Congresistas EE.UU. piden no enviar más deportados a cárceles de El Salvador
Dieciocho congresistas enviaron una carta al Secretario de Estado expresando su preocupación por las denuncias de torturas y maltratos en las cárceles salvadoreñas.
Un grupo de 18 congresistas de Estados Unidos (EE.UU.) envió una carta este lunes al secretario de Estado, Marco Rubio, y a la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, en la que expresaron su preocupación por las denuncias de violaciones de derechos en las cárceles de El Salvador.
«Escribimos para expresar una grave preocupación por los informes sobre las condiciones carcelarias en El Salvador que parecen violar las normas internacionales de derechos humanos en relación con el trato a las personas detenidas», dice la carta firmada por el demócrata James P. McGovern y 17 congresistas más.
Los congresistas le pidieron a los dos funcionarios del Ejecutivo estadounidense que revisen las condiciones carcelarias salvadoreñas; que dejen de enviar a prisioneros hacia el país; y que le pidan al Gobierno de El Salvador que permita el ingreso de diplomáticos estadounidense y de expertos de Naciones Unidas a evaluar las condiciones de las personas detenidas.
«Dado que Estados Unidos está obligado por la Convención contra la Tortura a no enviar a una persona a un país donde pueda enfrentar tortura, instamos a que se termine de inmediato la práctica de trasladar a individuos presentes en Estados Unidos a prisiones en El Salvador», expusieron.
En marzo pasado, como parte de un acuerdo entre el Gobierno de Donald Trump y Nayib Bukele, Estados Unidos envió a 252 migrantes venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Varios de ellos, tras ser repatriados a su país, denunciaron que vivieron el horror y la crueldad dentro de esa megacárcel. También el salvadoreño Kilmar Ábrego, enviado junto a los venezolanos por «un error administrativo», denunció que fue víctima de tortura. El Salvador cobró $4.7 millones por recibirlos.
Los congresistas apuntaron, además, que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como organizaciones locales de derechos humanos han presentado evidencia y testimonios de sobrevivientes de torturas, golpizas y maltrato en las cárceles, y de otras condiciones como restricción de comida, agua potable y atención médica.
«Estados Unidos no debe ser cómplice de la tortura ni permanecer en silencio cuando el gobierno de un país, al que EEEUU está pagando para albergar deportados, incumple normas mínimas», concluyeron.
