El total de la deuda pública, incluida la de pensiones, asciende a $31,932.7 millones y representa un 87.2% del Producto Interno Bruto, de acuerdo al informe Perfil de Deuda del Sector Público No financiero» (SPNF), del Ministerio de Hacienda, con datos hasta agosto de 2025.

Para entender la gravedad de esta cifra hay que hacer una relación matemática simple. El PIB, que es la suma de lo que produce la economía salvadoreña, llegó en agosto a los $36,602.1 millones, de los cuales la deuda pública, es decir lo que el Estado debe tanto a inversionistas como a organismos multilaterales, abarcaba los $31,932.7 millones.

Esto indica que, de acuerdo a los datos publicados por Hacienda, por cada dólar que los salvadoreños producen en el país, 87 centavos están comprometidos para pagar créditos, por lo que deja poco espacio para invertir en educación y salud, por ejemplo. 

Esto es una señal de alerta, porque entre más alta sea la deuda, más difícil será pagarla sin afectar el crecimiento económico y las inversiones públicas.

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Varios organismos internacionales han señalado que la tendencia es que el endeudamiento seguirá creciendo y los números lo reafirman, pues en ocho meses de 2025 la deuda superó todo el monto de 2024.

A diciembre del año pasado, la cifra total de la deuda era de $30,898.1 millones, lo que equivalía al 87.5% del PIB, pero ocho meses después el endeudamiento del Estado se elevó en $1,034.6 millones más.

«Básicamente es un aumento de 800 millones de dólares de deuda multilateral, que eso se ha generado gracias a los convenios con el Fondo (Fondo Monetario Internacional), que ha facilitado esos desembolsos. Y la otra razón de este aumento es la deuda de bonos COP, que son los que se colocan de manera obligatoria en el fondo de pensiones», explicó el economista Rafael Lemus.

«La deuda está creciendo en dos vías, multilateral, poco más de 800 millones de dólares y el resto en deuda con el fondo de pensiones, que es colocada de forma obligatoria», agregó.

¿A quién se le debe?

A nivel externo la deuda alcanzó en agosto los $13,967.3 millones (38.2% del PIB) y a nivel interno sumó $5,572.9 millones (15.2% del PIB).

Más de la mitad de la deuda está en manos de inversionistas privados (57.2%) y una cuarta parte de todo lo que debe el país devenga tasas superiores al 9%, lo que incrementa los costos fiscales en el mediano plazo, es decir que el país tendrá que destinar cada vez más dinero para pagar intereses y refinanciar vencimientos en el corto plazo. 

Solo la deuda sin pensiones (de corto, mediano y largo plazo) al cierre de 2024 fue de $20,372.2 millones, alrededor del 57.6% del PIB y para para agosto 2025 había alcanzado los $20,862.1 millones (57% del PIB).

Si se desglosa por tipo de endeudamiento, los Certificados de Financiación de Transición (CTF), es decir, los instrumentos financieros que sustituyeron la deuda de pensiones acumulada previo a la reforma de 2022, abarcan $8,394.8 millones.

Asimismo, los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), otros instrumentos financieros que se crearon en la nueva reforma de pensiones para pagar a los jubilados del sistema antiguo, representan $2,675.8 millones.

A esto hay que sumar las Letes (Letras del Tesoro), las cuales en agosto ascendían a $1,134.5 millones y los Cetes (Certificados del Tesoro) eran $187.4 millones. 

Mientras que la deuda con inversionistas sumaba $11,169.9 millones (30.5%); $6,856.4 millones se le debe a organismos multilaterales (18.7%); $1,080.9 millones (3%) al Banco Central de Reserva (BCR); $355 millones (1%) a entes bilaterales; y $78 millones a otros acreedores (0.2%). 

Otro dato importante es la tasa de interés que pagan los salvadoreños por los créditos que adquiere el gobierno: por el 37% de los préstamos se paga entre el 6% y 8% de intereses; por el 24% del financiamiento se cancela el 9%; y por el 20% del endeudamiento se paga entre el 8% y 9% de intereses.

Casi la mitad de la deuda debe pagarse en un plazo de 1 hasta 10 años: el 24% de los préstamos vencev en los próximos cinco años, lo que puede generar presión de liquidez; y otro 23% se debe cancelar entre 6 y 10 años.

Sostenibilidad fiscal en riesgo

¿Qué significa que la deuda pública haya aumentado en ocho meses? Lemus explica que tiene varias implicaciones para el país y la principal es que reduce el crecimiento económico y frena el desarrollo.

Otro aspecto destacado por el economista es que el gobierno se aleja de la meta establecida por el FMI que ha estimado una deuda total de $32,144 millones al cierre de 2025; sin embargo, si se toma en cuenta el saldo hasta agosto faltan poco más de $200 millones para esa meta. 

 «Para alcanzar la meta que el Fondo definió a cierre de este año (mediante el plan de ajuste fiscal), el gobierno tendría que hacer pagos de deuda y frenar desembolsos; eso es complicado porque hay procesos de ejecución de obras en muchos de los desembolsos de préstamos», indicó Lemus.

El economista advirtió que aún falta el registro de los últimos cuatro meses de 2025, pero por las cifras hasta este momento es seguro que el endeudamiento crezca más todavía, lo que compromete la sostenibilidad fiscal del país.

«La ley de responsabilidad fiscal que se aprobó en mayo de este año tiene una sola meta y es que la trayectoria de deuda se reduzca hasta alcanzar 80% en el año 2030. Pero por el desempeño de este año no nos estamos acercando a ese objetivo, sino alejándonos», apuntó.

Lo que se viene, dice Lemus, es que el gobierno va a necesitar mayor esfuerzo en los próximos años para ordenar sus finanzas, recortar gastos y reducir el déficit fiscal.

Un ejercicio elaborado en mayo por este periódico indicó que la deuda pública había crecido casi un 70% durante los años que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha permanecido en el poder.

El ritmo del endeudamiento ha sido de más del doble que el de las dos administraciones que lo antecedieron.

Bukele supera en un 243% a su más cercano competidor en este ranking: Mauricio Funes, en cuyo mandato la deuda pública subió entre mayo de 2009 y mayo de 2014, unos $4,663.92 millones.

De acuerdo a los datos, el 41% de la deuda pública de El Salvador le corresponde exclusivamente a la administración de Bukele.