Este 30 de septiembre de 2025 se termina el plazo para que el gobierno divulgue el estudio actuarial de pensiones que permitirá conocer el estado actual del sistema, evaluar su sostenibilidad y los pasos a seguir para la inminente reforma en febrero de 2026.

La publicación del informe es un requisito clave dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y es un paso fundamental para fortalecer las finanzas del sistema previsional.

Dicho diagnóstico debió presentarse, originalmente, en julio pasado, pero el gobierno pidió prórroga al Fondo para hacerlo a finales de septiembre, cuyo plazo vence hoy.

Ayer, al cierre de esta nota, ni el gobierno ni el FMI habían divulgado información al respecto. Se desconoce si ya se lo hicieron llegar al equipo técnico del organismo que realizará una segunda revisión del acuerdo firmado en febrero de este año.

Por su parte Patricio Pineda, experto en pensiones y miembro de la Mesa por una Pensión Digna, explicó a El Diario de Hoy que si el gobierno no presenta el estudio actuarial se corre el riesgo que el FMI suspenda los desembolsos de dinero programados como parte del acuerdo.

«El tema de pensiones es uno de los puntos más delicados del acuerdo con el fondo; los $1,400 millones están en juego y el tema (pensiones) tiene varias condicionantes que el gobierno no ha cumplido», señaló.

Una de ellas es que se debe publicar datos estadísticos sobre el sistema de pensiones ya que no se ha divulgado desde 2023.

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«Son los datos referentes al sistema previsional, que comprende cobertura, es decir, cuántos cotizantes activos hay realmente, cuántos pensionados existen, las zonas geográficas, los regímenes de pensión vigentes, los cotizantes para el sector del sistema antiguo, la AFP, los boletines de renta y más», explicó.

En segundo lugar, detalló Pineda, el gobierno debe transparentar información sobre el manejo de las finanzas del fondo de pensiones y tampoco lo ha hecho.

«El gobierno tiene que detallar las actas de emisión de certificados de obligación previsional que se han hecho por un monto de casi $2,000 millones por parte del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Pensiones y el monto de $288 millones que salió para el Banco Hipotecario», indicó.

Pineda también dijo que es importante conocer a cuánto asciende el déficit previsional del sistema, es decir el dinero disponible para pagar las pensiones respecto al que se necesita para cubrirlas, lo cual ya  supera los $27,000 millones, según el experto. 

Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos y Sociales de la ANEP, indicó recientemente que, si bien es difícil anticipar el contenido exacto del estudio o si este será público, el punto principal que debe contener es que «el sistema de pensiones sea sostenible».

El FMI estableció un acuerdo para 40 meses con el gobierno de El Salvador con el objetivo de corregir desequilibrios macroeconómicos, fortalecer finanzas públicas y situar la deuda en una senda descendente.

Dentro del programa se busca mejorar gobernanza, transparencia y marcos anticorrupción. Entre los alcances estructurares y fiscales que se proponen están que el gobierno realice ajustes de gasto público y de las pensiones. 

Luego de presentar el estudio actuarial, el gobierno debe preparar una reforma de pensiones, la cual está prevista que sea presentada en febrero de 2026.

Los aspectos relevantes de la reforma

Patricio Pineda considera que la reforma de pensiones se centrará en tres paramétricas técnicas consideradas «insalvables».

Una de ellas es aumentar la edad legal de retiro, de entre tres a cinco años; actualmente es de 55 para mujeres y 60 para hombres. Además proyectan que incrementarán el tiempo de servicio entre tres a cinco años- hoy día son 25 años-; la tercera es subir el porcentaje de cotización que por ahora es del 16% (7.5% lo paga el trabajador y 8.5% el empleador).

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El experto explicó que la posibilidad de aumentar la edad para jubilarse es inevitable y esto ocurre por el desequilibrio demográfico que experimenta no solo el país sino toda la región, ya que mientras el 55% de la población está en edad de trabajar (bono demográfico), la cobertura de cotizantes activos es de solo 27% (958,000 personas). En contraste, la cobertura previsional de la población pasiva (pensionados) es del 32%.

Pineda señaló que El Salvador también presenta una tasa de reemplazo sumamente baja (33%), ubicándose en la tercera peor de Centroamérica, solo superado por Nicaragua (77.8%), por lo que aumentarla es otra de las propuestas.

Esto último quiere decir que la pensión de los salvadoreños rondaría a un tercio (33%) de los últimos salarios recibidos por cada persona.

La propuesta de la Mesa por una pensión digna plantea que los cambios que se hagan a partir de la nueva reforma sean aplicados de manera gradual, paulatina y bien estructurada. 

«Por ejemplo, que al momento de entrada en vigencia de la nueva ley de pensiones reformada, si ya cumplieron los 60 años o 55, pero no han cumplido los 25 años de servicio, puedan retirarse sin aumentarles la edad», explicó sobre la propuesta.

Agregó que si se aumentara la edad de jubilación, debería ser proporcional y en escala (por ejemplo, un año cada tres años). 

También indicó que debería incluirse un decreto transitorio para quienes están cerca de jubilarse (a seis meses o un año), para que tengan la opción de entrar o no en la próxima reforma.

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Otra de las propuestas de la mesa es la reducción de las comisiones que reciben las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP) del actual 1% al 0.50%, lo que equivale a unos 20 millones de dólares anuales, monto con el cual pueden operar perfectamente, según la proyección de la entidad.