El sistema de pensiones de El Salvador se encuentra en una coyuntura crítica, a la espera de la publicación del análisis actuarial o diagnóstico que debe hacer el gobierno esta semana o antes que termine septiembre, ya que es un requisito clave impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en la reforma a presentarse en febrero 2026.

Patricio Pineda, experto en pensiones, quien forma parte de la Mesa por una pensión digna, señaló este lunes durante una entrevista en canal 21 que este estudio es vital para transparentar la información y obtener una «fotografía del momento» que diagnostique la sostenibilidad, sustentabilidad y cobertura del sistema, tras la reforma de diciembre de 2022.

Exigencias del FMI y riesgos fiscales

Pineda enfatizó que el equipo técnico del FMI, al preparar la próxima reforma, busca asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar la devolución de un préstamo de más de $1,400 millones. El experto detalló que la reforma, condicionada por el FMI, se centrará en tres paramétricas técnicas consideradas «insalvables»:

1. Aumentar la edad legal de retiro.

2. Aumentar el tiempo de servicio.

3. Aumentar el porcentaje de cotización.

El experto advirtió que la deuda previsional se lleva más del 35% del Producto Interno Bruto (PIB) salvadoreño y, si continúa así, comprometerá la estabilidad financiera total de la deuda pública, poniendo en riesgo el pago del préstamo al FMI. Además, el gobierno debe explicar, a través del análisis actuarial, las emisiones de deuda que ascienden a más de $11,000 millones hasta agosto de 2025.

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Los problemas actuales: ahorro y tasa de reemplazo

Pineda ilustró la insostenibilidad actual con datos que impactan a los cotizantes jóvenes (20 a 40 años):

• La reforma de 2022 estableció un ahorro rígido del 9%, perdiendo 2.10% en comparación con el 11.10% anterior, según el artículo 79 de la ley vigente.

• Esta pérdida equivale a un valor de cuenta individual 52.5% menor en 25 años de cotización. «Y esto es importante porque hay cerca de 600 mil o un poco más personas activas actualmente en el sistema, que son los que se ven afectados directamente», indicó.

Además, señaló que El Salvador presenta una tasa de reemplazo sumamente baja (33.0%), ubicándose en la tercera peor de Centroamérica, solo superado por Nicaragua (77.8%). En términos prácticos, esto significa que alguien que se jubila con un salario de $1,000 recibirá solo $330 de pensión, explicó.

Propuesta de la Mesa por una pensión

El experto apuntó que la posibilidad de aumentar la edad para jubilarse se debe a un desequilibrio demográfico, ya que mientras el 55% de la población está en edad de trabajar (bono demográfico), la cobertura de cotizantes activos es de solo 27% (958,000 personas). En contraste, la cobertura previsional de la población pasiva (pensionados) es del 32%.

Ante este escenario, la Mesa por una Pensión Digna, de la cual Pineda es parte, propondrá elementos clave para la reforma:

1. Aumento gradual y proporcional de la edad: Si se aumenta la edad (que podría ser de 3 a 5 años más, según la experiencia internacional), debe ser proporcional y gradual (por ejemplo, un año cada tres años). Además, debe excluir a través de un transitorio a quienes están cerca de jubilarse (a seis meses o un año).

2. Reforma de la fórmula de cálculo: Se debe cambiar la fórmula actual, que contribuye a la baja tasa de reemplazo, a una fórmula actuarial basada en el promedio de los últimos salarios devengados.

3. Reducción de comisiones de las AFP: Reducir la comisión de las AFP del actual 1% a 0.50%, lo que equivale a unos 20 millones de dólares anuales, monto con el cual pueden operar perfectamente.

4. Autonomía del Fondo de Pensiones: Es crucial alejar las manos de los políticos del dinero de los trabajadores mediante la reforma del Artículo 82, Letra I. Esto implica revivir el Comité Actuarial (derogado en la última reforma) y darle mayor poder de ley, junto con el Comité de Riesgo, para asegurar una mejor inversión y rentabilidad.

5. Cuentas Pasivas: Se debe discutir si las cerca de un millón de personas con cuentas pasivas (que ya no cotizarán) pueden retirar su dinero, una medida que se ha implementado en otros países como Perú. Este impacto podría mitigarse aumentando la cobertura y generando empleo formal.

*Esta nota se elaboró con asistencia de herramientas de IA