Al menos 146 personas fueron asesinadas o desaparecieron en todo el mundo por proteger su territorio, su comunidad o el medio ambiente en 2024, señala el informe anual de la organización no gubernamental Global Witness.
Esta organización, que investiga abusos de los derechos humanos y del medio ambiente, publicó su documento titulado ‘Raíces de resistencia’, en el que se indica, además, que el número total de personas asesinadas o desaparecidas por defender su territorio o comunidad entre 2012 y 2024 asciende al menos a 2.253.
Global Witness documentó que, en América Latina, 117 personas fueron asesinadas, 48 de ellas en Colombia, el país con el mayor número de homicidios del mundo por tercer año consecutivo, mientras que en segundo lugar se situó Guatemala, con 20 personas.
Al menos 18 más murieron en México y, como mínimo, 12 en Brasil, en tanto que en Filipinas se registraron siete homicidios y en Honduras e Indonesia, cinco en cada uno.
Una vez más, las víctimas de aproximadamente un tercio de las agresiones mortales han sido indígenas, a pesar de que constituyen aproximadamente el 6 % de la población mundial.
La autora del informe, Laura Furones, dijo que «año tras año, las personas que defienden el ambiente y el territorio, que protegen nuestros bosques, ríos y tierras por todo el mundo, padecen la violencia. Se les persigue, acosa y asesina, pero no por infringir la ley, sino por defender la vida misma».
«Luchar contra la injusticia jamás debería suponer una condena de muerte», agregó Furones, y pidió que gobiernos y empresas hagan un esfuerzo por amparar los derechos de estas personas.
«Nos hacen falta para preservar nuestro planeta. Y, si les damos la espalda, pondremos en peligro nuestro futuro», subrayó.
De los casos del año pasado, 29 tenían un vínculo con la minería, ocho con la explotación forestal y cuatro con la agro-industria. Más del 62 % de los casos estaban relacionados con la defensa de los territorios y el acceso a la tierra.
Como principales responsables se ha identificado a tres grupos: la delincuencia organizada, los servicios militares privados y los sicarios.
Ambientalistas participan en un viaje de observación de aves en el marco de la cumbre COP16 en Cali, Colombia, el 29 de octubre de 2024. Colombia es por tercer año consecutivo el país más mortal para los defensores ambientales, según la ONG Global Witness. Foto /AFP
El nuevo informe de Global Witness insta a los Gobiernos a desarticular los sistemas de opresión que hacen posible la continuación de la violencia contra las personas defensoras.
La activista colombiana Jani Silva ha subrayado que «la inmensa mayoría de personas defensoras a las que se ataca no desempeñan su labor por decisión propia. Yo tampoco. Nos dedicamos al activismo porque nuestro hogar, territorio, comunidad y hasta nuestra vida se ven amenazados. Queda muchísimo por hacer para garantizar que las comunidades puedan ejercer sus derechos y que quienes las apoyan reciban protección».
Si bien los casos documentados de homicidios y desapariciones de 2024 son inferiores a las del año anterior -146 frente a las 196 de 2023-, otras agresiones para silenciar a estas personas, como detenciones ilegales, van en aumento en todo el mundo.
El informe agrega que, en todo el mundo, los gobiernos utilizan la ley para atacar a los defensores del medioambiente y los territorios y obstaculizar su activismo, con acusaciones de delitos como evasión fiscal o terrorismo.
Rachel Cox, asesora principal de campañas de Global Witness, afirmó que los Gobiernos «hacen uso de sus sistemas jurídicos como instrumento para silenciar a quienes alzan la voz en defensa de nuestro planeta».
Colombia es por tercer año consecutivo el país más mortal para defensores ambientales
Colombia fue en 2024 el país con más asesinatos de activistas medioambientales en el mundo por tercer año consecutivo, al registrar 48 casos, «un tercio de todos los ataques letales documentados», informó este martes la ONG Global Witness.
Aunque el informe anual reportó «una disminución de las represalias contra las personas defensoras» frente a los 79 asesinatos registrados en 2023 en el país, la organización advirtió que esta reducción «no equivale a una disminución general de la violencia».
De los 48 homicidios registrados el año pasado, al menos 20 fueron campesinos y 19 personas pertenecientes a comunidades indígenas, incluidos 13 miembros de la comunidad indígena Nasa en el departamento del Cauca (suroeste), según precisó el reporte.
Impunidad ante la violencia
Global Witness destacó que, en Colombia, solo el 5,2 % de los casos registrados desde 2002 «se han resuelto en los tribunales», una tendencia global que, según la organización, se debe a la «falta de sistemas judiciales que funcionen».
«Las familias de las personas defensoras asesinadas o desaparecidas rara vez ven a sus atacantes ante la justicia. Si tienen suerte, el autor directo, normalmente un asesino a sueldo contratado, será detenido y juzgado. Pero los autores intelectuales, aquellos que planifican y pagan el ataque, rara vez son condenados», sostuvo el informe.
La organización señaló a la producción de cultivos ilegales y el tráfico de drogas como «una causa principal de la violencia» y resaltó la «cultura del silencio» que, por miedo, lleva a pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes a no denunciar los «daños ambientales infligidos por las industrias extractivas», especialmente en zonas de conflicto y con presencia de grupos armados.
De los 48 líderes ambientales asesinados el año pasado en Colombia, al menos cinco solicitaron o recibieron protección.
«Queda mucho por hacer para garantizar que las medidas de protección atiendan efectivamente las necesidades de las personas defensoras», afirmó en el reporte la lideresa social Jani Silva, de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA).
