La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos de Nuevas Ideas, PDC y PCN, en la sesión plenaria de este miércoles la prórroga número 43 al decreto del régimen de excepción. Como cada mes, será de manera exprés.
Si bien la medida se instauró hace tres años para combatir la delincuencia, sus medidas se aplican a defensores de derechos humanos detenidos por el Estado.
El gobierno dice que se han detenido 89,500 personas en este periodo.
«Tal como se ha venido sosteniendo en los previos decretos de prolongación del Régimen de Excepción, y lo informado por el Gabinete de Seguridad, se continúan ejecutando operaciones sistemáticas y coordinadas que han resultado en la detención de un número significativo de integrantes y líderes de estructuras criminales organizadas y terroristas, tanto en zonas urbanas como rurales del territorio nacional. Estas acciones han permitido detectar y contrarrestar delitos tales como portación ilegal de armas de fuego, tráfico de drogas, extorsión y la utilización de personas menores de edad para la reorganización de actividades ilícitas en los territorios donde residen; fenómenos que generan tensiones internas y disputas por el control territorial y de rutas ilícitas, evidenciando la persistencia de las actividades delictivas de estos grupos en todo el país», argumenta el Consejo de Ministros.
Durante el debate legislativo Ángel Lobos detacó que por el régimen de excepción van 1,025 días sin homicidios el en país.
«El régimen de excepción es una herramienta que le damos al presidente para que la use en beneficio de la población salvadoreña. En las comunidades nos lo agradecen», mencionó.
El diputado José Raúl Chamagua aseguró que más allá de ser un voto a favor, esto representa una responsabilidad histórica de velar por la seguridad, la vida y el futuro de la nación.
«La aprobación de esta prórroga es también un acto profundamente humano, no lo hacemos pensando solamente en estadísticas o en cifras de seguridad, lo hacemos pensando en cada madre que desea ver crecer a sus hijos sin miedo, en cada joven que merece la oportunidad de estudiar. Es votar por la vida, por la esperanza», dijo.
«La historia del país no se escribe con miedo ni con voilencia. Este es el país que merecemos. La seguridad y la paz son derechos que debemos proteger de forma unánime», añadió.
El diputado Walter Alemán apuntó a que el régimen le ha quitado el poder que ejercían en los barrios, en las escuelas a las pandillas y se le ha devuelto «al pueblo salvadoreño honrado y trabajador».
Desamparo a la niñez
Contrario a los elogios de los diputados oficialistas para con el régimen de excepción, la diputada de Vamos, Cesia Rivas, cuestionó que el régimen de excepción trae afectaciones para ciudadanos inocentes y sus familias, en especial a menores de edad.
«Hoy hemos dicho que la niñez es el motivo para trabajar por este país, pero hay 100,000 niños en condición de abandono, el 37 % de la niñez vive sin uno o sin ninguno de sus padres y aquí estamos claros que no quermeos volver al pasado de las pandillas, pero nadie quiere estar preso injustamente, nadie quiere estar detenido y no tener vínculos con pandillas, que en centros penales le entreguen a su hijo muerto, que sus padres que ya tienen carta de libertad por no tener vínculos con pandillas, estén encarcelados, ningún niño quiere eso», cuestionó.
Rivas, suplente de la diputada Claudia Ortiz, condenó que se quiera hacer creer que si los menores de edad en abandono son hijos de personas cinculadas al crimen organizado, no son sujetos de derechos.
«Esos más de 100,000 niños sí se van a perder si no se toman acciones urgentes para que ellos no paguen lo que no deben, ustedes ya los juzgaron y condenaron al no querer hablar sobre ellos», señaló.
Reacciones
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) reconoce las graves violaciones a los derechos humanos han sido el efecto más visible y preocupante del régimen de excepción debido a que día a día se agudiza y normaliza el clima de irrespeto a las garantías constitucionales como el derecho a la defensa, el debido proceso, la libertad de locomoción y asociación, entre otros.
La estigmatización, persecución y represión no han sido acciones aisladas, sino que forman parte de un objetivo mayor contra un sector de la población de manera sistemática. Es alarmante que se esté creando una cultura judicial del abuso del poder y normalizando del uso de la fuerza como método de órden social por parte de la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas y el poder judicial.
«El régimen de excepción se ha utilizado para reprimir y acallar voces críticas a las acciones del gobierno de Bukele como la detención del especialista digital Mario Gomez quien hizo señalamientos sobre el uso del Bitcoin y posible fraude financiero del gobierno de Bukele», reconoce el organismo.
Detenciones arbitrarias
De acuerdo a los datos que maneja el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, desde el inicio del régimen de excepción hasta el 12 de septiembre, habían detenido a 52,549 personas sin órdenes de captura ni ninguna garantía como el debido proceso.
Aunque es difícil corroborar las cifras del gobierno y saber con certeza cuántos detenidos hay en total y cuántos de estos han sido por detenciones arbitrarias, hay indicios de que muchas de estas se llevaron a cabo de manera arbitraria. A casi cinco meses del régimen de excepción, seis organizaciones sociales habían recibido 3,186 denuncias sobre el abuso de poder, de las cuales la mayoría eran casos de detenciones arbitrarias.
