Reducir de 30 días a cinco días hábiles los trámites para autorizaciones de establecimientos privados de salud sería el objetivo que persigue el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) con la reforma al artículo 14 del Código de Salud, la cual ya cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa.

La comisión recibió la tarde de este lunes a representantes del Consejo, quienes expusieron que actualmente las personas que tramitan la autorización de un establecimiento privado de salud tienen que realizar 18 pasos y tramitar las solicitudes tanto en la Junta de Vigilancia respectiva como en el CSSP, demorando cerca de 30 días o más para obtener una resolución.

«La idea es que se pueda volver más eficiente el servicio y eliminar barreras burocráticas dentro de la misma institución», dijo Elías Daniel Quinteros, presidente del Consejo.

Actualmente, la ley establece la atribución del CSSP de autorizar los establecimientos, previo informe favorable de la Junta de Vigilancia respectiva. Pero con la reforma, se faculta al Consejo a establecer los requerimientos técnico administrativos que dictarán los requisitos sanitarios a cumplir para su autorización y durante la vigencia de la misma.

Con la reforma se mantiene que los establecimientos privados «son de utilidad pública» y que el cierre de los mismos sólo podrá efectuarse por resolución del Consejo. Según Quinteros, esta disposición está vigente desde 1988 y busca que antes de cerrar un centro se informe al Consejo y este pueda indagar los lugares o compañías que presten el mismo servicio a la comunidad.

El diputado Francisco Lira, de ARENA, cuestionó cómo se garantizará la calidad de los servicios si se elimina el rol de las Juntas de Vigilancia y se concentran las atribuciones en el Consejo.

«¿Acaso el objetivo mayor será concentrar el poder político en el consejo y no generar una incidencia de independencia administrativa y de calidad?, consultó.

A lo que el presidente del organismo dijo que el cuerpo de inspectores trabajará con el Consejo de manera directa y pretenden contar con más transparencia. «Lo que nosotros buscamos en esencia es que las personas que pagan por los servicios de salud, que estén pagando por servicios que estén garantizados por una entidad reguladora», afirmó.

Por insistencia del diputado en que aclarara si habría concentración de poder en las decisiones, Quinteros argumentó que «no hay una concentración de poder así per se» y que los miembros del Consejo se eligen por representación gremial de los sectores de salud cada dos años.

Otra parte de la reforma es que se incorpore a las actividades bajo vigilancia la profesión de Trabajo Social, «siempre y cuando se ejerza la profesión en el Sistema Nacional Integrado de Salud».