La jueza de Instrucción de San Francisco Gotera, Mirtala Portillo, solicitó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un juez de apoyo para dicha sede judicial.

La petición fue discutida en Corte Plena el pasado 21 de agosto y fue aprobada por unanimidad, según confirmó una fuente de la Corte a El Diario de Hoy.

El refuerzo responde a que la jueza dijo tener carga laboral en el juzgado, para que ella se dedique por completo al proceso judicial de masacre El Mozote. 

“Se aprobó el apoyo para que se dedique al caso, la justificación fue la carga laboral que tiene, y la jueza tiene que concentrarse en un caso y dedicar el tiempo a todo lo demás que tiene le quita que se pueda concentrar y resolver de mejor manera el caso ese (El Mozote)”, mencionó la fuente de la CSJ, quien pidió no ser mencionado en la nota.

Fuentes de la Corte también aseguraron a este medio de comunicación que el juez nombrado en Gotera ha sido colaborador jurídico en el Juzgado de Paz de Nueva Esparta, del departamento de La Unión.

La masacre de El Mozote y sitios aledaños fue una acción militar efectuada entre el 11 y 13 de diciembre de 1981, en la que asesinaron a casi mil personas civiles de diferentes cantones del norte de Morazán. 

Según el Registro único de víctimas, creado por el Estado salvadoreño luego de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esta masacre fueron ejecutadas por el Ejército 978 personas, entre estos 553 eran menores de edad y 425 adultos. 

Por este caso están siendo procesados un grupo de militares retirados y parte del alto mando del Ejército, entre ellos el exministro de Defensa Guillermo García, por delitos de lesa humanidad. En total han sido acusados 33 militares y según Cristosal al menos hasta 2023, 17 de estos ya fallecieron. 

David Morales, jefe jurídico de Justicia Transicional de Cristosal y querellante en el caso de El Mozote, dijo a El Diario de Hoy que el proceso judicial se encuentra paralizado desde el 2023 y que no ha tenido ningún avance en la etapa de instrucción (investigación).

El abogado lamentó que a pesar que el caso tiene prueba abundante para que pase a la etapa de juicio aún se encuentra en la fase de la investigación. “De hecho es quizás el caso de un crimen de guerra ocurrido durante el conflicto armado que tiene el mayor nivel de prueba de todos los casos judicializados en El Salvador”, apuntó Morales. 

Añadió que desde el 2023 la jueza Portillo ha adoptado criterios dilatorios y que estas acciones lo que hacen es retrasar que el proceso avance a la etapa de sentencia. 

Morales describió las situaciones con las que la jueza ha generado una parálisis del proceso. “El principal de estos criterios es el levantamiento de información con familiares de víctimas que por supuesto son muchos centenares de personas aunque no tengan calidad de testigos, incluso, utilizando métodos revictimizantes como entrevistas nuevamente a personas que ya declararon en la sede del juzgado”, mencionó. 

Además, aseguró que estas diligencias se realizan sin presencia de las partes técnicas y que no pueden constituir una nueva prueba y que por lo tanto el impacto que puedan tener en el proceso es nulo y que es únicamente una forma de dilatar el caso. 

Informe a la Corte IDH

Morales aseguró que toda esta situación de retraso en el proceso judicial ya fue informado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego que en julio de 2024 señalaron en  la última resolución de supervisión de la sentencia que el Estado salvadoreño no ha cumplido en su totalidad con las medidas de reparación a las víctimas. 

“Desde el año 2024 debidamente documentada ha sido presentada esta situación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que mantiene una supervisión reforzada al cumplimiento de su sentencia interamericana en el aspecto que corresponde a la aplicación de la justicia”, mencionó el abogado de Cristosal.

La última revisión del cumplimiento de la sentencia emitida en 2012 evalúa tres puntos específicos: la difusión de un  documental audiovisual sobre las masacres;  capacitación sobre derechos humanos a las Fuerzas Armadas y el pago de indemnizaciones a las víctimas.

En los primeros dos puntos, la Corte indica que el Estado ha demostrado el cumplimiento tanto de la difusión del documental, como la inclusión de un programa permanente sobre derechos humanos para las Fuerzas Armadas, con enfoque de género y niñez.