La opacidad institucional frena el derecho a la información en el país
Concejal de La Libertad Sur llamó a la población a ejercer su derecho a estar informado ya que cuando se pierda, “vamos a haber perdido la oportunidad de hacer más por nuestro país”
El Instituto de Acceso a la Información Pública recibió, en el 2013, más de 23,000 solicitudes de información; sin embargo, para el 2022, las peticiones fueron 14,000, de las cuales siete de cada diez se resolvieron, ya sea a favor o no del interesado.
Dicha situación demuestra el poco interés de la población por conocer los datos oficiosos, entre otros; pero la razón es por “el silencio” que reciben a sus solicitudes, analizó la concejal suplente de la alcaldía de La Libertad Sur por el partido Vamos, Alejandra Gallardo.
Las declaraciones las brindó en el programa de entrevistas de YSUCA donde se abordó el tema sobre el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que es celebrado cada 28 de septiembre.
La funcionaria señaló que la población no está bien informada sobre el derecho que tienen respecto al acceso a la información; además lamentó un debilitamiento de la institucionalidad en el país.
“Es un número que ha bajado significativamente y eso puede reflejar diferentes situaciones; puede reflejar que la gente ya no tiene quizás la confianza de decir ‘voy a ir a presentar una solicitud y tengo la certeza que me la van a resolver a favor porque es información que debo de conocer’”, señaló Gallardo.
Agregó que las alcaldías deben de tener una oficina de acceso a la información, u oficialía de transparencia, que garantice a sus poblaciones acceder a diferentes tipos de información.
“El ocultar información no beneficia a ningún salvadoreño, beneficia únicamente a quienes no pueden justificar la información que están reservando”
Alejandra Gallardo Concejal suplente La Libertad Sur
En La Libertad Sur se cuenta con una oficialía de transparencia; “pero nos enfrentamos a un patrón que es general en todas las instituciones y en todos los niveles”, dijo, en alusión a que han presentando, como partido, una propuesta al Concejo Municipal para que las sesiones sean públicas y brindar informes de misiones oficiales internacionales en un plazo de treinta días, sin recibir una respuesta favorable.
La concejal señaló que la población toma el acceso a la información como algo abstracto, sin dimensionar lo que afecta en el día a día y que ésta no sólo sirve únicamente para controlar o fiscalizar lo que las instituciones gastan o lo que hacen con los recursos de la población, sino que también para conocer, apoyar y resolver diferentes problemáticas.
“El acceso a la información no sirve únicamente para fiscalizar o controlar o saber qué es lo que se está haciendo con el recurso público. Esa es una parte del acceso a la información, pero otra parte del acceso a la información es conocer si las decisiones que se están tomando, si los proyectos que se están ejecutando, si las políticas públicas que se tienen en marcha están sirviendo verdaderamente para transformar la vida de la gente”, analizó, al señalar que corroborar con datos es importante.
La concejal señaló que ha puesto a prueba la funcionalidad de la oficina de información de su alcaldía, solicitando información, de un tema que no precisó, pero que desde un principio hubo “barreras administrativas”.
La Ley de Acceso a la Información determina que datos como los presupuestos, salarios por cargo presupuestario, proyectos, contrataciones, a quién se le da un contrato y bajo qué argumentos técnicos ganó la licitación, deberían de estar publicados en los portales de transparencia municipales; pero hay poca o nula información.
#LaEntrevistaYSUCA | La institucionalidad en nuestro país se ha debilitado, pero aún es posible recuperarla mientras la ciudadanía sea consciente de que incidir es nuestro gran poder y que el derecho a informarnos forma parte de nuestros derechos ciudadanos, dijo Alejandra… pic.twitter.com/KzmnBm00JZ
“Aunque la ley dice que cierto tipo de información debería de ser oficiosa, en la práctica no se está ejerciendo así. Y en la práctica podemos ver esta cierta opacidad para información que es que debería de ser pública, que debería de estar publicada y muy probablemente la situación en la alcaldía de la Libertad Sur es la misma situación en otras alcaldías, que información que debería de ser pública y que deberíamos de tener acceso libre a ella, no está publicada como debería de ser”, señaló.
La Ley de Acceso a la Información tuvo una reforma en el 2022, clasificando como información reservada datos que anteriormente se consideraban como públicos, como salarios, misiones oficiales, listado de asesores.
Liberar dicha reserva depende de los criterios de quien reciba la solicitud de información.
La Ley también establece que una información puede ser reservada por un periodo de siete años, tiempo que se puede prorrogar otros cinco siempre que las condiciones bajo las cuales se reservó en primer lugar, siguieran vigentes.
El grupo parlamentario de Vamos presentó ante la Asamblea Legislativa, en el 2021, una propuesta para que el plazo de reserva pasara de 7 a 3 años, dependiendo el tipo de información; pero no tuvo eco entre los legisladores oficialistas.
A criterio de Gallardo, cuando no se brinda la información requerida se debe a dos razones: no se justifica lo realizado y la población comenzará a cuestionar y, la segunda, “no hay manera de que esas preguntas las pueda responder sin salir con la imagen debilitada”.
El Diario de Hoy publicó, en septiembre del año pasado, que los Órganos de Estado Ejecutivo y Judicial, cuatro ministerios y tres entes de control gubernamental incumplen la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) al ocultar o no actualizar el índice de su información que calificaron como reservada.
La publicación señaló que, en su apartado del índice de información reservada, la ley indica que las Unidades de Acceso a la Información Pública de cada institución de gobierno elaborarán semestralmente y por rubros temáticos un índice de la información clasificada como reservada.
El índice deberá indicar la unidad administrativa que generó la información, la fecha de la clasificación, su fundamento, el plazo de reserva.
“En ningún caso el índice será considerado como información reservada y el mismo deberá ser publicado”, indica la Ley de Acceso a la Información Pública.
En ese mismo mes, un informe sobre el estado de excepción y derechos humanos en El Salvador, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mostró preocupación por el aumento de información pública puesta bajo reserva por el gobierno salvadoreño, en especial del régimen de excepción.
Lo anterior viola el derecho humano a la libertad de información consistente en buscar y difundir información.
Esto también dificulta el ejercicio del periodismo, que la CIDH considera como “esencial durante los contextos de excepción para preservar los valores y el funcionamiento del sistema democrático”.
“Cuando nosotros tenemos información, tenemos la oportunidad de tomar decisiones informadas, de saber qué es lo que está sucediendo en nuestro territorio, de saber qué es lo que está sucediendo en nuestra municipalidad. Lamentablemente no creo que todos los salvadoreños estemos conscientes de la magnitud y del poder que tiene la información y de lo importante que es que todos conozcamos que cuando nosotros realizamos una solicitud a una institución no es un favor el que la institución nos devuelva la información, sino es ejercer nuestro derecho de poder acceder a la información pública”
Alejandra Gallardo Concejal suplente La Libertad Sur
