La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió este 2 de septiembre una demanda contra el Estado salvadoreño por la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el máximo tribunal de justicia, ocurrida en mayo de 2021.

El 1 de mayo de 2021, en día que Nuevas Ideas estrenó la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, destituyó, sin seguir un proceso, a los magistrados: Armando Pineda Navas, Carlos Avilés, Carlos Sánchez, Marina de Jesús Marenco y Aldo Enrique Cáder, quienes habían emitido resoluciones incómodas para el Gobierno. Tras la remoción, el partido de Gobierno tomó el control de los tres poderes de Estado.

Organizaciones sociales presentaron una demanda ante la CIDH en la que señalaron que la destitución fue ilegal.

Los magistrados de la Corte Suprema son electos para nueve años. Los que fueron destituidos finalizaban su período hasta 2027.

Antes de admitir la demanda, la Comisión recibió un informe del Estado salvadoreño que pidió que no se admitiera el proceso porque los exmagistrados no agotaron las vías para apelar dentro del país. Esto pese a que los afectados sí buscaron que la misma Sala de lo Constitucional impuesta en sustitución de ellos revisara la decisión del Legislativo.

La CIDH desestimó ese argumento y entrará a conocer a fondo la demanda firmada por un grupo de abogados.