento.
«Ahora la ley se enfoca exactamente en los sujetos realmente de interés para el Estado», dijo.
Los sujetos obligados en la nueva ley son las instituciones cuyo supervisor natural es la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), las que se dediquen a actividades de naturaleza financiera o de préstamos; los casinos y empresas de juegos de azar; quienes se dedican a la intermediación inmobiliaria o de bienes raíces; los comerciantes de metales y piedras preciosas.
Estarán obligados los abogados, notarios, contadores y auditores que realicen estas actividades: Compra y venta de bienes inmobiliarios; administración de dinero, valores u otros activos del cliente; administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores; organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas; la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales.
Además, quienes se dedican al transporte de dinero o valores; los proveedores de servicios de activos digitales y de servicios de bitcoin y los partidos políticos.
Obligación de servicios
Por su parte, la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, hizo hincapié en que la ley obliga a las entidades financieras a brindarle servicios y productos a las personas que incluso tengan antecedentes de lavado de dinero.
El articulado dice que «no constituirá causal de exclusión para el acceso a productos o servicios financieros a una persona natural o jurídica por el hecho de que, durante la aplicación de medidas de debida diligencia, se identifiquen noticias periodísticas, referencias, inclusión en listas internas del sujeto obligado, señalamientos o antecedentes relacionados con lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o sus delitos generadores, sino que las decisiones de los sujetos obligados deberán basarse en una evaluación individualizada y objetiva del riesgo».
«La ambigüedad simplemente genera discrecionalidad para el aplicador de la ley, no es posible que en la misma ley se esté diciendo que no se puede excluir a alguien que tiene antecedentes por el tema de lavado de activos», reprochó.
El diputado Navarro trató de justificar ese texto en que se refiere a que los bancos no deben tomar como base «notas periodísticas» o «rumorología» para excluir a alguna personas de los servicios financieros, ni tampoco usar «listas negras» que han manejado oficiales de cumplimiento.
La diputada Rivas insistió que la redacción habla de los antecedentes relacionados a lavado de dinero y que la ambigüedad de la misma es la que genera conflictos.
Mientras que la diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, argumentó que la anterior ley afectaba a los pequeños comerciantes al no poder acceder al sistema financiero.
También mencionó que las personas que lleguen al país y porten menos de $15,000 no tendrán que declararlos en si ingreso en la aduana. Actualmente se declara si el monto es igual o superior a los $10,000.
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR es el único centro nacional para la recepción y análisis de reportes de operaciones sospechosas, operaciones tentadas y actividades sospechosas.
