La Asociación de Periodistas de El salvador (APES) registró entre enero y el 9 de junio de 2025 la salida del país (temporal y/o definitiva) de 43 periodistas, en razón del ejercicio de su profesión; siendo el primer caso registrado el 1 de marzo y el último previo al 9 de junio.
El informe “La Curva del Silencio”, presentado por la institución este miércoles constata que la salida del país responde a acoso recibido y por miedo a ser detenidos, pese a que su única ocupación haya sido la de informar.
“Los periodistas que han salido del país pertenecen, en su mayor parte, a medios de comunicación independientes o nativos digitales, que se han mantenido publicando sólidas investigaciones que han evidenciado corrupción gubernamental, conflictos de interés, uso patrimonial del Estado, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, entre otros”, destaca el informe.
Ante lo anterior, la APES menciona que es fundamental dejar un registro y análisis de la situación que las y los periodistas salvadoreños enfrentan actualmente, dejando evidencias que los mecanismos de menoscabo de la libertad de prensa y de expresión no son nuevos, pero tampoco perennes.
“Esta no es, ni será, la primera vez que la sociedad salvadoreña, los profesionales del periodismo y la sociedad civil organizada deban detenerse, esperar, abrazarse y repensar estrategias colectivas que fortalezcan la democracia y las decisiones libres e informadas”, reflexiona la APES.
Vale destacar que la mayor parte de los casos fueron salidas ocurridas durante mayo, lo que coincide con las acciones gubernamentales que incluyen el arresto de defensores de derechos humanos; arrestos de empresarios del transporte colectivo, por la medida ilegítima de obligarlos a prestar el servicio bajo gratuidad por desorden gubernamental en las obras en Los Chorros; represión de la manifestación de los cooperativistas, en la que se encarceló a un ambientalista y a un pastor; y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) que grava con un impuesto del 30% a los donativos de ONG que puedan ser incómodas al gobierno.
Curva de dolor
La salida masiva de periodistas rompió con cualquier estadística de décadas anteriores, establece la asociación, “dibujando una curva incremental que, por el momento, sigue sin aplanarse”, a la que llama como “una curva llena de silencios y dolor”.
El informe amplía el perfil de los profesionales exiliados. El 32.5% de las salidas fueron de mujeres, cuya mayoría de edades oscilan entre los 40 y los 50 años; mientras que el 67.4% correspondió a hombres entre los 40 y los 50 años.
“El éxodo de periodistas salvadoreños está conformado en su mayor parte por profesionales con una carrera media, en algunos casos bastante consolidada y, en su mayor parte, con más de una década de experiencia en medios de comunicación”, manifiesta el documento.
El perfil de los exiliados lo componen profesionales que se identifican como colaboradores de medios, comunicadores y el resto como periodistas.
Asimismo, la mayor parte de los periodistas que salieron del país trabaja o trabajaba en un medio digital, seguidos por periodistas “freelance”.
El principal motivo de salida fue por el temor a una orden de captura, con 37 casos; tres casos por acoso, uno por acoso policial, otro por la publicación de una investigación periodística y otro caso por seguimiento y posible órden de captura.
Para efectos de análisis, la APES creó una subcategoría que tomó en cuenta elementos comunes o repetitivos en dichos relatos, para la posible identificación de patrones de acoso en contra de los periodistas.
“Estas subcategorías deben entenderse como flexibles, ya que algunos de los relatos incluyen distintas tipologías que podrían hacerlas encajar dentro de otra subcategoría; por lo que se ha tomado el elemento más distintivo de cada relato”, especifica el informe.
La primera es la de “cuerpos de seguridad”, debido a que el relato de la persona comunicadora incluye la presencia o interacción con policías y militares a través de vigilancias, seguimientos, tomas de fotografías, visitas a sus lugares de residencia personal o de familiares, entre otros.
Se incluyó la “investigación en su contra”, o sea, cuando el o la periodista fue advertida de la existencia de una posible investigación en su contra; o los sucesos de su relato implican la posibilidad de estar siendo investigado.
“Posibles represalias” es la subcategoría en la que el periodista no ha identificado una amenaza directa como la presencia policial, seguimiento, acoso o advertencias; pero sí la existencia de temores fundados debido al ejercicio de su profesión.
Asimismo, está la subcategoría de “lista”, referente a cuando los periodistas fueron advertidos por algunas fuentes de que eran investigados y de la existencia de una supuesta lista de periodistas y defensores de derechos como objetivos de capturas por parte del gobierno.
De hecho, el 3 de mayo el director del periódico digital El faro denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) preparaba órdenes de captura contra siete periodistas de dicho medio, tras la publicación de una investigación periodística en la que dos exlíderes pandilleros involucran al entorno del presidente Nayib Bukele en pactos con dichas organizaciones criminales.
“Cuatro periodistas que salieron del país a finales de mayo recibieron la visita de policías y militares en su residencia, bajo la excusa de solicitarles información sobre un caso de robo de vehículos; y preguntando sobre una dirección particular. Dicha estrategia fue la misma que la PNC y la Fiscalía General de la República (FGR) utilizó para la detención de la abogada Ruth López”, advirtió la APES.
Menos contenidos periodísticos
“Esto reviste particular importancia por sus potenciales consecuencias. El impacto directo ha sido evidenciado en una disminución del flujo informativo dentro de los medios digitales independientes, que desde meses atrás ya habían experimentado un primer obstáculo en su sostenibilidad debido al recorte o anulación de fondos de la cooperación (internacional)”, afirma la APES.
Ante esto, el informe manifiesta que la disminución de información periodística de calidad implica una afrenta directa al derecho a la información, como lo planteó un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): “La información precisa y de alta calidad ofrecida al público a través del periodismo profesional tiene una influencia positiva en la democracia, el compromiso cívico, la rendición de cuentas de parte de entidades gubernamentales y la lucha contra la corrupción”.
Ante esto, la APES lamentó que no existe en la actualidad un contrapeso institucional que garantice la correcta aplicación de garantías constitucionales o de derechos humanos en el país.
