Si uno se atiene a publicaciones y sobre todo a reacciones y comentarios en redes sociales, El Salvador parece ser una sociedad muy politizada, extremadamente politizada. No solo por la cantidad de material que se mueve, sino por el apasionamiento con que la gente opina; la mayoría de veces sin haber analizado detenidamente el tema en cuestión o sin tener el mínimo dominio de él. Hay quienes opinan que este fenómeno es inducido por agentes interesados en poner en agenda ciertas temáticas. Algo de eso es cierto. Pero no puede obviarse que mucha gente se lo toma en serio y piensa que esa es una forma de expresarse políticamente. 

En realidad, sucede todo lo contrario: tenemos una sociedad muy despolitizada y avanza a despolitizarse más. Paradójicamente esta despolitización es más evidente en los centros de poder político. Basta ver la Asamblea Legislativa. Lo que menos hay ahí es política: no surgen iniciativas, no se debate, no se interpela a nadie, vea la ruindad a que han llegado con las memorias ministeriales; se aduce que no se llama a los ministros porque han hecho lo que les ha ordenado el presidente. Hoy día, la asamblea es simple oficina de trámite legal de los proyectos que llegan de CAPRES. ¿Puede haber algo menos político que eso? Lo dudo. 

A nivel de opinión pública sucede algo parecido. Abundan las estériles y superficiales discusiones sobre el corte de pelo en las escuelas. El tema no da para mucho, si uno parte de las palabras de la ministra: “llevo veinte años recibiendo órdenes, y voy a seguirlo haciendo”. Se le olvidó decir que, como oficial militar, también lleva mucho tiempo dando órdenes. ¿Será que realmente romperá paradigmas en educación, como apresuradamente dijo el presidente al anunciar su nombramiento? Difícilmente, con lo que ha hecho hasta hoy. En una historia de la educación que se escriba a futuro, el tema del corte de pelo, será simple anécdota en nota a pie de página. Sin embargo, un personaje que se supone conoce el tema educativo, ya sugirió que se canonice a la ministra. Realmente, me aterra que alguien que piensa así tenga incidencia en la educación. 

Las inundaciones recientes debieran provocar una reflexión seria sobre el grado de vulnerabilidad a que hemos llegado a causa del deterioro medioambiental en que estamos empeñados desde hace mucho tiempo. Pero se nos hace pensar que el problema está en que los salvadoreños somos “shucos” y que las calles se inundan y las quebradas se desbordan por la basura que tiramos a las calles. Nada se dice de la deforestación creciente en los alrededores de la zona metropolitana, de que las aguas que inundan la zona baja de San Salvador y Santa Tecla son las que no pueden ser absorbidas debido al concreto de urbanizaciones y calles construidas en las zonas altas, no por pobres ni para pobres.

Tenemos entonces una politización aparente, ruidosa y hasta ofensiva, pero que no va al fondo de los problemas en cuestión y, más grave: no se discuten los temas realmente importantes. Y al gobierno no le interesa discutirlos porque su gestión es meramente efectista y superficial; porque trabaja en función de la popularidad. Y sobre todo porque una discusión política seria lo obligaría a mostrar su agenda y a ordenar prioridades; por ejemplo, ¿las acciones más mediáticas del gobierno no eran siquiera mencionadas en el famoso “Plan Cuscatlán”? no se hablaba de desmantelar el estado de derecho, de imponer la reelección indefinida, de re-legalizar la minería metálica, de ahogar el municipalismo, y así con muchos otros temas. No se propusieron como oferta electoral, ni se discutió su implementación. Peor aún, mucha gente ni se enteró porque estaba ocupada en temas intrascendentes.

Que desde el poder se trate de despolitizar la sociedad a fin de gobernarla sin problemas es cuestionable, pero entendible. El problema es que esa despolitización también se ha dado en otros espacios: en la academia, en las ONG (por obvias razones), en las universidades (con meritorias excepciones). Poco a poco se ha ido asumiendo que cuestionar, denunciar, promover el debate es ir contra corriente. Desgasta, crea enemistades, amenazas, etc. Y parece no tener mayor efecto en un colectivo social que ha renunciado al pensamiento crítico, que aprueba o rechaza sin más; que bendice o maldice con una despreocupación pasmosa.

Quizá una de las causas de este fenómeno sea la manera simplona en que se entendió la política, cuando se asumió que era un asunto de políticos y que los ciudadanos cumplíamos la tarea cuando votábamos, asumiendo ingenuamente que elegíamos lo mejor entre lo disponible. De ahí en adelante, nos limitamos a ver el buen o mal desempeño del gobierno; si las cosas no iban como queríamos, lo arreglaríamos en las próximas elecciones. Y de prueba en prueba, terminamos entregando el poder a quien tuvo la suficiente desfachatez de asegurar que cambiaría todo de raíz, a condición que le diéramos todo el poder, porque de otra manera no se puede.

El gran problema es dejar lo político en manos de los políticos. Lo político es responsabilidad ciudadana, y no debe limitarse a elecciones. Peor aún, dejar que sean los políticos quienes impongan la agenda política. ¿Por qué razón? Porque, independientemente de su ideología — que todos la tienen, otra cosa es que la oculten —, ellos actúan por cálculo y priorizan aquellos temas que no los comprometen en exceso y que son electoralmente redituables, por ejemplo, obras públicas (que además pueden ser pingüe negocio), combate a la corrupción (si son oposición). Y muy ligado a lo anterior, la transparencia. Esa fue la bandera de lucha en décadas pasadas y fue capitalizada políticamente por los actuales gobernantes. Pero hoy es tema tabú, y se ha normalizado la opacidad. Se acaba de poner bajo reserva la información de un viaje a Australia del vicepresidente y unos diputados aduciendo que “pone en peligro la integridad de los funcionarios”. Según la RAE, la integridad conlleva la cualidad de íntegro, que se asocia con honradez, probidad, honestidad, etc. Algo no cuadra en la justificación de la reserva.

Debemos asumir la ciudadanía como portadora de derechos y responsabilidades. Ejercerla en el día a día y no solo en tiempo de elecciones; por ejemplo, exigir al gobierno y a los políticos rendición de cuentas en todos los niveles. ¿Por qué razón? Porque todo lo que hacen tiene en la base dineros públicos. Una ciudadanía responsable requiere tener control sobre la agenda política y exigir que se discutan los verdaderos problemas del país. 

Arrastramos un problema de calidad de la educación que no se resuelve con cortes de pelo y buenos modales (que al parecer no aplican para ciertos funcionarios). Vayamos al fondo del problema y discutamos temas importantes como: currículo, formación y actualización docente, estímulos al buen desempeño de los maestros y, sobre todo: eliminar la promoción automática. Promover a un grado superior a estudiantes que no han logrado niveles de asimilación y aprovechamiento adecuados es una irresponsabilidad, no de los docentes (a ellos casi que los obligan a aprobarlos), sino de las autoridades. 

Educación es solo uno de nuestros graves problemas y la lista es larga: vulnerabilidad medioambiental, sostenibilidad del sistema de pensiones, soberanía alimentaria y reactivación de la agricultura, calidad del transporte público y tráfico vehicular. Mientras la “discusión política” sea encauzada por memes, tik toks bayuncos y publicaciones de X de afirmaciones absolutas, los políticos gobernarán a su antojo y tendrán vía libre para implementar irresponsablemente sus ocurrencias. Depende de nosotros.

Carlos Gregorio López Bernal

Historiador, Universidad de El Salvador